Escándalo sanitario: la Justicia avanza contra el dueño de HLB Pharma por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado

• El juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta indagaron a los primeros diez imputados por el fentanilo contaminado que habría causado 96 muertes; el último fue el empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
• Furfaro, detenido tras declarar, culpó a empleados y a una supuesta “mano negra”, aunque la Justicia ya acumuló pruebas de graves irregularidades en la producción.
• Chats internos revelan uso de insumos vencidos, manipulación de datos, documentación “dibujada” y encubrimiento sistemático de fallas ante inspecciones de la ANMAT.
• Las plantas funcionaban con suciedad, infraestructura precaria y alertas constantes sobre fallas edilicias y de equipos críticos.
• Entre los imputados figuran también la madre, hermanos y hasta la abuela de 88 años de Furfaro, junto con directivos y empleados de los laboratorios.
• La fiscalía concluyó que no fueron errores aislados, sino una conducta deliberada y reiterada que puso en riesgo la salud pública y derivó en múltiples muertes.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, junto a la fiscal Laura Roteta, dio un paso decisivo en una de las causas más delicadas de los últimos años: el caso del fentanilo contaminado que, según la investigación judicial, habría provocado la muerte de al menos 96 pacientes. Tras semanas de indagatorias, el último en declarar fue Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group SA y de su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo SA. El empresario quedó detenido después de seis horas de declaración, en las que buscó repartir culpas entre subordinados y deslizó la existencia de una “mano negra” que habría introducido bacterias en las ampollas.

“¿A quién se le puede ocurrir que voy a fundir mi propia empresa?”, le habría dicho a Kreplak, según reconstruyó su abogado, Gastón Marano, el mismo letrado que consiguió la absolución de Nicolás Carrizo, acusado de liderar a “los Copitos” en el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

El derrotero judicial de García Furfaro tiene ribetes que trascienden el ámbito farmacéutico. Exconvicto, su nombre aparece vinculado a millonarias ventas de medicamentos económicos a provincias y municipios. Incluso, integró la comitiva oficial que acompañó al expresidente Alberto Fernández a Moscú en 2021, en plena negociación por la vacuna Sputnik V. Hoy, su presente está marcado por un cúmulo de pruebas que, en apenas tres meses de investigación, la fiscalía considera “contundentes”.

Los investigadores hallaron desde chats internos entre empleados que evidencian el uso de insumos vencidos, documentación “dibujada” y alertas sobre la suciedad en la planta —con palomas, arañas y muros derrumbados— hasta peritajes científicos que confirman el vínculo directo entre las bacterias presentes en las ampollas de fentanilo y las encontradas en la sangre de pacientes fallecidos.

Uno de los mensajes más comprometedores lo escribió Javier Tchukran, director de Manufactura de HLB Pharma y preso junto a García Furfaro y otros miembros de su familia. Frente a una inspección de la ANMAT, reconoció: “Me parece que no queda otra cosa que mentir”. Esa frase sintetiza la cultura organizacional que, según la fiscalía, reinaba en los laboratorios: manipulación de datos, armado de batch records inexistentes, falsificación de protocolos y encubrimiento sistemático de irregularidades.

Las conversaciones revelan, además, que las inspecciones de la ANMAT eran anticipadas, lo que permitía maquillar procesos y detener equipos críticos como el cromatógrafo de alta resolución (HPLC) para evitar que quedaran evidencias del desvío de calidad. En diciembre de 2024, apenas días antes de la producción del lote 31202 —identificado como el que desencadenó la tragedia—, un corte de luz y la explosión de un sistema eléctrico dejó fuera de control parte de la infraestructura de control. “Entre la UPS y el derrumbe del muro, tenemos el viernes completo”, ironizó uno de los técnicos en un chat, reflejando la precariedad de la planta.

El 25 de febrero de 2025, en otro diálogo recuperado, un empleado anticipa: “Me llamó Diego (García) y me dijo que la semana que viene hay inspección desde ANMAT”. La respuesta de su interlocutor fue lapidaria: “Estamos al horno. Y bueno, habrá que pelearla”.

La causa también involucra a familiares de García Furfaro. Su madre, Nilda, sus hermanos Diego y Damián, e incluso su abuela de 88 años, figuran en la lista de imputados. Todos escucharon cómo el juez les leía parte de las pruebas, entre ellas los chats resaltados en amarillo en el dictamen fiscal.

Para la fiscalía, no se trató de fallas aisladas, sino de una conducta deliberada. “Existió una cultura organizacional completamente viciada, con conocimiento pleno de los riesgos y una decisión consciente de seguir actuando pese al daño a la salud pública”, sostiene el dictamen. Y agrega: “El riesgo se concretó en la pérdida de la vida de varias personas”.

El caso abre además un flanco político: los investigadores solicitaron avanzar sobre posibles responsabilidades de funcionarios nacionales encargados de la fiscalización de las plantas. La ANMAT aparece bajo la lupa, acusada de ineficiencia y de haber mantenido un esquema de inspecciones previsibles que facilitaba las maniobras fraudulentas.

El escándalo del fentanilo contaminado no solo desnuda un entramado empresario-familiar dispuesto a eludir controles, sino que golpea en el corazón del sistema sanitario argentino: la confianza en los medicamentos y en los organismos que deben velar por su seguridad. La Justicia busca ahora establecer responsabilidades penales y reconstruir cómo un negocio multimillonario pudo transformarse en una tragedia sanitaria con consecuencias aún difíciles de dimensionar.