El discurso de Alberto Fernández en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso cristalizó una vez más los blancos a los que apunta el oficialismo: la Justicia y la oposición. Esta vez, el tono del Jefe de Estado no fue moderado y apuntó sin mesura contra estos dos sectores con una alocución con claros tintes kirchneristas, como adujo la lectura opositora. Sin embargo, la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, respaldó la postura presidencial y dijo que el mandatario «no se cristinizó».

«El Presidente planteó lo mismo que viene planteando hace años sobre la Justicia, no dejó de ser moderado ni se ‘cristinizó'», expuso la funcionario que rompió el silencio luego de semanas alejada de la prensa y dijo que «nadie le traza la ruta al discurso del Presidente». En diálogo con Futurock, Losardo definió la intervención de Fernández como «enfática y firme» y agregó: «Seguimos en la misma línea, no cambió nada».

Durante los 15 minutos que duró su intervención sobre el eje de la Justicia, Alberto Fernández sostuvo que «el Poder Judicial está en crisis», lo acusó de «vivir en las márgenes del sistema republicano» y presentó al menos cinco proyectos que impulsa el Ejecutivo para reformarlo. «No alcanzan solo a Comodoro Py, van más allá. Es la reforma de un sistema judicial que no está dando respuestas y no se discutió en años. El presidente no quiere quedarse como estamos», enfatizó.

Otro de los títulos que dejó la proclama del mandatario nación fue el impulso de una «querella criminal» por parte del Ejecutivo contra la administración de Mauricio Macri por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la fuga de capitales durante la última gestión. «Elevamos a la oficina anticorrupción todo lo referido al acuerdo entre el gobierno de Macri y el FMI», explicó Losardo.

Al mismo tiempo, pidió investigar en detalle el incremento de la deuda pública que se registró durante el macrismo y exigió «una Justicia independiente que no tarde 20 o 25 años». En último término, adelantó que la causa «puede terminar en una condena penal» contra exfuncionarios porque, como precisa el informe del Banco Central que motivó el anuncio oficialista, existen «elementos para demostrar irregularidades».

Con información de www.elintransigente.com