Milei endurece su señal fiscal en medio de la tensión legislativa y el calendario electoral

• Milei anunció por cadena nacional dos medidas: prohibición formal de que el Tesoro se financie con emisión monetaria y proyecto de ley para sancionar presupuestos con déficit fiscal.
• La primera ya se aplicaba de hecho, pero busca formalizarla; la segunda incluye sanciones penales y enfrenta resistencia constitucional y legislativa.
• El Congreso está en clima hostil: el oficialismo sufrió 12 derrotas recientes y la oposición impulsa proyectos con alto costo fiscal, con apoyo de gobernadores.
• Estos proyectos y la reversión de vetos presidenciales podrían impactar negativamente en la meta de déficit cero, con un costo de hasta 1,2% del PBI en 2025.
• El FMI mantiene confianza en la gestión Milei-Caputo, pero los mercados están atentos a la política.
• El Gobierno exhibe superávit primario y financiero acumulados en 2024, pero admite que habrá alta volatilidad electoral.
• El proyecto de penalización del déficit será un nuevo foco de conflicto en el Congreso y su viabilidad política es incierta.

El presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional para anunciar dos medidas que apuntan a blindar el rumbo económico de su gestión, en un momento de alta fragilidad política y con la mirada puesta en las elecciones bonaerenses de septiembre. El paquete incluye una instrucción formal al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria, y un proyecto de ley que penaliza a legisladores y funcionarios que aprueben presupuestos con déficit fiscal.

Ambas iniciativas se pondrán en marcha esta semana: la primera, mediante una comunicación oficial al Palacio de Hacienda; la segunda, con el envío del proyecto a la Cámara de Diputados como cámara de origen. El objetivo declarado es reafirmar el compromiso con el déficit cero, una de las banderas centrales del programa libertario, y enviar una señal de certidumbre a los mercados.

La formalización de la prohibición de asistencia del Banco Central al Tesoro no implica un cambio sustancial —ya se venía aplicando—, pero Milei busca reforzarla con un acto administrativo que limite cualquier margen de retroceso. “El Tesoro Nacional no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”, subrayó el mandatario.

El segundo anuncio, más ambicioso y polémico, establece que cualquier gasto adicional o baja de ingresos deberá compensarse con un ajuste equivalente y que quienes aprueben presupuestos en rojo enfrentarán sanciones penales. La propuesta, sin embargo, choca con las inmunidades parlamentarias previstas en la Constitución y enfrenta un escenario legislativo hostil, donde el oficialismo ya sufrió 12 derrotas en la última semana en la Cámara baja.

Clima adverso en el Congreso

En Diputados, casi todos los bloques —excepto La Libertad Avanza y un sector del PRO— se preparan para dictaminar dos proyectos impulsados por los 24 gobernadores, ya con media sanción del Senado, que podrían votarse antes de fin de mes. Estas iniciativas implican un costo fiscal que el Gobierno rechaza y que, según cálculos oficiales, alcanzaría 0,2% del PBI en 2025 y 0,4% en 2026.

El desgaste de las relaciones con aliados circunstanciales, sumado al contexto electoral, ha fortalecido la ofensiva opositora, que busca marcarle límites al Ejecutivo incluso con propuestas que comprometen la meta de equilibrio fiscal. El rechazo de los vetos presidenciales a leyes de jubilaciones y discapacidad podría costar, según la consultora GMA Capital, 0,7% del PBI este año y 1,2% el próximo.

Mercados atentos y FMI expectante

En su último informe, GMA Capital destacó que, con la flexibilización de las metas de reservas, “el foco del mercado se desplazó hacia la política”, aunque el Fondo Monetario Internacional mantiene la confianza en la dupla Milei-Caputo y sigue de cerca la acumulación de divisas.

El propio Milei, en una columna publicada en el sitio institucional del Banco Central, profundizó el marco teórico de su discurso, argumentando que los recientes movimientos del dólar no tendrán impacto inflacionario y que la inflación es, en última instancia, un fenómeno estrictamente monetario.

Números fiscales

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Administración Pública Nacional acumuló entre enero y julio un superávit primario de $9,7 billones y un superávit financiero de $2,8 billones. Solo en julio, los resultados fueron de $3,0 billones y $2,2 billones, respectivamente, cifras que el Gobierno exhibe como prueba de la eficacia del ajuste.

Perspectivas

En la Casa Rosada reconocen que “se vienen dos meses de muchísima volatilidad” por el calendario electoral, pero apuestan a que la disciplina fiscal será un ancla de confianza para los mercados, incluso si el Congreso intenta desarmar parte de la estrategia con leyes de alto impacto presupuestario.

El proyecto de penalización del déficit fiscal promete convertirse en un nuevo punto de fricción con la oposición y, de prosperar, modificar de manera estructural la dinámica de la elaboración del Presupuesto nacional. Sin embargo, el antecedente de iniciativas anunciadas con fuerza pero sin avance legislativo —como la de “captar los dólares del colchón” presentada por Luis Caputo en mayo— deja abierta la incógnita sobre su viabilidad política.

Entre las urgencias de la agenda legislativa, las presiones de los gobernadores y el escrutinio constante de los mercados, el Gobierno enfrenta una prueba doble: sostener su plan económico sin ceder en el déficit cero y, al mismo tiempo, sobrevivir al desgaste que impone un Congreso cada vez más reacio a acompañar su hoja de ruta.