EE.UU. respalda a la Argentina en un nuevo capítulo del juicio por YPF

• EE.UU. apoya a Argentina en la causa por la expropiación de YPF, presentando un escrito como amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
• Burford Capital reclama el 51% de las acciones de YPF tras un fallo que condenó al país a pagar USD 16.000 millones.
• El Departamento de Justicia estadounidense pide suspender la entrega de acciones mientras se resuelve la apelación.
• El respaldo no abarca todo el fallo, pero es una señal diplomática relevante.
• Argentina busca sumar otros países como aliados en la causa.
• Hay antecedentes de que la jueza Preska ignora estos apoyos, pero el respaldo de EE.UU. renueva expectativas.

Por primera vez bajo el gobierno de Javier Milei, la Casa Blanca vuelve a tenderle una mano a la Argentina en uno de los frentes judiciales más sensibles que enfrenta el Estado nacional en el exterior. En las últimas horas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó que presentará un escrito ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en respaldo a la posición argentina en la causa por la expropiación de YPF.

El respaldo llega en un momento clave: el fondo Burford Capital, beneficiario del fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiación "irregular" de YPF en 2012, busca quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera aún en manos del Estado nacional. La jueza Loretta Preska, alineada al partido Republicano y con antecedentes de fallos adversos al país, ya había ordenado hace diez días ese traspaso.

El escrito estadounidense será presentado en los próximos días por David E. Farber, asistente del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, en carácter de “amicus curiae” (amigo del tribunal). La intención es clara: pedir que se suspenda la ejecución de la sentencia mientras se resuelve la apelación argentina.

Aunque no implica un respaldo integral al planteo argentino —ni al cuestionamiento de fondo del fallo de Preska ni al monto de la indemnización—, la posición de Washington es una señal de apoyo relevante. Ya durante la presidencia de Joe Biden, en octubre de 2023, el Gobierno estadounidense había advertido que conceder la entrega de acciones violaría los principios de inmunidad soberana y sentaría un precedente peligroso en la jurisprudencia internacional.

“La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes sobre propiedad soberana ubicada en su propio territorio violarían leyes de inmunidad y no deberían ser concedidas por la Corte”, sostenía aquel documento, firmado por el entonces fiscal Damian Williams.

Desde Buenos Aires, el Gobierno combina la vía judicial con una estrategia diplomática activa. La Cancillería y la Procuración del Tesoro articulan esfuerzos para sumar apoyos internacionales y lograr que otros países también se presenten como amicus curiae. Entre los que evalúan sumarse estarían Uruguay, Paraguay y El Salvador, además de naciones europeas como Italia, Francia y Alemania.

No obstante, el antecedente inmediato obliga a la cautela: la jueza Preska desoyó recomendaciones similares en el pasado, como lo había hecho su antecesor, el juez Thomas Griesa, en la recordada causa con los fondos buitre durante el kirchnerismo.

Mientras se espera el desarrollo del proceso en la Cámara de Apelaciones, el Gobierno argentino suma una victoria diplomática en un terreno hostil: la Justicia de Nueva York. Aunque aún le resta un largo camino por recorrer, el respaldo estadounidense permite renovar expectativas en una causa que amenaza con dejar una herencia millonaria para las próximas generaciones.