Los proyectos de los gobernadores podrían costarle más de $2 billones al Tesoro Nacional

• El Congreso analiza dos proyectos que automatizan la distribución de ATN e ICL, reduciendo la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y transfiriendo fondos a provincias y CABA.
• Según un informe de Nadín Argañaraz, estas reformas podrían implicar una pérdida de más de $2 billones para el Tesoro Nacional en 2025.
• La automatización de los ATN permitiría a provincias y CABA recibir entre $277.641 y $370.188 millones adicionales, según el dictamen aplicado.
• La modificación del ICL propone aumentar la participación provincial del 25% al 42%-58%, sumando hasta $1,58 billones a jurisdicciones subnacionales.
• Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza serían las principales beneficiadas en términos absolutos por ambos proyectos.
• El Gobierno advierte que la reducción de ingresos compromete la capacidad de maniobra fiscal, mientras que las provincias ganarían previsibilidad y autonomía para planificar sus gastos.

En medio de crecientes tensiones entre la Casa Rosada y los gobernadores, el Congreso avanza con dos proyectos de ley que podrían redefinir la distribución de recursos fiscales en 2025, generando un impacto directo sobre las cuentas nacionales. Se trata de iniciativas para automatizar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuya administración hoy recae con alto grado de discrecionalidad en el Poder Ejecutivo. De aprobarse, las reformas implicarían una transferencia significativa de fondos hacia provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, limitando la capacidad del Gobierno para administrar la caja central.

Un informe técnico del economista Nadín Argañaraz estima que los cambios podrían significar una pérdida de recursos para el Tesoro Nacional superior a $2 billones en 2025, tomando como referencia la recaudación proyectada y datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y de ARCA. La magnitud de la transferencia ya despierta preocupación en el Ejecutivo, que advierte sobre el riesgo para el equilibrio fiscal, especialmente en un contexto de negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Automatización del reparto de ATN

Actualmente, los ATN se distribuyen discrecionalmente desde el Ministerio del Interior. El dictamen de mayoría propone aplicar automáticamente criterios de coparticipación, mientras que la versión de minoría plantea transferir únicamente los fondos no ejecutados al cierre del ejercicio fiscal. Entre 2017 y 2024, sin contar los años de pandemia, solo se distribuyó un 25% de los recursos disponibles.

Si se implementa el nuevo esquema, las provincias y CABA recibirían en 2025 un extra de $370.188 millones bajo el dictamen de mayoría, o $277.641 millones según la versión de minoría. En términos concretos, la provincia de Buenos Aires sumaría $78.522 millones adicionales, Córdoba $31.570 millones, Santa Fe $31.936 millones, Mendoza $14.991 millones y la Ciudad de Buenos Aires $8.820 millones.

ICL: la transferencia más controversial

La modificación en la distribución del ICL se perfila como la medida más debatida. Actualmente, solo el 25% de la recaudación se distribuye a provincias y CABA. El dictamen de mayoría propone elevar ese porcentaje al 58%, mientras que la minoría lo llevaría al 42%. Con una recaudación proyectada de $4,8 billones para 2025, la iniciativa más ambiciosa redirigiría $1,58 billones adicionales hacia jurisdicciones subnacionales, y la versión moderada $814.000 millones.

La provincia de Buenos Aires se consolidaría como la mayor beneficiada, pasando de $203.058 millones a $471.435 millones. Córdoba recibiría $173.881 millones, Santa Fe $170.484 millones y Mendoza $113.036 millones, en términos absolutos.

Hacia menos discrecionalidad y más previsibilidad

Ambos proyectos buscan reemplazar la discrecionalidad del Ejecutivo por fórmulas automáticas, lo que otorgaría mayor previsibilidad a las jurisdicciones y autonomía para planificar sus gastos. Sin embargo, desde el Gobierno advierten que una reducción de ingresos de más de $2 billones compromete la capacidad de maniobra macroeconómica. Los ATN y el ICL son actualmente herramientas clave para ajustar políticas fiscales y contener el déficit, por lo que la transferencia automática podría limitar la gestión de Milei y su equipo económico.

El debate legislativo apenas comienza, pero el impacto fiscal ya genera ruido y promete marcar la agenda política de los próximos meses. Entre provincias que buscan mayor autonomía y un Ejecutivo que defiende el control de la caja, la negociación se perfila como un capítulo clave en la relación entre Nación y subnacionales, con la economía y la política fiscal en el centro de la disputa.