


Juan Palos
La reciente audiencia entre los emisarios del Palacio 6 de Julio y los representantes del Suoem ha puesto de nuevo sobre la mesa un conflicto que, aunque se mantiene bajo un manto de hermetismo, revela la complejidad y la urgencia de su resolución. Tras 25 días de conciliación obligatoria, las partes aún no han alcanzado un acuerdo, aunque el sindicato ha decidido prorrogar la tregua por 24 horas más, a la espera de una oferta concreta que determinará su próxima movida.
La situación es delicada. Las negociaciones, que siempre suelen realizarse en la sombra, han mostrado indicios de que las posturas se acercan. Esto, sin duda, es una buena noticia, ya que la estabilidad laboral y el normal desarrollo de la ciudad dependen de un acuerdo pronto. La disposición del Suoem para acatar la conciliación obligatoria, así como su decisión de evitar ataques políticos a la gestión municipal, son señales claras de un deseo de diálogo que, si bien es cauteloso, es un paso hacia adelante.
Sin embargo, no se puede ignorar la distancia que aún persiste. A medida que se acumulan los días, la presión aumenta. Así lo evidencian las palabras de Rubén Daniele, quien ha señalado que los trabajadores municipales siguen bastante rezagados frente a la inflación, una realidad que no se puede obviar ni ignorar. La prórroga otorgada por el Suoem puede interpretarse como un último intento de alcanzar un acuerdo antes de que la situación se vuelva insostenible.
Es crucial, en este contexto, señalar que la Municipalidad también tiene su propia agenda a cuidar. Con una campaña electoral cada vez más cercana, el gobierno local tiene el urgente interés de desactivar cualquier foco de conflicto que pueda empañar su imagen y, más importante aún, la eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía. Crear un ambiente de estabilidad es necesario, no solo para el bienestar de los trabajadores, sino también para la funcionalidad de la ciudad en su conjunto.
No obstante, el exclusivo foco en el Suoem puede resultar engañoso. El conflicto con el Surrbac representa una amenaza mucho más inmediata y tangible. La capacidad del Suoem para paralizar la ciudad es limitada; en contraste, una huelga de los recolectores de basura tendría consecuencias devastadoras en un plazo brevemente corto. La urgencia de un acuerdo con el Surrbac se convierte, por ende, en un imperativo para la administración municipal.
Pero el desafío no termina ahí. El reciente embate de Uber, que busca regularizar su relación con el municipio, añade otra capa de complejidad a la situación. La empresa ha comenzado a comunicar de manera agresiva el posible deterioro y encarecimiento de sus servicios si se prosiguen con ciertas regulaciones. Esto indica que, a diferencia de etapas anteriores, Uber está dispuesta a negociar, lo que abre una oportunidad para la administración de Passerini, pero también impone la necesidad de acciones decididas para evitar una crisis más amplia.
En resumen, la administración de Passerini debe actuar con rapidez y firmeza. Los conflictos laborales deben resolverse de manera que no se conviertan en una carga política insostenible, mientras que, a su vez, se deben abordar los desafíos emergentes como el de Uber. La estabilidad en la gestión municipal no solo depende de acuerdos, sino de la capacidad de anticiparse y adaptarse ante un paisaje cambiante y lleno de desafíos. La pelota está en su cancha, y el tiempo apremia.







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