Luciani y Mola piden bloquear bienes de Cristina Kirchner y los condenados en la causa Vialidad

• Los fiscales Luciani y Mola pidieron que se prohíba a todos los condenados en la causa “Vialidad”, incluida Cristina Kirchner, disponer de sus bienes.
• Buscan garantizar el recupero de más de $684.000 millones desviados al empresario Lázaro Báez.
• El pedido incluye acciones, propiedades, vehículos y cuentas bancarias.
• También solicitaron mantener los embargos ya dictados.
• El tribunal debe decidir si accede a la solicitud, que tiene alto impacto político.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este lunes al Tribunal Oral Federal N°2 que impida a todos los condenados en la causa “Vialidad” disponer de sus bienes, tras conocerse la estimación oficial del perjuicio económico al Estado: más de 684.000 millones de pesos, equivalentes a unos 537 millones de dólares al tipo de cambio del viernes pasado.

En un escrito presentado ante el juez Jorge Gorini, los representantes del Ministerio Público Fiscal reclamaron que se extiendan las restricciones patrimoniales ya vigentes sobre Lázaro Báez a todos los implicados, incluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de garantizar el recupero de activos mediante el futuro decomiso.

“Las medidas de restricciones impuestas a Lázaro Báez para otorgar actos jurídicos o realizar cualquier acción que produzca efectos legales sobre su patrimonio se hagan extensivas a todas las personas condenadas en esta causa”, sostiene el documento firmado por Luciani y Mola.

El pedido surge luego de que el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema informara el monto total que los condenados deberán restituir por el desvío de fondos en favor de Báez a través de contratos de obra pública en Santa Cruz. Ese informe fue remitido al tribunal la semana pasada y consolidó la base para avanzar con las medidas de ejecución de pena.

En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales detallaron una serie de bienes alcanzados por el pedido: el paquete accionario de las empresas familiares Hotesur, Los Sauces y COMA S.A., 26 propiedades, dos vehículos y los fondos que pueda tener en cuentas bancarias. Para la fiscalía, resulta clave impedir cualquier movimiento patrimonial que dificulte la restitución de los fondos públicos.

Además, Luciani y Mola solicitaron que se mantengan vigentes los embargos dispuestos en el expediente durante el proceso judicial, en línea con el principio de recuperación de activos que rige en casos de corrupción y administración fraudulenta.

El tribunal deberá ahora resolver si accede al pedido del Ministerio Público, en lo que representa un nuevo capítulo judicial en una de las causas más emblemáticas de los últimos años, con impacto político directo en la figura de la ex mandataria y actual vicepresidenta del Senado.