Casación revisará en audiencia el cálculo del decomiso millonario en la causa Vialidad

• El 11 de septiembre, la Sala IV de Casación Penal realizará una audiencia para revisar el cálculo del decomiso en la causa Vialidad.
• El Tribunal Oral Federal 2 actualizó el monto original de $84.835 millones a $684.990 millones, unos 600 millones de dólares.
• La defensa de Cristina Fernández de Kirchner cuestiona la metodología usada para esa actualización.
• La condena contra la ex presidenta, confirmada por la Corte en junio, es de seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
• En la misma causa también fueron condenados José López, Nelson Periotti y otros ex funcionarios.
• Casación tendrá cinco días tras la audiencia para resolver si confirma o modifica el monto del decomiso al Estado.

El futuro económico de la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner tendrá un nuevo capítulo judicial el próximo 11 de septiembre. Ese día, el presidente de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky, encabezará una audiencia en la que las partes podrán exponer sus cuestionamientos sobre el índice de actualización aplicado al decomiso de bienes ordenado en la denominada causa “Vialidad”.

El eje del debate gira en torno a la cifra fijada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que actualizó el monto original de la condena a la ex presidenta. En diciembre de 2022, el tribunal había dispuesto un decomiso de $84.835 millones, correspondiente al cálculo del perjuicio ocasionado al Estado por las maniobras fraudulentas investigadas. Sin embargo, tras la intervención del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema, la suma fue recalculada y ascendió a $684.990 millones, es decir, alrededor de 600 millones de dólares al tipo de cambio actual.

La defensa de Fernández de Kirchner impugnó esa actualización y planteó que la metodología empleada carecía de fundamentos técnicos adecuados. El 15 de julio pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso —integrantes del TOF 2 y responsables de la condena— rechazaron los pedidos de nulidad, aunque concedieron el recurso de casación para que el reclamo fuera revisado por la máxima instancia penal del país.

El próximo paso será la audiencia fijada por Borinsky, en la que también participarán sus colegas de la Sala IV, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Allí, las defensas y las querellas tendrán la oportunidad de defender sus posiciones y, posteriormente, Casación contará con un plazo de cinco días para emitir una resolución.

La causa Vialidad es considerada uno de los expedientes más relevantes de los últimos años en materia de corrupción estatal. Se investigaron las licitaciones de obras públicas otorgadas a Lázaro Báez entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, período en el que Fernández de Kirchner ocupó la presidencia. El tribunal determinó la existencia de un esquema de favoritismo sistemático en la adjudicación de contratos viales, en perjuicio de la administración pública.

Además de la ex mandataria, fueron condenados el exsecretario de Obras Públicas José López, recordado por el episodio de los bolsos con dinero en un convento; el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y otros cinco funcionarios provinciales. En el caso de Fernández de Kirchner, la pena fue de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sanción que la Corte Suprema de Justicia dejó firme en junio pasado.

La discusión sobre el decomiso no es menor: en el fallo condenatorio se sostuvo que el valor fijado representaba la “determinación fehaciente del daño producido al erario público”, lo que en paralelo constituía “el provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. Con esa definición, los jueces buscaron asegurar que el Estado recupere lo que fue considerado como fruto de las irregularidades.

Hoy, Cristina Fernández cumple arresto domiciliario en su departamento de la calle San José 1111, mientras continúa activa políticamente en el marco de las discusiones internas del peronismo. La audiencia del 11 de septiembre marcará un momento decisivo para establecer si la suma millonaria calculada por el Tribunal Oral quedará firme o si deberá ser revisada nuevamente, en lo que se anticipa como un nuevo capítulo de una causa que sigue generando fuertes repercusiones políticas y judiciales.