Francos califica como “operación política” las acusaciones en la ANDIS y defiende a Lule Menem

• Guillermo Francos calificó como “operación política” las acusaciones por supuestas coimas en la ANDIS, apuntando a un intento de influir en la campaña electoral.
• El jefe de Gabinete defendió a Lule Menem, asegurando que no existen evidencias que lo vinculen con corrupción, a diferencia de Diego Spagnuolo, apartado tras difundirse audios.
• La decisión sobre Spagnuolo fue consensuada con el presidente Javier Milei, quien coincidió en cesarlo tras 24 horas de análisis.
• Francos afirmó que el escándalo no ha tenido impacto en la opinión pública ni modificará la intención de voto hacia octubre.
• El Gobierno mantiene que la filtración de audios responde a una estrategia de desgaste político y electoral, separando la dimensión judicial de la mediática.
• La administración reafirma su enfoque en decisiones basadas en evidencia concreta, defendiendo la gestión institucional y la agenda electoral.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce de las recientes denuncias sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y aseguró que se trata de una “operación política” destinada a dañar al Gobierno en plena campaña electoral. En declaraciones a Radio Rivadavia, Francos defendió la decisión del oficialismo de no apartar del cargo a Eduardo “Lule” Menem, a pesar de que su nombre aparece mencionado en audios difundidos por el ex funcionario Diego Spagnuolo.

Para el jefe de ministros, la difusión de las grabaciones un día antes del debate en la Cámara de Diputados sobre la ley de emergencia en Discapacidad demuestra que detrás de la denuncia existe una intención política clara. “Es un intento por influir en el electorado. La Justicia está investigando y cualquier agregado que quieran hacer quienes generaron este intento de operación, deberán presentarlo en tribunales”, subrayó Francos, dejando en claro que el Gobierno busca separar la dimensión judicial de la mediática.

Impacto limitado en la opinión pública

Francos relativizó el efecto que el escándalo podría tener sobre las próximas elecciones. “No ha tenido un efecto en la opinión pública en el sentido de las elecciones. Al 26 de octubre seguimos viéndonos muy bien”, afirmó, confiado en que la estrategia de desgaste hacia el oficialismo no modificará la intención de voto de los electores. Para el jefe de Gabinete, la exposición mediática de los audios no equivale a un impacto real sobre la percepción ciudadana en torno a la gestión del presidente Javier Milei.

Diferencias en la respuesta del Gobierno

El funcionario explicó por qué se decidió apartar a Spagnuolo y no a Lule Menem. “Tomar una decisión con Lule Menem sería señalarlo como si hubiera tenido algo que ver con hechos de corrupción, y no está en las miras del Gobierno. A Spagnuolo sí, porque se hicieron públicos los audios y él no dio ninguna explicación. Si eran reales, debió ir a la Justicia; y si eran falsos, debió desmentirlos”, sostuvo.

Francos detalló que la decisión sobre Spagnuolo fue consensuada con el presidente Milei: “El Presidente esperó 24 horas, yo le di mi impresión de que debía ser cesado y él coincidió totalmente. Me parece que hicimos lo que teníamos que hacer y el Presidente tomó la medida que tenía que tomar”. En contraste, la defensa de Lule Menem se fundamenta en la falta de evidencia concreta que lo vincule con irregularidades, según el jefe de Gabinete.

Operación electoral y contexto político

El Gobierno insiste en que las acusaciones forman parte de una estrategia de desgaste político con fines electorales. La filtración de audios y la exposición mediática de los mismos se producen en un momento sensible, justo antes de importantes votaciones en el Congreso y a pocas semanas de los comicios de octubre. Francos calificó este tipo de maniobras como un “intento de operación política” que busca afectar la campaña del oficialismo, pero remarcó que la justicia seguirá su curso de manera independiente.

En paralelo, el Ejecutivo sostiene que la opinión pública está evaluando la gestión en función de resultados concretos y no de filtraciones mediáticas. Según Francos, los intentos de vincular a miembros de la mesa chica con actos de corrupción no lograron alterar la percepción ciudadana sobre el Gobierno ni la intención de voto.

Un frente judicial y político abierto

Mientras la justicia continúa investigando la veracidad de los audios, el Gobierno mantiene la postura de separar la dimensión judicial de la mediática, y insiste en que cualquier prueba o agregado adicional deberá presentarse en tribunales. La estrategia oficial apunta a reducir el efecto político de la operación, destacando que las decisiones sobre la continuidad de funcionarios se toman en función de la evidencia concreta y la responsabilidad institucional.

En este marco, Francos reafirma la postura del oficialismo: la exposición de los audios responde a un intento de presión electoral, y no a hechos probados de corrupción. La defensa de Lule Menem se convierte así en un mensaje claro de que el Gobierno no cederá ante operaciones mediáticas y seguirá priorizando la gestión institucional y la planificación de la agenda electoral hacia octubre.