Reestructuración en la Procuración del Tesoro: más de 60 despidos y recorte de áreas técnicas tras sospechas de filtraciones

• La Procuración del Tesoro (PTN) despidió a más de 60 funcionarios y recortó áreas técnicas.
• La medida busca reducir gastos y se enmarca en la Ley Bases del Gobierno de Milei.
• Se disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y se recortaron direcciones jerárquicas.
• Extraoficialmente, se vincula la reestructuración con sospechas de filtraciones en la causa YPF.
• El Gobierno evita confirmar las filtraciones, pero crece la preocupación por posibles fugas de información sensible.

La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el organismo encargado de representar legalmente al Estado argentino, anunció este miércoles una profunda reestructuración interna que incluye el despido de más de 60 funcionarios, la disolución de áreas técnicas y la eliminación de lo que denominó “lujos jerárquicos”. La medida, según informaron desde el organismo, responde a un plan de “eficiencia operativa y reducción del gasto público”, en línea con los principios de la Ley Bases impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, detrás de esta decisión hay un trasfondo más complejo. Según trascendió desde Casa Rosada, la reestructuración se produce en medio de fuertes sospechas de filtraciones y posibles ventas de información sensible vinculada al juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Estados Unidos. Aunque el comunicado oficial de la PTN no hace mención alguna a estos hechos, fuentes gubernamentales reconocieron en privado que hubo "preocupación" por datos estratégicos que habrían sido revelados sin autorización.

“El Procurador [Santiago] Castro Videla está haciendo una purga. Estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares”, deslizó una fuente del Gobierno al confirmar los despidos. La PTN ya redujo su planta en más de un 20% desde que asumió la nueva conducción en febrero de este año.

Entre los cambios más significativos se destaca la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que será reemplazada por un centro de capacitación más pequeño, con menos de un tercio del personal anterior. También se recortaron dos de las seis Direcciones Nacionales y se eliminaron funciones jerárquicas superpuestas.

La Procuración afirmó que estas medidas buscan “fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”. Además, se indicó que se redujeron las comitivas oficiales y los gastos en viajes, y que funciones antes tercerizadas serán ahora reasignadas internamente.

Aunque desde el oficialismo evitan confirmar públicamente la existencia de filtraciones vinculadas a la causa YPF, el silencio institucional y el momento elegido para esta reestructuración alimentan las especulaciones sobre una posible fuga de información sensible. Por ahora, el Gobierno opta por mantener un discurso centrado en la “modernización del Estado”, mientras puertas adentro se intensifica la vigilancia sobre los circuitos internos de información.