La interna camionera reaviva tensiones y sacude el tablero sindical

• Reflotar la “Ley Moyano” reactivó tensiones entre el sindicato, el gobierno porteño y las concesionarias.
• El conflicto se originó por el reclamo de indemnizaciones por 200 millones de dólares que CABA considera improcedente.
• Asambleas espontáneas y videos virales expusieron el creciente malestar entre los trabajadores.
• La interna enfrenta al sector de Hugo Moyano con los delegados alineados con Marcelo Aparicio.
• El gobierno porteño teme medidas de fuerza en la recolección de residuos en las próximas semanas.
• Pintadas, videos y peleas entre facciones confirmaron la escalada de una disputa que lleva años sin resolverse.

La disputa interna del Sindicato de Camioneros volvió a ocupar el centro de la escena política y empresarial porteña, esta vez con un impacto directo sobre el sistema de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que comenzó como una pugna por el control de la estructura gremial derivó en un conflicto que amenaza con tensar la relación del sindicato con el gobierno de Jorge Macri y con las empresas concesionarias del servicio. En este escenario, Hugo Moyano decidió desempolvar un viejo mecanismo de presión —la llamada “Ley Moyano”— para reposicionarse dentro del sindicato y condicionar el avance de su histórico rival interno, Marcelo “Feúcho” Aparicio.

El punto de quiebre apareció cuando Moyano planteó, de manera sorpresiva, la necesidad de indemnizar a los más de 6.000 trabajadores de la rama de recolección ante lo que interpretaba como el vencimiento de los contratos porteños en octubre de 2024. Según esa lectura, el monto total a pagar rondaba los 200 millones de dólares. El problema: tal interpretación era errónea. Desde el gobierno porteño señalaron que la prórroga contractual se extiende hasta 2028 y que, por ende, no correspondía ningún pago extraordinario. Finalmente, tras una negociación que prometía desactivar cualquier sobresalto, se acordaron beneficios para trabajadores próximos a jubilarse y una serie de adicionales salariales, dejando de lado las indemnizaciones.

Pero el entendimiento no trajo calma. Apenas un mes después del acuerdo, comenzaron asambleas espontáneas entre los trabajadores de diferentes empresas, en las que se filtraron videos cargados de insultos, cuestionamientos a los delegados y ataques directos a Pablo Moyano. En uno de los registros que circuló desde la empresa Cliba, un trabajador mira a la cámara y dispara: “Pablito traidor”. Otros reclamaban garantías de que en 2028 se pagaría lo prometido, expresión que dejaba en evidencia que el conflicto interno estaba lejos de resolverse.

La pelea que atraviesa al sindicato tiene nombre y apellido: Hugo versus Pablo. En ese marco, las disputas se trasladen ahora al corazón de la rama de recolección, donde chocan dos estructuras. Por un lado, el sector encabezado por José “Teta” Garnica, un dirigente históricamente alineado con Hugo. Por el otro, los delegados que responden a Aparicio, quien se posicionó como referente de un espacio que busca mayor protagonismo y que, en el relato del moyanismo tradicional, quedó asociado a presuntos manejos irregulares en un hotel del gremio en Mar del Plata.

El conflicto escaló aún más luego de que Hugo Moyano desplazara a dos dirigentes de la conducción —Paulo Villegas y Claudio Balazic— tras una denuncia judicial presentada por Héctor “Yoyo” Maldonado, hombre de confianza del líder camionero, que derivó en una investigación penal. Como respuesta, aparecieron volantes anónimos arrojados desde una moto en la puerta del sindicato: acusaban a Aparicio de “robarle” al propio Moyano. Era una señal más de que la interna ya había salido plenamente a la superficie.

En este contexto, Garnica jugó su propia carta: convencer a Hugo Moyano de reflotar la antigua “Ley Moyano”, derogada de hecho hace un año, para así desviar la atención sobre las acusaciones internas y sumar respaldo entre los trabajadores. El reclamo de un “anticipo” de las indemnizaciones que —según Moyano— deberían pagarse en 2028 fue rechazado inmediatamente por el gobierno porteño. Las empresas tampoco avalaron la propuesta, aunque accedieron a mantener un canal de diálogo informal para evitar una escalada mayor.

La preocupación en el Ejecutivo porteño es concreta: que comiencen medidas de fuerza encubiertas que afecten la recolección, una herramienta que el sindicato históricamente supo utilizar para marcar territorio. La gestión de Jorge Macri sostiene que no cederá a presiones y recuerda que ya avanzó en otros conflictos, como el de las grúas o los controles más estrictos sobre el servicio.

Mientras tanto, la interna no da tregua. En las últimas semanas aparecieron pintadas pidiendo la vuelta de Pablo Moyano, quien también reapareció en un video retomando su perfil sindical y denunciando atropellos contra los trabajadores. A esto se sumó un violento enfrentamiento entre ambas facciones durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos, episodio que terminó de confirmar que la tensión se encuentra en uno de sus puntos más altos desde 2021, cuando la relación entre padre e hijo quedó fracturada por disputas vinculadas a la obra social del gremio.

El futuro inmediato es incierto y el conflicto amenaza con extenderse y complicarse aún más. Lo único seguro es que la interna camionera, lejos de apagarse, transita un nuevo capítulo de una saga que no parece encontrar su final.