Preocupada por el cierre de empresas, la CGT respalda una ley contra la industria del juicio labora

• El Gobierno impulsa una ley de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (Iclop) para frenar la "industria del juicio laboral" y proteger a las pymes.
• El modelo se basa en el sistema Seclo de CABA, resolviendo conflictos antes de llegar a la justicia.
• La CGT respalda la medida, preocupada por el cierre de empresas y pérdida de empleos.
• Más del 90% de los reclamos se resuelven en sede administrativa con acuerdos homologados.
• Se critica a los tribunales laborales por fallos excesivos, como uno que ordenó $350 millones por 5 años de trabajo.
• El Ejecutivo sostiene que la mediación no afecta derechos, sino que busca soluciones justas y rápidas.

Mientras la crisis económica sigue provocando el cierre de pymes y despidos masivos, el Gobierno bonaerense avanza en una iniciativa clave: una ley que establece la Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (Iclop), con el objetivo de frenar la creciente “industria del juicio laboral”, especialmente acentuada por las prácticas abusivas de algunos tribunales provinciales.

La propuesta busca replicar el modelo del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), vigente en Capital Federal, donde los conflictos entre trabajadores y empleadores se resuelven en una etapa administrativa previa, evitando llegar a instancias judiciales. La lógica: proteger derechos laborales sin ahogar a las empresas, particularmente a las más pequeñas.

Acuerdos previos, justicia más rápida y eficaz

Un informe reciente elaborado por la CGT, preocupado por la pérdida de empleos, respalda esta iniciativa al destacar los buenos resultados del sistema administrativo actual. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo bonaerense, más del 90% de los reclamos laborales se resuelven con acuerdos homologados, en los que el trabajador cobra entre el 70% y el 80% del monto reclamado, ajustado por ley y por los índices salariales del sector.

Este tipo de resoluciones evita la judicialización innecesaria, reduce costos y tiempos, y evita el uso de métodos de cálculo inflados que algunos juzgados aplican, desvirtuando el espíritu de la Ley de Contrato de Trabajo.

Críticas al accionar judicial

En contraposición, los tribunales laborales de la Provincia están en la mira por fallos considerados desmedidos y alejados de la jurisprudencia vigente. Se denuncian prácticas como la aplicación de índices caprichosos, demoras injustificadas y honorarios excesivos, todo lo cual alimenta una “industria del juicio” que perjudica tanto a empleadores como a trabajadores que necesitan una solución rápida y justa.

Un caso paradigmático es el del Tribunal del Trabajo Nº 2 de La Plata, que falló a favor de una indemnización de $350 millones por cinco años de antigüedad, una cifra que forzó el cierre de una fábrica de baterías, incapaz de afrontar ese pago. “Una sentencia de quiebre”, describen desde el sector empresario.

Un nuevo modelo con consenso

Desde el Ejecutivo destacan que la mediación obligatoria previa no cercena derechos, sino que busca garantizar acuerdos justos, dentro del marco legal y sin distorsiones. Además, insisten en que este sistema apunta a proteger el empleo genuino, desalentando maniobras que, en la práctica, ponen en riesgo la continuidad de muchas empresas.

Con amplio respaldo sindical y técnico, la ley avanza como una herramienta concreta para equilibrar los intereses en un escenario laboral cada vez más complejo. La apuesta es clara: menos juicios, más soluciones.