Quejas por la descentralización de Llaryora

Hace algunas semanas, la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, fue recibida por el gobernador Martín Llaryora para conversar sobre la intención del gobierno de Hacemos Unidos de instalar en esa ciudad una sede de la Universidad Provincial de Córdoba el año próximo. 

Como se sabe, el mandatario apuesta a terminar su gestión con una red de establecimientos educativos asentados en las principales localidades del interior cordobés, en el marco del programa de federalización impulsado por la casa de altos estudios.

De hecho, ya se comprometieron sedes para el norte provincial en Cruz del Eje y Deán Funes; al este, San Francisco, Arroyito y Morteros; al oeste, Mina Clavero y Villa Dolores; y al centro completan las sedes de Capilla del Monte y Río Tercero. También en la localidad de Laboulaye, mientras la de Bell Ville ya se encuentra en pleno funcionamiento, según señalaron desde la Provincia. En cambio, desde la oposición provincial escuchan con cierta desconfianza esos anuncios atribuyéndole una gran cuota electoralista, mientras pronostican que las sedes terminarán siendo una “cáscara vacía”. 

Lo cierto es que, en esa reunión, según se supo, la intendenta del PRO habló sobre la oferta educativa con la que ya cuenta Marcos Juárez y planteó, con ciertos reparos, de qué forma se puede armonizar con la UPC. 

Desde el Panal descuentan que llegaran a buen puerto con Majorel; pues si bien no es del palo peronista, el oficialismo la cuenta como aliada luego de sumar al gabinete al ex jefe comunal y compañero de fórmula de la intendenta, Pedro Dellarossa. Sin embargo, bien vale apuntar que, precisamente, el salto del dirigente del PRO al Partido Cordobés generó tensiones con la titular del ejecutivo municipal. 

Por otro lado, en las últimas horas, el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad del sudeste provincial, Javier Barletta, manifestó públicamente algunas quejas contra la administración de Llaryora por cuestiones inherentes a la gestión. 

En diálogo con Radio Ciudad, el radical planteó concretamente que la descentralización de áreas como seguridad, educación y salud que promueve la Provincia terminan recargando a los municipios con responsabilidades que, según entienden algunos gobiernos locales, le son propias a la administración central. 

Y en rigor de verdad, se trata de un reclamo que varios alcaldes no oficialistas realizaron, por ejemplo, cuando se sancionó la nueva ley de seguridad a comienzos de la gestión llaryorista. 

En cambio, para el Gobierno se trata, en realidad, de “fortalecer a los municipios” con esa descentralización. Apenas asumió, el mandatario dejó en claro que es su decisión política que todo aquello que puedan hacer los gobiernos locales, “lo hagan”. 

Barletta dijo a Radio Ciudad: "Veamos el caso de PAICOR, por ejemplo. El dinero que manda la provincia no alcanza para cubrir todas las necesidades. El año pasado tuvimos que poner casi 20 millones de pesos adicionales, y en los últimos años hemos agregado 26 millones más de lo que nos envía la provincia. No podemos dejar a los chicos sin comida, por lo que estamos en una encrucijada: o seguimos absorbiendo estos costos o planteamos que la provincia debe asumir su parte”. 

Por otro lado, también hubo reproches por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), según Barletta, el municipio paga el alquiler del local donde estará instalada pero la todavía no se puso en funcionamiento. "Estamos pagando el alquiler del local para la FPA. El gobernador hizo el anuncio, la intendenta se reunió con el ministro, comenzaron algunas capacitaciones, pero luego no se avanzó más porque no hay fondos disponibles. Entonces, ¿de qué estamos hablando?", agregó en diálogo con el medio local. 

CON INFORMACION DE DIAIRO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE SORIA YANINA