Cristina Kirchner encabezó el rechazo del PJ al fallo por YPF y pidió frenar su convalidación en el Congreso

POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior
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  • Cristina Kirchner rechazó el fallo de la jueza Preska que ordena transferir el 51% de YPF a fondos extranjeros y lo calificó como un “atropello a la soberanía”.
  • Pidió a legisladores del PJ no convalidar la sentencia en el Congreso y llamó a “cerrar filas” en defensa del patrimonio estatal.
  • El fallo judicial fue emitido en EE.UU. y responde a una demanda por la expropiación de YPF en 2012; implica un fuerte impacto económico e institucional.
  • El gobierno de Milei también defendió la propiedad estatal de YPF, aunque responsabilizó al kirchnerismo por el conflicto.
  • Cristina vuelve a posicionarse políticamente como figura central del peronismo, impulsando una narrativa de soberanía frente a intereses externos.

En una nueva intervención de alto voltaje político, Cristina Fernández de Kirchner volvió a marcar la agenda del peronismo al rechazar con firmeza el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que ordena al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de YPF a fondos demandantes por la expropiación de 2012. La ex presidenta, actual titular del Partido Justicialista (PJ), calificó la sentencia como “un atropello contra la soberanía nacional” y exigió a los legisladores del espacio no convalidar esa decisión en el Congreso.

El comunicado fue difundido este martes por el PJ a través de sus redes sociales y replicado por la propia Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria. Allí, denunció que la jueza Preska “violó las más elementales normas del derecho público y privado argentino” y acusó a los fondos beneficiarios del fallo de actuar como “buitres” en perjuicio del patrimonio estratégico nacional.

La decisión judicial —emitida desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York— establece que la Argentina debe transferir su participación mayoritaria en YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de antiguos accionistas minoritarios tras la estatización de la petrolera en 2012. La medida, sin embargo, no puede concretarse sin el aval del Congreso argentino, lo que abre un nuevo capítulo político e institucional.

“Pretenden, violando toda norma de Derecho Internacional, que el Congreso de la Nación Argentina autorice la entrega de las acciones de YPF […] a un fondo buitre en Nueva York”, se lee en el comunicado partidario, donde además se exhorta a los bloques del PJ en ambas cámaras legislativas a “cerrar filas” frente a lo que consideran una “embestida contra el interés nacional”.

Desde la oposición justicialista, el diputado Germán Martínez aseguró que “bajo ningún punto de vista se avalará una decisión dictada por tribunales extranjeros que afecte la titularidad estatal de YPF”. Aunque el gobierno de Javier Milei coincidió en la necesidad de defender la propiedad de la petrolera, también responsabilizó al kirchnerismo por el manejo de la expropiación en 2012, origen del conflicto judicial actual.

El fallo de Preska, resultado de una batalla legal iniciada en 2015, supone no solo un golpe económico millonario, sino también un desafío institucional: obliga al Congreso argentino a pronunciarse sobre una sentencia emitida por un tribunal extranjero, en un caso que toca uno de los símbolos más sensibles del nacionalismo económico argentino.

Con esta nueva intervención, Cristina Kirchner vuelve al centro del escenario político como referente indiscutida del peronismo, al tiempo que transforma la defensa de YPF en una causa para reagrupar a su espacio en torno a una narrativa de soberanía y confrontación con los poderes externos.

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