El Gobierno confirma que no ejecutará la Ley de Discapacidad y desata una ofensiva opositora en el Congreso

• Mientras Milei mantiene reuniones internacionales en EE.UU., el Gobierno ratificó que no aplicará la Ley de Discapacidad hasta que el Congreso defina su financiamiento.
• La oposición acusó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de incumplir el mandato parlamentario y presentó una moción de censura para destituirlo.
• El oficialismo desestimó la medida y la calificó de “maniobra electoralista” en medio de la campaña para las elecciones del 26 de octubre.
• El proceso para removerlo requiere mayoría absoluta en ambas Cámaras, un escenario que por ahora luce incierto.
• Francos aseguró que asistirá a la interpelación si es convocado y defendió la postura del Ejecutivo como una cuestión de responsabilidad fiscal.
• En Balcarce 50 confían en el respaldo de los gobernadores y recuerdan que Milei podría reponerlo en el cargo incluso si prospera la moción.

Mientras el presidente Javier Milei mantiene reuniones con líderes mundiales en Estados Unidos y celebra la llegada de nuevos préstamos de organismos internacionales para reforzar su programa económico, en Buenos Aires crece un frente interno: varios bloques opositores avanzaron con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusándolo de incumplir la ley de emergencia en pediatría.

La norma, que había sido vetada por el Ejecutivo pero reinstaurada por el Congreso, fue promulgada en el Boletín Oficial, aunque el decreto aclaró que no se aplicará hasta que los legisladores definan el financiamiento para los aumentos que prevé. Para la oposición, esa decisión representa una desobediencia abierta al Parlamento. “Francos no está cumpliendo su deber constitucional de respetar las decisiones del Congreso”, cuestionaron referentes de distintas bancadas, que primero reclaman interpelarlo y, como última instancia, destituirlo.

El artículo 101 de la Constitución Nacional —incorporado en la reforma de 1994— habilita este mecanismo: el jefe de Gabinete “puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara”. Sin embargo, en la Casa Rosada califican la movida como “una maniobra electoralista sin sustento” y minimizan las posibilidades de que prospere. “No es un rechazo a la ley por capricho, sino una diferencia de criterios entre poderes. El Congreso debe indicar de dónde saldrán los recursos para cualquier gasto extra, y no lo hizo”, argumentaron fuentes oficiales.

El oficialismo también apuesta a los gobernadores, con quienes Milei retomó el diálogo tras semanas de tensión, para que desactiven la iniciativa. “Cambiar al interlocutor en este momento no conviene a nadie. Francos siempre mantuvo canales abiertos”, sostienen en Balcarce 50.

A nivel legislativo, el proceso es complejo: el pedido debe primero sortear la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Nicolás Mayoraz. Luego necesitaría dictamen y, finalmente, una mayoría absoluta en ambas Cámaras, un escenario que hoy no aparece asegurado. “Por ahora no sabemos si llegarán a los números. Es puro show electoral”, ironizó un diputado de La Libertad Avanza.

En paralelo, el Gobierno calcula que el ruido bajará tras las elecciones del 26 de octubre. “Hay quienes se envalentonaron tras nuestra derrota, pero cuando pase la campaña, el panorama será otro. Esto es excesivo y meramente político”, señalaron fuentes presidenciales.

El propio Francos se mostró dispuesto a dar explicaciones: “Si aprueban la interpelación, voy a concurrir y debatir lo necesario. No tengo temor alguno. Es la primera vez que se activa esta herramienta contra un jefe de Gabinete, pero está en la Constitución y lo respeto”, afirmó en una entrevista radial. Incluso desde el PRO, socio ocasional del oficialismo, consideran exagerada la ofensiva: “No existen condiciones objetivas ni subjetivas para una medida así”.

En última instancia, en Balcarce 50 recuerdan que, aún si prosperara la remoción, el presidente Milei podría volver a nombrar a Francos de inmediato. La pulseada, más allá de su desenlace, revela el clima de confrontación en un Congreso donde la campaña electoral exacerba las tensiones y pone a prueba los equilibrios institucionales que surgieron con la reforma constitucional de los noventa.