Denuncian a la jueza Arroyo Salgado por “persecución política” tras la detención de militantes kirchneristas

• Mariano Recalde y Vanesa Siley denunciaron por mal desempeño a la jueza Sandra Arroyo Salgado.
• La acusan de ordenar la detención arbitraria de militantes peronistas por un escrache a José Luis Espert.
• Las detenidas fueron incomunicadas y enviadas a una cárcel de máxima seguridad por un hecho que, según la denuncia, sería apenas una contravención.
• El CELS y otros referentes denuncian una persecución política y uso excesivo del aparato judicial.
• Críticas también apuntan a Patricia Bullrich como impulsora de esta política punitiva.
• El caso se enmarca en una creciente tensión entre el kirchnerismo y el Gobierno nacional.

En un nuevo capítulo de tensiones entre el kirchnerismo y el Poder Judicial, los consejeros del Consejo de la Magistratura Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron una denuncia por mal desempeño contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La acusación se basa en la detención y condiciones de encierro impuestas a un grupo de militantes peronistas, principalmente mujeres, a raíz de un escrache al diputado libertario José Luis Espert.

Según el escrito presentado, la magistrada ordenó la detención “arbitraria” de cinco personas —Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes— quienes arrojaron estiércol y volantes frente al domicilio del legislador con mensajes como: “Espert, sos una mierda. Con CFK no se jode.”

Desde el kirchnerismo aseguran que se trató de una acción política simbólica, sin violencia ni daños, que “como máximo” podría ser considerada una contravención municipal. No obstante, las personas fueron incomunicadas, trasladadas a una cárcel de máxima seguridad y tratadas como presuntas autoras de un delito federal.

Horas después de la denuncia, Abaigar obtuvo prisión domiciliaria y Montes fue excarcelada, aunque desde el entorno de las detenidas aseguran que la persecución ya está consumada.

El caso generó un amplio rechazo de organismos de derechos humanos y dirigentes opositores al Gobierno. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó la situación como un “caso de criminalización selectiva” y sostuvo que se está usando el aparato punitivo del Estado “para amedrentar a militantes y condicionar al sistema político”.

“El escrache fue tratado como un delito federal grave, con allanamientos violentos y personas esposadas”, denunciaron desde el organismo. Además, señalaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como “una de las principales promotoras de esta persecución”.

Por su parte, el abogado y ex consejero de la Magistratura Diego Molea ironizó: “La jueza Arroyo Salgado se siente competente en una causa por tirar caca en la vereda, mientras el narcotráfico sigue avanzando sin respuesta”.

El dirigente social Juan Grabois también se sumó a las críticas y apuntó contra Bullrich: “Está usando el aparato del Estado para perseguir a gente por estas pelotudeces o por protestar”, escribió en redes sociales.

La causa promete escalar en los próximos días en medio de un clima de creciente tensión entre el oficialismo libertario y sectores de la oposición, que denuncian un “uso político” del Poder Judicial para disciplinar la protesta y la disidencia.