La Asamblea Provincial de la UEPC rechazó ayer la oferta del Gobierno, tal como lo adelantaban los números que habían dejado las asambleas por departamento celebradas el pasado martes. En rigor, la decisión de rechazar la propuesta no tomó demasiado tiempo. La asamblea arrancó a las 11 y antes de las 13 ya había quedado claro que el gremio no aceptaría. Las otras cuatro horas de debate estuvieron destinadas, pura y exclusivamente, a definir el “plan de lucha” a llevar adelanta hasta que el gremio deba procesar una nueva propuesta del Centro Cívico.
La decisión fue ir a un paro de 24 horas que tendrá lugar el próximo martes y que, al igual que en la huelga del pasado lunes, se complementará con una movilización del sindicato.
El parte que el gremio hizo circular entre sus delegados señala también que se llevarán adelante “acciones en contraturno bajo la modalidad que determine cada departamento”, y que la Asamblea Provincial entra en un cuarto intermedio hasta el jueves 7 de marzo a la expectativa de que la Provincia acerque una nueva propuesta. De lo contrario, el debate servirá para definir cómo dar continuidad el conflicto.
Por otro lado, la UEPC también convocó a movilizar y adherir al Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo.
En el plano de las demandas, el gremio exigió que la Provincia cumpla con el último tramo de la paritaria 2023, que preveía una cláusula gatillo igual a la inflación y que fue denunciada por la Provincia ante la caída de los ingresos y la disparada de los precios; la instó a completar la titularización de cargos en programas de extensión (PIT, PROA, Coordinaciones de Curso y Nivel Superior); y sostuvo reclamos que ya son prácticamente cláusulas de estilo para el sindicato, a saber, la eliminación del diferimiento a los jubilados, la restitución del 82 por ciento móvil y mayor inversión para el mantenimiento de los edificios escolares.
También pidió la eliminación de los artículos 3 y 4 de la resolución 07/2024 que creó el ítem “Profesionalidad Docente", a través del cual la Provincia pagó una parte de la recomposición salarial relativa a diciembre de 2023. Los artículos en cuestión disponen, entre las condiciones para percibir el concepto, el regreso del presentismo.
En cuanto al conflicto nacional, la UEPC expresó su rechazo al accionar del Gobierno Nacional y reclamó la restitución de los fondos detraídos a la Educación. Más concretamente, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador, y partidas destinadas a reforzar la alimentación de los alumnos junto a otros programas nacionales. También exigió la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, que fija el valor mínimo de la remuneración de los educadores y sirve como referencia para el abordaje de las paritarias en cada provincia.
Cabe señalar que el desarrollo de la asamblea fue tenso. Ya durante las departamentales del martes la oposición gremial denunciaba que, en algunos departamentos del interior, el oficialismo proponía incorporar a las mociones una “delegación de facultades” para permitir que la junta directiva del sindicato pudiera continuar con la negociación sin necesidad de activar, otra vez, el mecanismo de consulta a las bases, que implica asambleas informativas, escolares, departamentales y, finalmente, una nueva Asamblea Provincial Resolutiva.
Finalmente tal delegación no tuvo lugar, aunque la decisión llevar la Asamblea Provincial a un cuarto intermedio para el caso de que la Provincia haga una nueva oferta antes de que termine la semana próxima alimentó las suspicacias de la oposición. Estatutariamente, el sindicato no podría aceptar una oferta sin consultar a las bases. Pero en tiempos de emergencia, las reglas suelen torcerse.
La propuesta que rechazó UEPC
Febrero: 50 por ciento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, sumando a la base de cálculo el 4,6 por ciento de reajuste que los docentes cobraron en enero y manteniendo el ítem de Profesionalidad Docente (a través del cual el Gobierno pagó el resto del reajuste concedido unilateralmente el mes anterior), pero suspendiendo el requerimiento de presentismo para cobrarlo.
Marzo: 50 por ciento del IPC sobre los sueldos de febrero, y una suerte de simplificación de los recibos de haberes, por la unificación de los ítems “remunerativos no bonificables” bajo un único concepto.
Abril: 50 por ciento del IPC sobre los sueldos de marzo, y el compromiso de eliminar “el tope del Estado Docente, en una primera etapa, en un 25 por ciento”. (El Estado Docente es un ítem que los educadores cobran por detentar un “cargo” o una determinada cantidad de horas al frente de las aulas. Actualmente, un docente puede tener horas, un cargo, un cargo y horas adicionales, o hasta dos cargos, pero en cualquier caso cobra sólo un “estado docente”, que representa el 40 por ciento de un salario testigo, a saber, el haber inicial de una maestra de grado). La eliminación progresiva de esa limitación implica que, a partir de abril, un docente que tenga más de un cargo podrá cobrar hasta 1,25 “estados docentes” (es decir, el 50 por ciento de un salario testigo). Además, con los salarios de abril se liquidará un monto no remunerativo igual al 4,5 por ciento de los salarios de diciembre de 2023, a título de compensación por pérdida salarial del ejercicio anterior. Adicionalmente, el Gobierno Provincial absorbería el pago del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) para los jubilados.
Además, el compromiso de la Provincia de poner sobre la mesa, en mayo, cuando se negocie la próxima paritaria, el pago de la diferencia del 5 por ciento de la paritaria 2023 y la eliminación total del tope al “estado docente”.
CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE FELIPE OSMAN.