Marcha de jubilados, represión y un veto inminente

POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior
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  • Nueva marcha de jubilados frente al Congreso para exigir aumento de haberes, restitución de medicamentos y una nueva fórmula de movilidad.
  • Fuerte operativo policial, enfrentamientos y siete detenidos, algunos con antecedentes.
  • La movilización se dio en medio del debate por una ley que propone subas del 7,2% en jubilaciones y un bono de $110.000, llevando el haber mínimo a $441.564.
  • El Gobierno de Milei anticipó que vetará la ley si se aprueba, alegando que afectaría el déficit cero.
  • El impacto fiscal estimado del proyecto es de 0,7% del PBI entre 2025 y 2026.
  • Crecen las tensiones entre el ajuste fiscal oficialista y las protestas sociales.

Como cada miércoles, jubilados y organizaciones sociales volvieron a movilizarse frente al Congreso de la Nación en reclamo de una mejora en sus haberes. La protesta, que ya se volvió un ritual semanal, estuvo esta vez marcada por un fuerte operativo policial, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y un escenario político cada vez más tenso ante el inminente veto presidencial a la ley que busca aumentar las jubilaciones.

Desde temprano, el perímetro del Congreso fue vallado y custodiado por fuerzas federales y efectivos de la Policía de la Ciudad. Las avenidas Entre Ríos, Callao y Rivadavia se convirtieron en puntos de bloqueo para impedir que los manifestantes se acercaran al Palacio Legislativo. Pasadas las 16, nuevos grupos de distintas organizaciones sociales se sumaron a la concentración, que derivó en incidentes y al menos siete detenidos. Uno de los aprehendidos tenía antecedentes por portación de armas no convencionales y otro estaba siendo buscado por estafa. Todos los arrestados tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los focos de tensión se dio sobre la Avenida de Mayo, cuando una columna de manifestantes intentó avanzar hacia Plaza de Mayo y fue frenada por las fuerzas de seguridad. La negativa a liberar el paso desencadenó empujones, agresiones y lanzamiento de objetos, lo que derivó en detenciones selectivas. En un café cercano, una mujer resultó herida durante los enfrentamientos, en un episodio que terminó con destrozos. Según imágenes televisivas, la policía porteña utilizó pintura para marcar a quienes identificaban como iniciadores de disturbios.

Con acceso restringido al Congreso, sólo pudieron ingresar legisladores, personal acreditado y la prensa. En esta nueva convocatoria, el reclamo central fue elevar la jubilación mínima a $1.250.000, restituir el acceso completo a medicamentos y tratamientos, y restablecer la fórmula de movilidad anterior. Los manifestantes también denunciaron el vaciamiento del PAMI y lo que consideran una “represión sistemática” impulsada por el gobierno de Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich.

El trasfondo político de la movilización gira en torno a la ley votada por el Congreso que propone una suba general de las jubilaciones del 7,2%, además de un aumento del bono actual de $70.000 a $110.000. Esto llevaría la jubilación mínima a $441.564, lo que implica una mejora del 16,4%. También habría subas para los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que pasarían a cobrar $317.436.

Sin embargo, el Ejecutivo ya anticipó que vetará la ley si es promulgada. "Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista. De cualquier forma, nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO", advirtió el presidente Javier Milei en sus redes. Desde la Casa Rosada aseguran que, si el Congreso insiste en sancionar la ley, judicializarán el tema.

El Ministerio de Economía calcula que el impacto fiscal de las subas sería del 0,7% del PBI en total, entre 2025 y 2026. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, sólo la suba del bono representaría un gasto de entre 0,23% y 0,30% del PBI, dependiendo del monto final.

Mientras el Gobierno sostiene su compromiso con el equilibrio fiscal, en las calles crece el malestar. La tensión entre el ajuste económico y las demandas sociales sigue escalando y no parece haber un punto de conciliación cercano.

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