Seguridad, carnada del Partido Cordobés para arrimar intendentes

A fines de diciembre del 2023, apenas unos días después de haber asumido, el gobernador Martín Llaryora logró que la Legislatura le aprobara su primera ley: la de Seguridad Pública y Ciudadana. Una iniciativa que daba el marco jurídico necesario para implementar un nuevo modelo de seguridad integrada para Córdoba. Con eso, prácticamente inauguró su gestión en la Provincia. 

La ley salió de una sesión caliente, con fuertes reproches de la oposición que criticó las formas del peronismo, pero también el fondo de la iniciativa. De algún modo, desde el Interbloque de Juntos por el Cambio (donde hay muchos ex intendentes) acusaron a la Provincia de buscar descentralizar en los municipios su plena responsabilidad sobre la seguridad de los cordobeses. 

Bien vale recordar que, entre otros puntos, la normativa creaba las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía; el uso de armas no letales; la vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia; la estimulación del plan de desarme, con incentivos para la entrega de armas en posesión de civiles; la obligatoriedad de un narcotest para cargos electos y funcionarios públicos, entre muchos otros.

Casi 17 meses después, el gobierno de Hacemos Unidos presume haber logrado que 310 municipios adhirieran a la Ley, pese a las objeciones iniciales que, sobre todo, se escucharon de los intendentes que no eran del palo. Al comienzo, hubo cierta resistencia, pero luego terminaron suscribiendo prácticamente todos. Y ahí jugó la política del Partido Cordobés. 

Para la mayoría de los alcaldes, la única ventanilla abierta hoy es la de la Provincia. Son casi unánimes los testimonios de los jefes municipales sobre gestiones fracasadas una y otra vez frente a la Nación en distintos ámbitos. Frente a ese grifo cerrado, la única canilla abierta, aunque sea goteando, es la del gobierno de Córdoba. “Si no recibo algo de ahí, no recibo de ningún lado”, resumió uno de los jefes comunales no peronistas del sur cordobés, consultado por Alfil. Sobre el programa de guardias locales concretamente, los municipios reciben vehículos, capacitación al personal (del que se hace cargo la municipalidad), y hasta pueden recibir armas no letales, entre otros elementos. 

Más de la mitad de los intendentes está transitando su primer periodo con lo cuál la voluntad de entendimiento con la Provincia en términos de gestión, es aún mayor. Sumado a que, la necesidad del peronismo de recuperar el territorio perdido en las últimas elecciones provinciales, hace que el gobierno de Llaryora esté muy presente con fondos y programas apuntalando a los alcaldes de todos los colores políticos. 

Así, esta semana, la Provincia celebró que la ciudad de Río Tercera gobernada por el presidente de la UCR Córdoba, Marcos Ferrer, rubricada el convenio marco que formaliza el ingreso de ese municipio al programa provincial de Guardias Locales. Ferrer fue recibido en el Panal por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; por el secretario General de la Gobernación, el riotercerense David Consalvi; y el secretario de Prevención y Coordinación Institucional, José Gualdoni. 

Hubo fotos y elogios cruzados entre el ministro del Partido Cordobés y el intendente amigo y socio político del diputado Rodrigo De Loredo. Con esa firma estampada, el cordobesismo asienta su relato de trabajo conjunto con los intendentes, más allá de su signo político. 

Hace apenas unos días, justamente en la presentación de nuevas guardias locales en distintas comunas y municipios, Llaryora dijo: “acá somos de distintos partidos políticos y estamos todos juntos trabajando y asistiendo a una capacitación sin importar el color o la bandera partidaria. Solamente nos une ser la mejor gestión posible y tener los mejores instrumentos y las mejores acciones públicas para mejorar la calidad de vida”.

Por otro lado, desde Hacemos destacan que, con la incorporación de Río Tercero, de las 30 ciudades más grandes de Córdoba, 25 ya adhirieron. Entre las que no, todavía figura la ciudad de Carlos Paz desde donde tiempo atrás el intendente Esteban Avilés había lanzado fuertes críticas a la Provincia por el tema seguridad. Luego, desde el Panal achicaron diferencias con el vecinalista por lo que esperan que, en breve, la Perla de Punilla se suma al modelo de seguridad integrada. 

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE SORIA YANINA.