Esteban Bullrich cuestiona al Gobierno de Milei por frenar la difusión de audios de Karina Milei

• Esteban Bullrich criticó al Gobierno de Javier Milei por intentar frenar la difusión de audios de Karina Milei.
• Bullrich cuestionó la elección del juez Alejandro Maraniello, señalado por ocho denuncias por acoso sexual, para dictar la medida cautelar.
• El fallo prohíbe la difusión de los audios en medios, redes sociales y cualquier plataforma digital.
• El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, solicitó allanamientos a Canal Carnaval, periodistas y un abogado vinculado a la causa.
• El Gobierno justificó la acción alegando una “operación ilegal de inteligencia” de sectores opositores para influir en la opinión pública y desestabilizar la economía.
• La polémica abrió un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la intervención del Estado en medios y justicia.

El ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, se sumó a la creciente polémica en torno a la denuncia presentada por el Gobierno para evitar la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. A través de su cuenta de X, Bullrich cuestionó la decisión del Ejecutivo y puso en duda la designación de un juez con denuncias previas por acoso sexual.

«¿Hay algo más casta que buscar un juez denunciado por abuso para limitar la libertad de expresión?», escribió el ex funcionario, utilizando de manera sarcástica la muletilla del presidente Javier Milei, «Viva la libertad, carajo». Bullrich criticó de manera explícita la medida judicial solicitada por el Gobierno, que incluye allanamientos a medios de comunicación y periodistas que difundieron los audios atribuidos a Karina Milei, hermana del Presidente.

El debate se intensifica en medio de un escenario político sensible: se trata de un contexto de semanas previas a las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, donde la información difundida y los mecanismos de control mediático adquieren un peso decisivo en la opinión pública. Desde el Gobierno Nacional, se sostiene que las filtraciones forman parte de «una operación ilegal de inteligencia en su contra, por parte de sectores peronistas con respaldo de ex servicios rusos y agentes venezolanos». Según la versión oficial, el objetivo de estas acciones sería influir de manera ilegal sobre la opinión pública y desestabilizar los principales indicadores económicos del país.

El fallo judicial, emitido por el magistrado en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, decretó la medida cautelar que limita la difusión de los audios. Según el texto oficial, «Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa del Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 de agosto de 2025, que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual, así como en redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».

Paralelamente, el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, solicitó allanamientos a distintos actores vinculados a la difusión de los audios. Entre ellos, el canal de streaming Carnaval, donde se emitieron por primera vez, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y el abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, a quien el Gobierno acusa de actuar como «operador judicial vinculado al exdirector de la SIDE, Fernando Pocino». Estas medidas se suman a una escalada que ya había generado críticas desde distintos sectores políticos y mediáticos, en el marco de un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la intervención del Estado sobre el trabajo periodístico.

Bullrich no solo puso en tela de juicio la estrategia del Gobierno, sino que también cuestionó la elección del juez Maraniello, señalando las denuncias que pesan en su contra. Su crítica refleja una preocupación más amplia sobre los alcances de las medidas judiciales y el impacto que estas pueden tener sobre la prensa y la transparencia institucional. La situación generó un cruce de versiones entre el oficialismo y los referentes de la oposición, en el que la discusión sobre la legalidad y la ética de las intervenciones se vuelve central.

La combinación de denuncias, medidas cautelares y allanamientos sitúa al debate en un terreno político y judicial complejo. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de proteger la estabilidad institucional y económica, sectores opositores y figuras de la política como Bullrich advierten sobre un posible uso discrecional del poder para controlar la información y limitar la libertad de expresión. La controversia promete seguir escalando en los próximos días, con la mirada puesta en los tribunales y en los canales de comunicación que fueron alcanzados por las medidas oficiales.

En este contexto, la discusión sobre los límites de la intervención estatal en los medios y el rol de la justicia se ha convertido en un eje central de la agenda política argentina, con implicancias que trascienden la disputa inmediata sobre los audios de Karina Milei.