El Gobierno judicializa la filtración de audios de Karina Milei y denuncia una ‘maniobra golpista

• El Gobierno presentó una denuncia judicial para instalar la idea de que la filtración de audios de Karina Milei responde a una “maniobra golpista” y una “operación de inteligencia no institucional”.
• La denuncia, firmada por el abogado de Patricia Bullrich, pide medidas cautelares, allanamientos y apunta contra el canal de streaming Carnaval y periodistas vinculados a la difusión.
• El juez Alejandro Marianello ordenó frenar la divulgación de nuevos audios, en una cautelar solicitada por Karina Milei; la decisión no estuvo exenta de polémicas por denuncias previas contra el magistrado.
• En la Casa Rosada crece la preocupación por el impacto político del escándalo en plena campaña electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
• El oficialismo enfrenta, además, la debilidad de su programa económico y la presión opositora en el Congreso, lo que alimenta la sensación de “tormenta perfecta”.
• Paralelamente, la diputada Marcela Pagano denunció amenazas recibidas en Telegram, aunque desligó su caso de la ofensiva judicial del Ejecutivo. 

La Casa Rosada decidió contraatacar en el escándalo por la difusión de audios de Karina Milei y, a través de una denuncia judicial presentada por el Ministerio de Seguridad, instalar la narrativa de que el oficialismo es víctima de una “operación de inteligencia no institucional” y de una “maniobra golpista”. La presentación, firmada por el abogado Fernando Soto en representación de Patricia Bullrich, recayó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini, el mismo que investiga al ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros.

El giro en la estrategia oficial había sido anticipado el domingo por un asesor cercano al Presidente: “Convirtieron todo en una operación política. Se pasaron de rosca”. El diagnóstico se tradujo en la decisión de llevar el caso a la Justicia, mover el eje de la discusión y frenar el impacto político que generaron los audios difundidos por el canal de streaming Carnaval.

La ofensiva judicial

La denuncia reclama medidas cautelares urgentes para impedir nuevas filtraciones y solicita expresamente el allanamiento de las oficinas de Carnaval, así como de los domicilios de su propietario y de los periodistas que encabezaron la difusión. Entre los apuntados figura el esposo de la diputada Marcela Pagano, señalado por el Gobierno como pieza clave de la presunta operatoria de espionaje.

El escrito sostiene que lo ocurrido constituye un “ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia prohibida por la Ley 25.520”. Además, advierte que la filtración de conversaciones privadas representa “una injerencia sin precedentes en la vida política del país” y forma parte de una maniobra opositora destinada a “influir ilegítimamente en la opinión pública, desestabilizar la economía e incidir en el proceso electoral”.

La presentación judicial enfatiza el momento político en el que se producen las revelaciones: en la recta final hacia las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre, y a menos de dos meses de los comicios nacionales.

El fallo que prohíbe nuevas filtraciones

Casi en simultáneo con el anuncio del vocero Manuel Adorni, el juez Civil y Comercial Alejandro Marianello ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados a Karina Milei. Se trató de una medida cautelar a pedido de la secretaria general de la Presidencia, quien había presentado su reclamo el mismo día en que se conocieron las primeras grabaciones.

El fallo, según el magistrado, no implica censura previa, sino la protección de “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos” ante la amenaza de que se difundan nuevos registros en los próximos días. La decisión judicial, sin embargo, no escapó a la controversia: Marianello enfrenta denuncias en el Consejo de la Magistratura por acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y abuso de poder.

La crisis política y económica

Dentro del oficialismo crece la preocupación por el efecto del escándalo en la campaña y en la estabilidad interna del Gobierno. “Siento que vamos a ser un punching ball hasta octubre. Si no nos va como queremos el domingo, el efecto se espiraliza”, admitió un funcionario libertario. En la Rosada circula la certeza de que nuevos programas periodísticos apuntarán a otros ministros de peso, lo que aceleró las gestiones judiciales para blindar a la administración.

La tormenta llega en un momento de debilidad política y económica. La oposición avanza en el Congreso con proyectos que el oficialismo no logra frenar, mientras analistas del mercado cuestionan la credibilidad del programa económico. La volatilidad se refleja en la tasa de interés, el tipo de cambio y la presión sobre los encajes bancarios.

En paralelo, la interna libertaria sigue latente: las tensiones entre el círculo de Karina Milei y el sector de Santiago Caputo no se resolvieron, aunque el escándalo obligó a una coordinación circunstancial en la estrategia comunicacional.

Un clima enrarecido

El oficialismo teme una derrota clara en la provincia de Buenos Aires, con impacto en el humor de los mercados y en la motivación de la militancia. “El 3% ya se hizo meme y nos manchó a todos”, reconocen en despachos oficiales.

Como si faltaran ingredientes, la diputada Marcela Pagano presentó su propia denuncia penal tras recibir mensajes intimidatorios en Telegram, aunque su entorno aclara que no tiene vínculo con la ofensiva del Gobierno. La acumulación de frentes abiertos refuerza la sensación de “tormenta perfecta” que atraviesa a la gestión libertaria, justo cuando el calendario electoral aprieta y la figura de Karina Milei queda en el centro de la escena.