A horas del final de las “facultades delegadas”, el Gobierno lanza un último paquete de reformas para achicar el Estado

• El martes 8 de julio vencen las “facultades delegadas” otorgadas por la Ley Bases.
• El Gobierno presentará un último paquete de decretos para profundizar el achique del Estado.
• Se reestructurarán el INTA y el INTI, que perderán su autarquía, sufrirán recortes y despidos.
• Se fusionarán ENRE y Enargas en un nuevo ente regulador bajo la Secretaría de Energía.
• Se desmantelarán organismos como Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial; funciones pasarán a otras áreas o a Gendarmería.
• Se creará una Agencia de Control de Concesiones y se buscará transferir obras nacionales a las provincias.
• Sturzenegger afirma que se ahorraron USD 2.000 millones y se eliminaron 50.000 empleos públicos.
• El Gobierno defiende la continuidad de la desregulación más allá del fin de las facultades especiales.

Con el reloj corriendo hacia el fin del plazo otorgado por el Congreso, el Gobierno nacional prepara una batería final de decretos y resoluciones que buscarán cerrar con fuerza el ciclo de las “facultades delegadas” concedidas por la Ley Bases. El martes 8 de julio vencerá el año de vigencia de esos poderes especiales y, según confirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, antes de esa fecha se dará a conocer una nueva tanda de medidas con el foco puesto en seguir recortando organismos, transferir funciones y profundizar el achique del Estado.

Entre los cambios más relevantes que se esperan figura la reestructuración del INTA y del INTI. Ambos institutos —hoy organismos descentralizados del Ministerio de Economía— pasarían a depender de las secretarías de Agricultura e Industria, respectivamente, perdiendo su autarquía y siendo blanco de un severo ajuste presupuestario, que incluiría despidos y ventas de activos. En el caso del INTA, el Ejecutivo también planea reformular su conducción para quitar peso a las entidades rurales. “Todo lo definirá el Ejecutivo”, aseguran fuentes del sector.

“Estos organismos fueron pensados como cajas. Al tener capacidad de generar ingresos propios, comenzaron a multiplicar trámites y regulaciones innecesarias”, explicó Sturzenegger, quien en los últimos días mantuvo una activa agenda mediática en medios del interior del país.

Otra medida clave será la fusión de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas) en un nuevo organismo: el Ente Nacional Regulador de Gas y Electricidad. La propuesta, que ya había sido incluida en el primer proyecto de la Ley Bases, volverá ahora por decreto bajo la órbita de la Secretaría de Energía.

Además, el Ejecutivo avanzará en una drástica reconfiguración del sistema de transporte y obras públicas. Entre los organismos a desmantelar figuran la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito. Sus funciones pasarán a depender de otras áreas de la Secretaría de Transporte o serán absorbidas por Gendarmería en lo que respecta a controles viales.

Como parte de esa misma lógica, el Gobierno prevé crear una nueva Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que fiscalice los contratos vigentes y futuros, en sintonía con la intención de traspasar obras nacionales a las provincias. Sin embargo, aún no está claro con qué recursos contarán los gobiernos subnacionales para afrontar esas responsabilidades.

Según el propio Sturzenegger, en estos 18 meses de gestión se lograron ahorros por USD 2.000 millones gracias al recorte de alrededor de 50.000 empleos públicos y la eliminación de estructuras superpuestas. “Cada peso que el Estado deja de gastar es un peso menos que tiene que pagar la sociedad”, afirmó, al tiempo que criticó con dureza el esquema de intervención estatal heredado del kirchnerismo, al que acusó de haber multiplicado organismos “sin control y con fines recaudatorios”.

Uno de los casos emblema de la desregulación promovida por la cartera que conduce es el del mercado del gas en garrafas (GLP), donde, según el ministro, “la intervención estatal solo encarecía el producto e impedía que la gente accediera a precios más bajos”. “Prohibían importar gas más barato que el local. Eso fue una barrera absurda impuesta por el Estado”, aseguró.

Respecto a la obra pública, Sturzenegger cuestionó que durante gobiernos anteriores se planeara gastar cifras millonarias en proyectos sin relevancia nacional. “Cuando llegamos había un plan para gastar USD 6.000 millones en alcantarillas. ¿Es eso una obra nacional?”, se preguntó, al tiempo que defendió una nueva visión federal basada en la descentralización de competencias y recursos.

En cuanto a Vialidad Nacional, el funcionario anticipó una reforma profunda para separar las funciones de ejecución y control de obras. “No puede ser que el que hace la obra sea el que se controla a sí mismo. Por eso vamos a crear una agencia independiente que supervise las concesiones”, adelantó.

Si bien el martes marca el fin formal de las facultades delegadas, Sturzenegger minimizó su importancia operativa: “Representaban solo el 5% de lo que hacemos. El resto se sigue haciendo con decretos, resoluciones y normativa vigente”. Y prometió: “Vamos a continuar con esta tarea porque creemos que simplificar el Estado es clave para liberar a la sociedad y a la economía”.

Con ese argumento, el Gobierno se apresta a cerrar este capítulo con un nuevo golpe de efecto. La ofensiva final será presentada, probablemente este lunes, por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y tendrá como protagonistas a la Secretaría Legal y Técnica, comandada por María Ibarzábal Murphy, y al propio Ministerio de Desregulación. En la Casa Rosada apuestan a dejar un mensaje claro: aunque el plazo de las facultades se agota, el plan de reforma estructural del Estado está lejos de terminar.