Congreso en ebullición: ofensiva opositora complica la estrategia libertaria

• Francos bajo presión: Diputados evalúa activar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras la decisión del Gobierno de no aplicar la ley de emergencia en discapacidad.
• Riesgo institucional: La moción de censura, prevista en la Constitución desde 1994, podría remover al principal articulador político del oficialismo, lo que sería un golpe a la gobernabilidad.
• Reforma de DNU: El Senado aprobó un proyecto que obliga a tratar los decretos en 90 días y requiere aval expreso de ambas Cámaras; la oposición busca sancionarlo antes del 10 de diciembre.
• Investigaciones abiertas: Comisiones legislativas avanzan en causas sensibles: muertes por fentanilo, presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad y el caso $Libra, con pedidos de comparecencia forzosa.
• Vetos en la mira: El Senado se encamina a rechazar los vetos de Milei a la emergencia en pediatría y al financiamiento universitario, dos proyectos con fuerte consenso opositor.
• Presupuesto y gobernadores: La oposición reclama citar a Caputo y empuja leyes para limitar la discrecionalidad en fondos; el oficialismo confía en aprobar su plan económico en diciembre con una nueva correlación de fuerzas.

El optimismo que se respira en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía tras el apoyo explícito del presidente estadounidense Donald Trump no encuentra eco en el Congreso, donde los libertarios enfrentan una seguidilla de ofensivas opositoras que amenazan con golpear el corazón de la estrategia oficialista. Mientras el Ejecutivo intenta capitalizar políticamente el respaldo externo, en el Parlamento se acumulan iniciativas que buscan ponerle límites a Javier Milei y debilitar la estructura de gobierno.

El malestar opositor alcanzó un nuevo pico en la Cámara de Diputados tras el anuncio de que la ley de emergencia en discapacidad, vetada por Milei pero sostenida por el Congreso, no será aplicada por falta de recursos presupuestarios. La reacción fue inmediata: varios bloques advirtieron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que están decididos a avanzar con una moción de censura, una herramienta prevista en el artículo 101 de la Constitución desde la reforma de 1994. Se trata de un mecanismo que permite remover al jefe de ministros por decisión política del Parlamento y que, de prosperar, significaría un golpe demoledor para la administración Milei.

Francos, considerado el principal articulador entre el Ejecutivo y las provincias, es visto por la oposición como el blanco más vulnerable. La moción de censura requiere dos pasos: primero, la aprobación de una interpelación con mayoría absoluta en cualquiera de las Cámaras; luego, la votación de la censura propiamente dicha, que también exige mayoría absoluta. La oposición ya baraja las fechas del 2 o el 8 de octubre para iniciar este proceso.

Sin embargo, la mayor preocupación del oficialismo se concentra en el Senado, donde dos semanas atrás se aprobó por amplia mayoría un proyecto para reformar la ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La propuesta introduce un giro de 180 grados: los decretos caerían si no son tratados en un plazo de 90 días y sólo se mantendrían vigentes con la aprobación explícita de ambas Cámaras. El cambio dejaría al Gobierno expuesto a que cualquier DNU pueda ser invalidado con mayoría simple en una de las Cámaras, algo que hasta ahora requería una mayoría negativa en las dos.

La oposición busca sancionar el proyecto antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, consciente de que después Milei podría blindarse con un tercio propio en el Congreso. Aunque el Presidente ya anticipó que vetará la reforma, el desafío opositor es reunir los dos tercios en ambas Cámaras para insistir con la norma.

Paralelamente, avanza la actividad de comisiones con temarios espinosos. La comisión investigadora del caso de muertes por fentanilo contaminado ya comenzó a funcionar, mientras que en la de Salud se apuran dictámenes para interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. También cobró fuerza la investigación del caso $Libra, donde la ausencia reiterada de funcionarios clave derivó en un pedido a la Justicia para que los obligue a comparecer con “auxilio de la fuerza pública”.

El Senado, en tanto, se prepara para rechazar definitivamente los vetos presidenciales a la emergencia en pediatría y al financiamiento universitario. Ambos proyectos cuentan con amplio consenso y, de prosperar, significarán un nuevo traspié para el oficialismo. La primera iniciativa busca reforzar el presupuesto de hospitales como el Garrahan y recomponer salarios de trabajadores de la salud; la segunda, garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y reabrir la paritaria del sector.

En Diputados, además, se negocia incluir en el temario el rechazo al veto de la ley que establece el reparto automático de los ATN y la media sanción para distribuir la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos. Se trata de iniciativas impulsadas por los gobernadores, que buscan limitar la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de fondos.

Las tensiones también se trasladaron a la comisión de Presupuesto, donde la oposición reclama la presencia del ministro Luis Caputo para explicar el plan económico y exigir que el rescate financiero de Washington pase por el Congreso. El oficialismo apunta a sancionar el Presupuesto en diciembre, con una nueva composición parlamentaria más favorable, mientras que los opositores trabajan para impedir prórrogas automáticas del esquema vigente desde 2023.

Lejos de quedar paralizado por el calendario electoral, el Congreso se convirtió en el epicentro de la disputa política. Con un temario cargado de leyes sensibles y votaciones decisivas, la actividad parlamentaria promete ser el escenario donde se definan los límites al poder presidencial en la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre.