Ciberinfiltración legal: el Gobierno lanza un nuevo protocolo para agentes encubiertos digitales

• El Gobierno oficializó un protocolo para agentes encubiertos digitales, con aval judicial, en casos de delitos complejos.
• Se podrán crear identidades ficticias (avatares) supervisadas y respaldadas por el Estado.
• El objetivo es investigar delitos como pornografía infantil, narcotráfico, terrorismo y fraudes online.
• La medida forma parte de un plan más amplio de ciberseguridad, que incluye ciberpatrullaje sin orden judicial.
• Se creó un Consejo Académico Asesor para capacitar agentes e impulsar buenas prácticas.
• La oposición advierte sobre riesgos a los derechos civiles, mientras el Gobierno habla de “profesionalización” al estilo del FBI.

En un nuevo avance de su política de seguridad, el gobierno de Javier Milei oficializó un protocolo para el despliegue de agentes encubiertos digitales en investigaciones judiciales de delitos complejos. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 828/2025, fue firmada por la ministra Patricia Bullrich y regula, por primera vez, el marco normativo para que miembros de las fuerzas federales se infiltren legalmente en entornos digitales como redes sociales o sitios web.

El protocolo contempla tanto a los "agentes encubiertos digitales" como a los "agentes reveladores digitales", figuras que ya eran reconocidas por la Ley 27.319 en el plano presencial, pero que ahora adquieren un marco específico para su actuación en el ciberespacio. El objetivo es perseguir delitos como la pornografía infantil, el narcotráfico, el terrorismo y el fraude financiero, que operan cada vez más en plataformas digitales.

Entre las novedades clave figura la creación de un “Registro de Avatares”, que permitirá generar y gestionar identidades ficticias bajo estricta supervisión estatal. Estas identidades podrán ser respaldadas incluso por documentación física o digital provista por el Renaper si la investigación lo requiere. La confidencialidad es estricta: se prohíbe a los funcionarios revelar datos del agente o su avatar, bajo pena de sanciones legales.

El procedimiento comienza con una orden judicial. A partir de allí, una unidad especial designa al agente encubierto, quien construye su perfil digital y queda registrado con un código de seguridad único. El uso de la identidad falsa está limitado al caso concreto y debe eliminarse al finalizar la misión, salvo que se justifique su continuidad por seguridad personal o nuevas tareas.

Este nuevo paso se da en un contexto más amplio de reformas digitales impulsadas por Bullrich. En 2024, ya se había creado la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y se había habilitado el ciberpatrullaje preventivo sin orden judicial mediante el decreto 383/2025, lo que generó fuertes cuestionamientos de la oposición, que alertó sobre riesgos a los derechos civiles, como la intimidad y la libertad de expresión.

A la par del nuevo protocolo, se constituyó un Consejo Académico Asesor ad honorem, presidido por el juez federal Ricardo Basílico, que tendrá a su cargo la capacitación de los agentes encubiertos, la mejora de las investigaciones y la evaluación de riesgos en operaciones digitales.

Desde el Gobierno sostienen que estas herramientas buscan “profesionalizar” el trabajo de las fuerzas de seguridad y ponerlas “a la altura de los estándares internacionales como los del FBI”. Mientras tanto, la medida reaviva el debate sobre el delicado equilibrio entre seguridad, derechos individuales y vigilancia estatal en el mundo digital.