La junta militar de Myanmar ejecuta en la horca a cuatro activistas pro democracia

INTERNACIONALES 25 de julio de 2022 Por Inma BONET BAILÉN
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La junta militar de Myanmar ejecutó a cuatro activistas pro democracia este lunes, en lo que constituyen las primeras condenas a muerte aplicadas en esta nación del sureste asiático desde 1988, según denuncia Amnistía Internacional. Los cuatro hombres ajusticiados, entre los que figura un político opositor, habían sido condenados a la pena capital en un juicio celebrado a puerta cerrada en enero. Estaban acusados de terrorismo y conspiración contra el régimen castrense. El mes pasado, el portavoz del gobierno militar, Zaw Min Tun, defendió la pena de muerte en el país, alegando que está justificada y que continúa vigente en otras regiones. La antigua Birmania lleva sumida en una profunda crisis política, económica y social desde que el Ejército perpetró un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021, con el que arrebató el poder al Gobierno democrático de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

En una nota publicada este lunes por la Agencia Nacional de Myanmar, controlada por el ejército, las autoridades militares confirmaron que se ejecutó a los presos en la horca, aunque no se especifica cuándo. Los condenados habían sido acusados de ayudar a las nuevas milicias civiles que desde la asonada han estado luchando contra el Tatmadaw —como se conoce al ejército del país— y que han contribuido a agravar la guerra de guerrillas en la que el país vive desde hace décadas. En su comunicado, la junta les acusa de “preparar y conspirar para cometer actos terroristas brutales e inhumanos, como asesinatos”.

De acuerdo con el periódico Global New Light of Myanmar, entre los ejecutados están Kyaw Min Yu (más conocido como Ko Jimmy), de 53 años, una de las caras más visibles de las protestas prodemocráticas, y el antiguo parlamentario Phyo Zeya Thaw, de 41 años, aliado de Suu Kyi. Ambos perdieron su recurso de apelación a la sentencia el pasado junio. Los otros dos son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de haber matado a una mujer por ser supuestamente confidente de los militares, según informa EFE.

“La comunidad internacional debe condenar esta barbarie”, escribió en un mensaje de Twitter Kyaw Zaw, portavoz de la oficina presidencial del autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, una administración en la sombra opuesta a la junta militar.

Los cuatro ejecutados habían permanecido encarcelados desde principios de año en la prisión de Insein de Yangón, la más grande de la nación y donde miles de presos de conciencia fueron encarcelados durante medio siglo de dictadura militar, entre ellos, la líder de facto del Gobierno civil depuesto en 2021, Aung San Suu Kyi, quien estuvo allí retenida en 2003, 2007 y 2009.

“Estoy enfurecido y devastado por la noticia de que la junta militar ha ejecutado a cuatro nacionales birmanos y defensores de los derechos humanos y la democracia”, denunció en un comunicado Tom Andrews, el relator especial de Naciones Unidas para Myanmar. “Mi corazón está con sus familias, amigos y seres queridos, así como con todos los birmanos que están siendo víctimas de las atrocidades cometidas por la junta”, añadió.

Amnistía Internacional afirma que el último ajusticiamiento tuvo lugar en la antigua Birmania en 1988, bajo la dictadura militar que gobernó la nación durante medio siglo (1962 y 2011). A pesar de que la pena capital no ha sido nunca revocada en el país, estas condenas se solían conmutar a penas de prisión tras los tradicionales indultos que las autoridades otorgan en fechas señaladas.

En una rueda de prensa televisada a principios de junio, el portavoz del Gobierno, Zaw Min Tun, anunció que Myanmar retomaría la aplicación de la pena capital. Entonces, afirmó que “al menos 50 civiles inocentes, sin incluir las fuerzas de seguridad, murieron por su culpa”, haciendo referencia a los cuatro condenados. “¿Cómo no se puede denominar a esto justicia? Las acciones necesarias se deben tomar en el momento adecuado”, añadió. Desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, 113 personas han recibido sentencias de muerte.

“Esto significa que no hay vuelta atrás. No ha habido ejecuciones en este país en los últimos 30 años, y pensábamos que la pena de muerte podría terminar aboliéndose. Myanmar vuelve a estar sumida en la oscuridad”, condena Khin Zaw Win, director del centro de estudios birmano Tampadipa Institute.

Human Rights Watch también ha emitido duras críticas por la reciente aplicación de la pena de muerte en Myanmar. Elaine Pearson, directora interina de esta asociación pro derechos humanos para Asia, apuntó en un mensaje que: “La ejecución de la junta de estos cuatro hombres es un acto de absoluta crueldad. Estas ejecuciones se produjeron tras unos juicios militares claramente injustos y que se celebraron con motivaciones políticas. Con esta barbarie y su desprecio por la vida humana, el régimen busca que se enfríe el movimiento de protesta contra el golpe de Estado. La Unión Europea, Estados Unidos y otros Gobiernos internacionales deben demostrar a la junta que deberá rendir cuentas por sus crímenes”.

La antigua Birmania lleva sumida en el más profundo caos desde la asonada militar del año pasado. Tras dos lustros de transición hacia la democracia, ahora truncada por el golpe de Estado, la líder de hecho del Gobierno depuesto, Aung San Suu Kyi, de 77 años, alcanzó un gran apoyo popular que se tradujo en una marea de manifestaciones pidiendo su liberación y desafiando la violenta represión ejercida por policías y soldados. A pesar de que las protestas han sido mayormente pacíficas, al menos 2.114 personas han sido asesinadas por el Tatmadaw, según los datos recabados por la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, que no cuenta los fallecidos durante enfrentamientos armados ni las víctimas mortales vinculadas al régimen militar. Además, 11.759 se encuentran detenidas. Suu Kyi, por su parte, lleva más de 18 meses detenida y está acusada de casi una veintena de delitos que le podrían suponer más de dos siglos entre rejas. Por el momento, ya acumula cuatro condenas a penas de prisión.

Fuente: El País

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