Con la puesta en marcha del programa en Sauce Viejo, las pymes y emprendedores de toda la región ya pueden exportar sus productos por vía aérea de forma simplificada, sin pasar por Buenos Aires. “Ant

l legislador Gregorio Hernández Maqueda denunció al fiscal Guillermo González, a cargo de la causa en la que se investiga una red de estafas y que ya tiene detenidos al exjefe de la Policía Caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, y a otros comisarios. Están acusados de asociación ilícita, extorsión y coacciones valiéndose de datos reservados provenientes de bases del sistema policial.

En medio de la embestida opositora contra el PJ en el poder, por la corrupción en altos mandos de la Policía, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales pidió se sancione al fiscal González al promover una denuncia ante el Tribunal de Ética Judicial del Tribunal Superior de Justicia bajo la sospecha lógica en su accionar de “blindar” al ministro de Seguridad y al gobernador Llaryora.

El mileista formuló su denuncia en base a “una escena institucionalmente grave” que constituyó la conferencia de prensa del 27 de junio pasado en la sede de la Jefatura de Policía, que el fiscal González brindó junto al ministro Quinteros, el responsable de haber nombrado a los altos mandos que horas antes se había ordenado detener. Para el opositor, esto constituye “un acto totalmente irregular, que atenta contra la independencia del Poder Judicial”.

En su interrogante respecto a los motivos por los cuáles la investigación que impulsa el fiscal no prosperó hacia los funcionarios de mayor jerarquía, Maqueda apuntó contra Quinteros y el propio gobernador, los responsables de la designación y promoción de Ochoa Roldán que, según se conoce, no han sido llamados a declarar en el marco de la causa judicial en cuestión

“¿Qué información oficial extrajo el fiscal para determinar que el ministro y el gobernador no tuvieron relación alguna con los ilícitos, si no obtuvo sus declaraciones en el marco del expediente y de manera formal, ni en calidad de imputados ni de testigos?”, dijo el legislador en su denuncia –a la cual accedió Perfil Córdoba– al hacer mención a declaraciones a la prensa de González de que ellos “no estaban al tanto de las actividades delictivas de los detenidos y que fueron engañados”.

“Lo que el fiscal provocó con su mala ejemplaridad, fue respaldar a funcionarios del Poder Ejecutivo –con su presencia física y sus declaraciones– sin acabar los procedimientos de citación como testigos o imputados en una causa penal que aún sigue abierta”, cuestionó el opositor y acusó al fiscal González de haber decidido “de manera arbitraria excluir y blindar al ministro de Seguridad y al gobernador sin fundamento jurídico”.

En su denuncia, Maqueda señaló que “el fiscal González ha incumplido las reglas funcionales de independencia, imparcialidad, prudencia y equilibrio y probidad que determina el Código de Ética de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial” y esto “sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal que pudiera corresponder”, remarcó.

El fiscal General Juan Manuel Delgado ya tomó conocimiento –de primera mano– del reclamo del mileista. En el recinto legislativo, a la par de Maqueda, otros cambiemistas hicieron foco en el accionar del fiscal al mostrarse junto a Quinteros y demandaron “imparcialidad” y respeto por la división de poderes.

Responsabilidad política
“¿Qué hacía el fiscal junto al ministro Quinteros? Son poderes totalmente diferentes. Nada tiene que hacer el Ejecutivo con el Judicial en una conferencia de prensa hablando de esta situación”, se quejó Daniela Gudiño (UCR) y cargó duro contra el PJ por “la seguidilla escandalosa” de causas judiciales que involucran a los “jefes” de los uniformados.

En su embate, el juecista Walter Nostrala afirmó: “El fiscal que está investigando la causa se sentó al lado del ministro y del jefe de la Policía. Se sentó al lado de aquellos que está investigando”. Y sentenció: “Nos pareció irregular”.

De igual modo, Brenda Austin entendió que las declaraciones del fiscal González dejaron expuesto al gobierno. “Están poniendo en la estructura del sistema de poder, de quienes nos tienen que cuidar, a personas que ya sabían que estaban siendo investigadas, como quedó acreditado en el caso de (Alejandro) Mercado y como probablemente va a quedar acreditado en este caso (por Ochoa Roldán), a partir de las declaraciones del fiscal (González), que ya sabían que estaban involucrados en causas de asociación ilícita”.

En el último plenario de la Unicameral, antes del receso invernal, el arco opositor pidió la renuncia de Quinteros y del jefe de Policía Leonardo Gutiérrez. Fue el reclamo al unísono de radicales, juecistas y de los legisladores Rodrigo Agrelo (EVC) y Luciana Echevarría (FIT-Unidad). Maqueda fue más allá con la idea de juicio político. Dante Rossi insistió con la intervención de la Policía y un triple control para las designaciones.

Agustín Spaccesi fue muy duro con Quinteros, a quien le endilgó que “se está limitando a administrar la inercia”. Reclamó, además, “un sistema de ascensos que premie la integridad y los resultados y no la obsecuencia como está pasando” en la fuerza.

Defensa oficialista
En su contragolpe, Iliana Quaglino tildó de "nefasto" el accionar opositor y enfatizó: "Espero que nunca gobiernen la provincia". La oficialista rechazó que "se ensucien o se manchen" las figuras de Quinteros y del gobernador.

En cuanto a los jefes policiales presos, Julieta Rinaldi enfatizó: "El gobernador y este bloque tienen tolerancia cero a los corruptos”. “Que le caiga todo el peso de la ley", acentuó.

Su par de bancada, Nadia Fernández exigió a los opositores "dejar de lado las acusaciones infundadas contra los oficialistas (por los dichos de Austin de ser "cómplices" de una trama de corrupción policial). Hay que saber medir el uso de la lengua. O tener las pruebas para hacerlo", retrucó. Por último, acusó a los cambiemistas de hablar de "republicanismo", pero que intentan –con sus discursos– "reemplazar el accionar de la Justicia".

Inhabilitación
En el marco de la causa que involucra a Ochoa Roldán, el legislador Oscar Tamis (PRO) planteó una reforma a la ley 5805, de colegiación obligatoria para abogados, que tiene como fin que miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad no puedan ejercer la profesión de abogados. “La doble función violenta principios y garantías constitucionales elementales”, argumentó el amarillo.

El fundamento clave de esta iniciativa, que levantará polvareda, se centra “en la incompatibilidad de funciones y la potencial colisión de intereses, que podría afectar gravemente la ética profesional, la imparcialidad y la correcta administración de justicia”, subrayó.

CON INFORMACION DE PERFIL.COM