Senado: acuerdo silencioso en el Consejo de la Magistratura y pulseada por la Auditoría

• El Senado cerró un conflicto de meses y designó representantes para el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura.
• Composición: 7 miembros (2 jueces de Cámara, 4 legisladores y 1 abogado federal), elegidos por sorteo semestral con suplentes.
• Acuerdo final: por el oficialismo, Fernando Rejal (titular) y Sandra Mendoza (suplente); por la UCR, Rodolfo Suarez (titular) y Maximiliano Abad (suplente).
• Avance poco común en un Congreso trabado, mientras persisten vacantes judiciales y demoras en la Auditoría General de la Nación (AGN).
• Dos proyectos en el Senado buscan reducir mandatos en la Magistratura de 8 a 4 años, con reelección; difieren en el tope salarial de auditores.
• Disputa central en la AGN: Mayans propone ampliar de 7 a 9 miembros; Romero mantener el número actual.
• El Gobierno prefiere mantener 7 miembros, aunque podría aceptar la ampliación.

En medio de la previa a la última sesión del Senado —donde el oficialismo sufrió varios reveses en materia previsional, incluyendo mejoras en los haberes y la reactivación de la cuestionada moratoria—, un conflicto que llevaba meses encontró un cierre discreto: la designación de representantes en el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura.

El órgano, clave en la supervisión y eventual remoción de magistrados, está regulado por el artículo 22 de la ley vigente, que fija su composición en siete miembros: dos jueces de Cámara (uno federal del interior y otro de la Capital Federal), cuatro legisladores (dos del Senado y dos de Diputados) y un abogado de la matrícula federal. La normativa establece además que todos los cargos se definen por sorteo semestral, con suplentes para cada titular.

Tras un intento inicial del kirchnerismo por quedarse con ambas bancas senatoriales, el bloque del Frente de Todos —liderado por el formoseño José Mayans— terminó cediendo. Así, la representación se repartió: por el oficialismo, el riojano Fernando Rejal como titular y la tucumana Sandra Mendoza como suplente. Mendoza había cobrado notoriedad durante el gobierno de Alberto Fernández por un lapsus en el recinto, al referirse al FMI como una “espada de ‘Domacle’”, episodio que luego reconoció como un error.

En la vereda opuesta, la UCR obtuvo la segunda banca: el exgobernador mendocino Rodolfo Suarez será titular y el bonaerense Maximiliano Abad ocupará el lugar de suplente.

La normativa aclara que los miembros del jurado solo actúan durante los procesos que les sean asignados y que conservarán el cargo mientras mantengan la calidad que motivó su designación. En caso contrario, serán reemplazados por sus suplentes o nuevos representantes designados por sus respectivos cuerpos.

Este acuerdo, aunque menor en la escala de los grandes temas políticos, es uno de los pocos avances concretos en un Congreso marcado por bloqueos y demoras. La otra cara de la moneda sigue siendo la persistencia de vacantes judiciales que el Ejecutivo no cubre, las indefiniciones en torno a la Corte Suprema y el estancamiento en la designación de miembros para la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo encargado de controlar el gasto estatal.

Proyectos en competencia

En paralelo, dos iniciativas sobre el funcionamiento de la Magistratura avanzan lentamente en el Senado. Una pertenece a Mayans y la otra al salteño Juan Carlos Romero, del bloque Provincias Unidas. Ambas coinciden en reducir los mandatos de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección, para adecuarlos a los ciclos políticos y legislativos.

Las propuestas divergen en un aspecto: la remuneración de los auditores. El proyecto de Mayans establece que el salario sea “equivalente” al de los legisladores, sin precisar si se trata de senadores o diputados, lo que abre interrogantes ante la diferencia actual de dietas. Romero, en cambio, propone un tope: que no puedan cobrar más que un senador, cuyo haber bruto supera hoy los 9,5 millones de pesos.

La batalla por la AGN

El verdadero nudo de la discusión es la conformación de la Auditoría. El texto de Mayans, acompañado por la senadora bonaerense Juliana di Tullio, propone ampliar el cuerpo de siete a nueve miembros, mientras que el de Romero defiende el número actual. Según fuentes parlamentarias, el Gobierno se inclina por esta última opción, aunque en los pasillos del Congreso no descartan que termine aceptando la ampliación.

La definición de estos cargos y estructuras no es un asunto menor: tanto el Consejo de la Magistratura como la AGN son piezas centrales en el entramado institucional. El primero influye directamente en la independencia y control del Poder Judicial, y la segunda fiscaliza el manejo de fondos públicos.

En un escenario de tensiones políticas y legislativas que paralizan buena parte de la agenda, el acuerdo para destrabar la integración del Jurado de Enjuiciamiento aparece como un raro oasis. Pero la puja por la Auditoría, con intereses cruzados y proyecciones de poder a mediano plazo, promete ser la próxima batalla de alto voltaje en el Congreso.