El Senado recibe el proyecto que limita los DNU, tras la maniobra dilatoria de Martín Menem

• Martín Menem envió al Senado el proyecto que limita los DNU tras varios días de demora.
• La oposición denunció una maniobra dilatoria para evitar un traspié antes de las elecciones del 26 de octubre.
• El proyecto exige que ambas Cámaras ratifiquen los decretos, modificando la ley impulsada en 2006 por el kirchnerismo.
• El Senado deberá decidir si acepta los cambios o insiste con su versión original.
• El debate recién se dará la próxima semana, por lo que difícilmente llegue al recinto antes de los comicios.
• Desde Diputados niegan irregularidades y sostienen que el trámite se cumplió dentro de los plazos legales.

Finalmente, tras varios días de tensión y acusaciones cruzadas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, envió este jueves al Senado el proyecto de ley que restringe la capacidad del Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). El expediente había quedado trabado en la Cámara baja desde la semana pasada, luego de que se aprobara con modificaciones, lo que obligaba a un nuevo paso legislativo. El envío al Senado pone fin a una maniobra que, según la oposición, buscó ganar tiempo para evitar un golpe político al Gobierno en la antesala de las elecciones del 26 de octubre.

El texto aprobado en Diputados introduce una modificación sustancial a la ley 26.122, sancionada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner e impulsada por Cristina Fernández. La reforma obliga a que ambas Cámaras del Congreso se pronuncien sobre la validez de los decretos para que estos sean ratificados. Hasta ahora, bastaba la aprobación de una sola. El cambio, de aprobarse, alteraría el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, y podría limitar la herramienta de los DNU como instrumento político, algo que todos los gobiernos democráticos han utilizado con frecuencia.

Sin embargo, el proyecto también incluía un artículo que fue rechazado en Diputados: establecía un plazo de 90 días corridos para que el Congreso se expida sobre cada decreto, bajo pena de perder validez si no lo hacía. Ese artículo fue eliminado, y ahora el Senado deberá decidir si insiste con la versión original o acepta la modificada. El tratamiento recaerá en la Comisión de Asuntos Institucionales, presidida por Alejandra Vigo, senadora peronista disidente y referente del bloque Provincias Unidas, una de las impulsoras del proyecto.

El calendario político es clave: aun con el envío formal del expediente, el debate recién se daría la próxima semana, lo que prácticamente impide que el tema llegue al recinto antes de las elecciones. Para sesionar sin dictamen de comisión, el Senado necesitaría una mayoría especial de dos tercios, un objetivo improbable en el clima actual y tras los gestos de apoyo que algunos gobernadores realizaron hacia el oficialismo, dejando caer el polémico artículo 3.

Desde la oposición, la demora de Menem fue interpretada como una maniobra dilatoria con fines electorales. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) había enviado una nota formal exigiendo la “inmediata comunicación” del proyecto al Senado. “El presidente de la Cámara no puede frenar al Congreso por sus especulaciones políticas”, expresó. Luego, en redes sociales, agregó: “Es increíble que con trampas se intente frenar leyes que buscan reactivar el funcionamiento pleno del Congreso. El Gobierno procura impedir que las instituciones funcionen”.

Desde la presidencia de Diputados rechazaron las acusaciones y aseguraron que no existió ningún retraso fuera de los plazos razonables. Argumentaron que el viernes pasado no hubo actividad legislativa por el feriado y recordaron que la misma sesión en la que se aprobó el proyecto también incluyó la votación de varias interpelaciones —a Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones— que debían realizarse durante la semana. Además, destacaron que no existe un plazo legal para el envío de proyectos entre Cámaras, por lo que la remisión se habría hecho “en tiempo y forma”.

El trasfondo del conflicto tiene tanto de institucional como de político. Por un lado, se trata de un debate de fondo sobre los límites del presidencialismo argentino y el control parlamentario. Por el otro, ocurre en un contexto de máxima sensibilidad electoral, con un oficialismo que busca evitar una derrota parlamentaria que podría ser interpretada como un signo de debilidad antes de los comicios.

En este clima, la pulseada entre Menem y la oposición refleja algo más que una disputa reglamentaria: expone las tensiones internas del Congreso y la fragilidad del equilibrio de poderes en una Argentina donde la frontera entre la urgencia y el decreto sigue siendo difusa.