Ola de críticas al Gobierno por la cautelar que prohíbe difundir los audios de Karina Milei

• El Gobierno denunció una “operación de inteligencia” y obtuvo una cautelar del juez Alejandro Maraniello que prohíbe difundir los audios de Karina Milei grabados en Casa Rosada.
• La medida fue presentada como una protección institucional, pero la oposición la calificó como un caso de censura previa prohibida por la Constitución.
• Patricia Bullrich pidió además allanar medios y periodistas vinculados al canal Carnaval, lo que intensificó las críticas por autoritarismo.
• Maximiliano Ferraro y Martín Lousteau denunciaron que el fallo busca silenciar denuncias de corrupción y viola el secreto de las fuentes periodísticas.
• Dirigentes del peronismo y de la izquierda también repudiaron la cautelar, advirtiendo sobre un retroceso democrático y acusando al Gobierno de Milei de miedo y desesperación.
• El juez Maraniello enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual, lo que acrecienta la polémica en torno a su fallo.

La filtración de audios que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, derivó en un terremoto político y judicial. El Gobierno denunció una supuesta “operación de inteligencia” destinada a desestabilizar al Poder Ejecutivo en plena campaña electoral y obtuvo una medida cautelar del juez Civil y Comercial Alejandro Maraniello que prohíbe la difusión de las grabaciones. Sin embargo, el fallo desató una fuerte polémica: la oposición lo calificó como un caso flagrante de censura previa y apuntó tanto contra el Ejecutivo como contra el magistrado, quien arrastra múltiples denuncias en el Consejo de la Magistratura.

La decisión judicial y la reacción del oficialismo

El viernes pasado, en simultáneo con la revelación de nuevas escuchas de Karina Milei en la Casa Rosada, el juez Maraniello dictó una cautelar que impide la difusión de más audios. La medida se originó en una presentación de la hermana del Presidente, que consideró ilegal la grabación dentro de la sede del Poder Ejecutivo. El vocero Manuel Adorni fue el encargado de comunicar el fallo y remarcar que se trataba de una acción destinada a proteger “los intereses estatales comprometidos”.

La resolución coincidió con la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que acusa a un grupo de periodistas y al canal de streaming Carnaval de haber articulado una maniobra de inteligencia irregular con fines desestabilizadores. Entre las medidas solicitadas, figura el allanamiento de medios y la investigación a comunicadores que difundieron las filtraciones.

Acusaciones de censura

Las reacciones opositoras no tardaron en llegar. Maximiliano Ferraro, líder de la Coalición Cívica, criticó la cautelar: “Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés hecho a medida del Gobierno. El juez ni siquiera escuchó los audios y decidió prohibirlos por si acaso”. El dirigente también cuestionó los antecedentes del magistrado: “Un juez denunciado por abuso sexual y acoso laboral decide qué puede o no publicar la prensa. El gobierno de Milei prefiere callar periodistas antes que explicar las denuncias de corrupción”.

En la misma línea se expresó Martín Lousteau, titular de la UCR: “El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas es un acto de autoritarismo sin precedentes. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de denuncias de corrupción vinculadas al robo de fondos destinados a personas con discapacidad”. Lousteau recordó que en 2014 la propia Bullrich denunció como censura una medida similar y ahora, como ministra, la avala.

Críticas desde todo el arco opositor

El repudio atravesó a distintas fuerzas políticas. La diputada Graciela Ocaña publicó un breve pero contundente mensaje: “No a la censura”. Desde Unión por la Patria, el jefe de bloque Germán Martínez calificó la resolución como “escandalosa” y advirtió que “avala el cercenamiento de la libertad de prensa y expresión, en sintonía con los deseos del Gobierno de Milei”.

Victoria Tolosa Paz fue más lejos: “Cuando un Gobierno está desesperado, pasan estas cosas. Le tienen miedo al contenido de los audios y recurren a la censura”. Por su parte, Juliana Di Tullio apuntó directamente contra el Presidente: “Nada más peligroso para la democracia que un mandatario autoritario y asustado”.

En el Senado, Anabel Fernández Sagasti ironizó: “Venían en nombre de la libertad y coso”. Esteban Paulón, del socialismo santafesino, también cargó contra Maraniello: “Casualidad o no, la causa para silenciar los audios cayó en el juzgado de un magistrado denunciado por acoso sexual y violencia de género”.

La izquierda tampoco se quedó afuera. Myriam Bregman advirtió: “Un gobierno desesperado impone censura previa, persigue y amedrenta a periodistas. Como en los peores momentos, vuelve a cobrar fuerza la frase de Rodolfo Walsh: ‘Derrote el terror, haga circular esta información’”.

Un juez bajo la lupa

El foco de las críticas también se concentró en el juez Maraniello. El magistrado enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual a empleadas. La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial llegó a pedir en 2024 presencia policial permanente en su juzgado para resguardar la integridad de los trabajadores.

La conjunción entre un fallo que limita la difusión de información sensible y los cuestionamientos al juez que lo firmó generó una tormenta política que promete escalar en la recta final hacia las elecciones. El Gobierno busca blindar a Karina Milei y reposicionar la narrativa de la “operación de inteligencia”, pero enfrenta un frente opositor unido en defensa de la libertad de prensa y crecientes dudas sobre el alcance real de la medida judicial.