El Gobierno apuesta a la “Ley Muralla” para blindar el presupuesto y endurecer la disciplina fiscal

• El Gobierno anunció la “Ley Muralla”, que busca prohibir presupuestos deficitarios y castigar con sanciones penales a quienes violen el equilibrio fiscal.
• La propuesta surge a 17 días de la presentación del presupuesto 2026, en medio de tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso.
• La oposición calificó la iniciativa como un intento de “blindar el presupuesto” y de convertir al Congreso en una escribanía del Gobierno.
• Críticos remarcaron la incoherencia oficialista, recordando que otros proyectos libertarios no incluyeron previsiones fiscales.
• Analistas ven un trasfondo político: condicionar el debate sobre el presupuesto y anticipar un posible veto presidencial a leyes de gobernadores sobre ATN e ICL.
• Con pocas chances de avanzar, la ley aparece más como una maniobra para tensar la agenda política que como una herramienta real de reforma fiscal.

A pocos días de que venza el plazo legal para presentar el proyecto de presupuesto nacional 2026, el Gobierno sorprendió con el anuncio de una iniciativa paralela que busca cambiar las reglas de juego en materia fiscal. Se trata del Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, conocido en el ámbito parlamentario como “Ley Muralla”, cuyo envío al Congreso fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La propuesta, aún no ingresada formalmente, apunta a prohibir la aprobación de presupuestos deficitarios y a endurecer las sanciones contra los funcionarios que incumplan la regla del equilibrio fiscal. “El presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado equilibrado o superavitario”, explicó Adorni, al tiempo que advirtió que quienes intenten “violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley”.

Una apuesta en medio de tensiones políticas

El anuncio se produjo en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde el oficialismo libertario perdió el control de las negociaciones parlamentarias, en parte por errores propios y en parte por la dinámica electoral. A 17 días de que el Gobierno deba enviar el presupuesto, la “Ley Muralla” se presenta como una movida estratégica para condicionar la discusión.

Según voceros libertarios, la norma funcionaría como un mecanismo de fiscalización de todos los proyectos con impacto fiscal, estableciendo requisitos estrictos de financiamiento. En caso de prórroga presupuestaria, también se exigiría al menos un resultado equilibrado.

Críticas opositoras y acusaciones de “blindaje”

La reacción de la oposición fue inmediata. Un diputado peronista cuestionó la iniciativa por considerarla un intento de “blindar el presupuesto” y de convertir al Congreso en una escribanía del Ejecutivo. “Es una locura: si no votás lo que quiere el Gobierno, te mandan preso. Esto es humo para tensar la agenda”, denunció.

En el mismo sentido, legisladores de bloques dialoguistas señalaron que el proyecto no tiene chances de prosperar. “Lo vamos a tratar junto a la ley hojarasca”, ironizó un diputado cercano a Miguel Ángel Pichetto, en alusión al frustrado megaproyecto de Federico Sturzenegger.

Otros opositores recordaron además la inconsistencia del oficialismo: si bien todos los proyectos con impacto presupuestario deben prever su financiamiento, la excepción fue la iniciativa de Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona para bajar la edad de imputabilidad, que obtuvo dictamen en mayo pero nunca contempló un cálculo fiscal.

Trasfondo político y disputa con los gobernadores

Para algunos analistas parlamentarios, el trasfondo de la “Ley Muralla” excede la discusión sobre el presupuesto 2026. La iniciativa también sería una forma de anticipar un eventual veto presidencial frente al proyecto de los gobernadores que busca modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los cambios en la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Ambos mecanismos impactan directamente en los ingresos nacionales: los ATN son manejados con discrecionalidad por el Ejecutivo y el ICL es recaudado en su totalidad por la Nación. “El problema es que son fondos de las provincias, no de la Nación. Están contabilizando recursos que no les corresponden”, advirtió una fuente del Congreso.

Riesgos institucionales

Más allá del debate técnico, la oposición alertó sobre el riesgo institucional de criminalizar el debate presupuestario. El proyecto contempla la incorporación de nuevas figuras penales en el Código Penal para castigar a funcionarios y legisladores que aprueben leyes contrarias al equilibrio fiscal. Una diputada que en el pasado acompañó iniciativas libertarias, pero que ahora se alejó del oficialismo, calificó la idea de “ridícula en su contenido y en la pretensión de que sea tratada”.

Con la propuesta aún en borrador, la estrategia del Ejecutivo genera más dudas que certezas. Mientras tanto, el reloj corre: restan poco más de dos semanas para que el Gobierno envíe el presupuesto 2026, una ley históricamente atravesada por negociaciones políticas, reparto de fondos y pulseadas con las provincias.

Lo cierto es que, con la “Ley Muralla” sobre la mesa, el oficialismo busca condicionar de antemano esas negociaciones. Pero en un Congreso fragmentado y con una oposición que ya adelantó su rechazo, el proyecto parece destinado más a tensar el clima político que a modificar realmente la dinámica fiscal de la Argentina.