Presupuesto 2026: polémica por la eliminación de la actualización automática de asignaciones y recortes en políticas de salud y educación sexual

• El Presupuesto 2026 propone eliminar la actualización automática de la AUH y otras asignaciones familiares, vigente desde 2015.
• ACIJ alertó que esta medida podría licuar las prestaciones y afectar la protección social frente a la inflación proyectada de 10,1%.
• Las prestaciones afectadas incluyen AUH, asignación por hijo, prenatal, por adopción, matrimonio y cuidado de la salud integral, entre otras.
• El Plan ENIA, destinado a prevenir embarazos no intencionales en adolescentes, sufriría un recorte del 85% respecto a 2025.
• La partida de Educación Sexual Integral se reduciría a apenas el 2% de lo ejecutado en 2023, según el presupuesto oficial.
• Expertos y organizaciones civiles advierten que estos cambios erosionan derechos fundamentales y podrían aumentar la desigualdad.

El Presupuesto 2026 presentado por el gobierno de Javier Milei trae consigo cambios que podrían impactar de manera significativa en la protección social de niñas, niños y adolescentes. Entre las modificaciones más discutidas se encuentra la eliminación del mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones familiares, según alertó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) tras analizar las partidas vinculadas a derechos sociales del proyecto oficial.

Desde la sanción de la Ley 27.160 en 2015, la movilidad de las asignaciones familiares estaba vinculada a la actualización de las jubilaciones, permitiendo que estas prestaciones se ajustaran automáticamente a la inflación. La derogación propuesta por el artículo 73 del Presupuesto 2026, que elimina los artículos 1, 3 y 4 de dicha ley, implicaría que estas prestaciones ya no se ajusten de manera automática.

“Si se subestima notablemente la inflación, esto podría derivar en una licuación de la prestación y una pérdida en la protección social de niñas, niños y adolescentes”, advirtió ACIJ. En el presupuesto presentado, se estima una inflación de 10,1% para el próximo año, lo que, según los expertos, podría implicar un debilitamiento de los ingresos de millones de familias que dependen de estas asignaciones.

Las prestaciones afectadas incluyen, además de la AUH, la asignación por hijo, la asignación por hijo con discapacidad, la asignación prenatal, la asignación por ayuda escolar anual, la asignación por nacimiento, la asignación por adopción, la asignación por matrimonio, la asignación por embarazo para protección social y la asignación por cuidado de la salud integral. Entre estas, las más relevantes son la AUH, con 4.113.370 titulares estimados para 2025, y la asignación por hijo, con 4.107.320 beneficiarios, según el mismo presupuesto oficial.

La preocupación por las modificaciones en el Presupuesto 2026 no se limita a las asignaciones familiares. Desde ACIJ también denunciaron fuertes recortes en políticas de prevención del embarazo adolescente y educación sexual integral (ESI). El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) vería reducida su partida en un 85% respecto al presupuesto de 2025, lo que implicaría ejecutar en 2026 menos del 3% de lo invertido en 2023.

Asimismo, el presupuesto destinado a las actividades de ESI bajo la Secretaría de Educación se reduciría a apenas $239 millones, equivalente al 2% de lo gastado en 2023. Los especialistas en derechos sociales advierten que estos recortes podrían tener consecuencias graves para la prevención de embarazos no intencionales y para la promoción de educación sexual en los niveles educativos obligatorios, profundizando desigualdades y riesgos para la población adolescente.

El análisis de ACIJ plantea un panorama preocupante: mientras el presupuesto general mantiene una inversión similar a la de años anteriores, los cambios en la actualización de asignaciones y los recortes en políticas de prevención y educación sexual representan una erosión de la protección social que ha sido consolidada durante la última década.

Organizaciones civiles y especialistas en políticas públicas advierten que estas modificaciones podrían debilitar la cobertura de derechos fundamentales, especialmente para los sectores más vulnerables, y que la decisión de eliminar la movilidad automática de las asignaciones refleja un ajuste que no solo es financiero, sino también social.

La discusión en torno al Presupuesto 2026 promete ser intensa en el Congreso, donde la oposición y los movimientos sociales podrían exigir cambios para garantizar que la AUH y las asignaciones familiares mantengan su poder adquisitivo y que las políticas de prevención y educación sexual no queden subordinadas a la reducción presupuestaria. En este contexto, la decisión del Ejecutivo sobre estos temas será clave para definir el alcance real de la protección social en el próximo año.