Provincias avanzan con dictámenes clave, pero el Gobierno contraataca con propuestas alternativas

• En Diputados se debatieron dos proyectos con media sanción del Senado y apoyo unánime de gobernadores: reparto automático de ATN y coparticipación del impuesto a los combustibles.
• El oficialismo presentó dictámenes alternativos con cambios que reducen los fondos a las provincias y modifican los mecanismos de distribución.
• La jugada busca dividir el bloque de gobernadores, atrayendo a aliados potenciales.
• Hubo ausencias y alineamientos llamativos en las comisiones, interpretados como señales políticas.
• En el caso de combustibles, la versión libertaria mantiene más recursos para la Nación y se presenta como medida de transparencia.
• Algunos mandatarios ven en la propuesta oficialista una salida ante un posible veto presidencial.
• Se perfila una negociación selectiva del Gobierno frente a un frente provincial mayoritario que intenta blindar los textos originales.

La pulseada entre los gobernadores y la Casa Rosada sumó ayer un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados, con la firma de dictámenes para dos proyectos de alto impacto fiscal: la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos. Aunque ambos textos llegaron con media sanción del Senado y con el respaldo de todos los mandatarios provinciales, el oficialismo presentó dictámenes alternativos que introducen modificaciones y buscan romper la unidad del frente provincial.

En la comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto sobre ATN obtuvo dictamen de mayoría —27 firmas— con el apoyo de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Innovación Federal y Encuentro Federal. Este despacho reproduce el texto aprobado por la Cámara alta, que establece un reparto automático de esos fondos a las provincias. Sin embargo, la bancada oficialista presentó un dictamen de minoría con 15 firmas (La Libertad Avanza, PRO, el radical Lisandro Nieri y la sanjuanina Nancy Picón) que plantea cambios en el mecanismo de distribución: los ATN no utilizados en el año se pagarían mensualmente a las provincias una vez cerrado el ejercicio fiscal.

El gesto fue leído por referentes opositores como una jugada para abrir una negociación selectiva con los gobernadores más cercanos al Ejecutivo. “El Gobierno lo hace para contener a los que ya son aliados del Gobierno”, sintetizó un dirigente peronista. En paralelo, se anotaron ausencias y alineamientos llamativos. Faltó, por ejemplo, el cordobés Ignacio García Aresca, ligado al gobernador Martín Llaryora, uno de los impulsores de la iniciativa en el Senado y crítico del Presidente. También sorprendió que Nieri, mano derecha de Alfredo Cornejo —quien firmó el proyecto original—, terminara acompañando el dictamen libertario.

En el tablero político, cada presencia fue interpretada como señal. Silvana Ginocchio, diputada catamarqueña y pareja del gobernador Raúl Jalil, participó de la comisión, algo inusual para los representantes de su provincia, que suelen moverse con autonomía dentro de Unión por la Patria. Su asistencia se leyó como un respaldo explícito a la postura de Jalil.

El segundo round se dio en un plenario de comisiones para tratar el proyecto que redistribuye lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos. La propuesta del Senado elimina fideicomisos y fondos nacionales que, según la oposición, concentran recursos y distorsionan precios: entre ellos, el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el de Transporte, el Sistema Vial Integrado y el Fondo Compensador del Transporte. Los recursos pasarían a repartirse entre Nación y provincias bajo los criterios de la Ley de Coparticipación.

La media sanción establece un reparto del 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad. La distribución provincial se haría 25% en partes iguales y 75% según los índices de coparticipación, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego.

Pero, al igual que con los ATN, el oficialismo puso sobre la mesa su propia versión: 32% para el Tesoro, 40% para las provincias y 28% para Seguridad. Desde La Libertad Avanza defendieron la iniciativa como un avance hacia la transparencia. “Con este dictamen terminamos con la caja política de fideicomisos opacos. Ahora, cada peso que se cobra en impuestos a los combustibles será transparente, previsible y llegará a las provincias según la ley”, sostuvo la diputada Lorena Villaverde, presidenta de la comisión de Energía.

Para algunos mandatarios, la propuesta libertaria, aunque menos generosa que la media sanción del Senado, podría ser la única salida viable ante un eventual veto presidencial. “Es nada o es esto”, resumieron cerca de un gobernador.

La estrategia de la Casa Rosada parece clara: no confrontar de frente con todos los gobernadores, sino tentar a sectores dispuestos a negociar con un esquema más controlado de distribución de fondos. Del otro lado, la mayoría opositora en las comisiones busca blindar los proyectos originales para que lleguen al recinto con fuerza suficiente. El desenlace dependerá no solo de las correlaciones numéricas, sino también de cómo se muevan los gobernadores y de cuán dispuesto esté el oficialismo a vetar iniciativas que cuentan con amplio respaldo federal.

Con el debate ya instalado, lo que viene es una partida de ajedrez fiscal y política, donde cada jugada puede redefinir alianzas y tensiones en un Congreso que sigue funcionando como escenario central de la disputa por los recursos.