Argentina pide a la justicia de Nueva York reconsiderar entrega de comunicaciones en el caso YPF

• Argentina solicitó a la jueza Loretta Preska que reconsidere la entrega de comunicaciones electrónicas de funcionarios vinculados al caso YPF.
• La medida incluye correos, WhatsApp y otros mensajes de ministros de Economía como Luis Caputo y Sergio Massa, entre otros funcionarios.
• La entrega se limitaría a búsquedas por palabras clave, sin requerir teléfonos completos ni todos los contenidos.
• Los demandantes, fondos Burford y Eton Park, buscan probar que entidades como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación operan como “alter ego” del Estado.
• La Corte de Apelaciones de EE. UU. suspendió la entrega del 51% de acciones estatales en YPF hasta que se resuelva la apelación de fondo.
• Argentina podría apelar la decisión sobre las comunicaciones si Preska mantiene su pedido, en un proceso que sigue en desarrollo y genera alta atención internacional.

El Estado argentino solicitó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que reconsidere su decisión de exigir la entrega de comunicaciones electrónicas de funcionarios nacionales vinculados al caso YPF. La solicitud incluye correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de funcionarios que participaron en las gestiones de Javier Milei, Alberto Fernández y ministros de Economía como Luis Caputo y Sergio Massa.

La noticia fue difundida por el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales, donde adelantó que, en caso de una negativa de la magistrada, Argentina podría avanzar en una apelación de la medida. La intención oficial es preservar la privacidad de los funcionarios y limitar la entrega de información únicamente a contenidos estrictamente relevantes para la causa.

El pedido inicial de Preska, emitido a mediados de julio, no exige la entrega total de los teléfonos ni de todas las comunicaciones de los funcionarios, sino que se enfoca en búsquedas por palabras clave relacionadas con YPF, Aerolíneas Argentinas y otros organismos estatales. Esta medida responde a la estrategia de los demandantes —fondos Burford y Eton Park— de demostrar que entidades como YPF, Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino. Si lograran probar esta relación, podrían embargar los activos de estas compañías para garantizar el pago de la sentencia por 16.000 millones de dólares.

La exigencia de entregar comunicaciones privadas se inscribe dentro de un contexto judicial más amplio, que comenzó tras la sentencia que condenó a Argentina a pagar a los fondos internacionales mencionados. A raíz de ese fallo, la jueza Preska también había ordenado la entrega del 51% de las acciones del Estado en YPF, medida que el Gobierno argentino logró suspender mediante la intervención de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.

Hace dos semanas, la Corte de Apelaciones estadounidense decidió suspender temporalmente la orden de Preska mientras avanza el proceso de apelación de la sentencia. De esta forma, la exigencia de entregar la participación estatal en la petrolera quedó en pausa hasta que se resuelva el fondo del caso, cuyo trámite se espera comience a fines de septiembre. El Gobierno argentino ya había anticipado que, de ser necesario, recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos para frenar la medida.

En el marco de esta disputa judicial, la solicitud de reconsideración sobre la entrega de comunicaciones electrónicas refleja la estrategia argentina de limitar el alcance de la información a la que pueden acceder los demandantes. Las búsquedas se centrarán en términos específicos vinculados a la causa y no en la totalidad del contenido de los dispositivos de los funcionarios. Esta distinción es clave para proteger la privacidad y la confidencialidad de los datos personales y profesionales de los funcionarios involucrados.

El caso YPF sigue siendo un foco de atención internacional, tanto por la magnitud de la deuda comprometida como por las implicancias políticas y económicas para el Estado argentino. La eventual entrega de información sensible podría tener repercusiones en la gestión de compañías estratégicas y en la estrategia financiera del país frente a acreedores internacionales.

Por lo pronto, el Gobierno busca una combinación de medidas legales que le permitan ganar tiempo: la suspensión de la entrega de acciones en YPF, la apelación de la sentencia y la reconsideración de la entrega de comunicaciones. Todas ellas apuntan a proteger los intereses del Estado argentino mientras se tramita la causa en tribunales estadounidenses, un proceso que todavía mantiene múltiples capítulos abiertos y cuyos próximos meses serán determinantes para la resolución del conflicto.

En resumen, Argentina apuesta a limitar el alcance de la información requerida por los fondos litigantes, preservando la privacidad de sus funcionarios y evitando medidas que puedan comprometer la gestión de empresas estratégicas. La decisión de Loretta Preska y la eventual respuesta de la Corte de Apelaciones definirán los próximos pasos de un caso que sigue generando tensión política y financiera a nivel internacional.