YPF y la disputa judicial internacional: Marín sorprende y Milei culpa al kirchnerismo mientras nuevos fondos se suman al litigio

• La jueza Loretta Preska ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos demandantes por la expropiación de la empresa.
• Horacio Marín, presidente de YPF, dijo que “la jueza falló a favor de YPF y en contra de la República”, y confirmó una inversión de 3.000 millones de dólares para el Oleoducto Vaca Muerta Sur.
• El presidente Javier Milei culpó al kirchnerismo y a Axel Kicillof, anunció apelaciones en todas las instancias y calificó el fallo como jurídicamente inaplicable.
• Nuevos fondos de inversión (Attestor, Trinity, Bybrook, entre otros) reclaman parte del paquete accionario de YPF por deudas impagas vinculadas a la crisis de 2001.
• Estos fondos están representados por Dennis Hranitzky, conocido por la confiscación de la Fragata Libertad en 2012.
• El Gobierno busca mitigar las consecuencias de la expropiación de YPF realizada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, mientras enfrenta riesgos legales y económicos por más de 16.000 millones de dólares.
• La Casa Rosada promete defender el patrimonio nacional apelando hasta la última instancia, aunque la disputa judicial y sus costos siguen vigentes.

La controversia judicial internacional por la expropiación de YPF volvió a sacudir el escenario político y económico del país tras el reciente fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó entregar el 51% del paquete accionario de la empresa a los fondos demandantes. En este contexto, Horacio Marín, presidente de YPF, generó sorpresa al afirmar que “la jueza falló a favor de YPF y en contra de la República”, una declaración poco habitual para un ejecutivo que evitó entrar en detalles políticos y se enfocó en la continuidad de inversiones clave.

Marín confirmó que esta semana esperan cerrar una inversión privada por 3.000 millones de dólares para avanzar con la obra del Oleoducto Vaca Muerta Sur, el proyecto más ambicioso del sector energético en Argentina. De esta manera, buscó despegar a la empresa estatal del impacto judicial, dejando claro que las operaciones siguen en marcha, aunque el golpe legal recae directamente sobre el Estado Nacional.

En paralelo, el presidente Javier Milei responsabilizó abiertamente al kirchnerismo y, en particular, a Axel Kicillof, al señalar: “Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, vamos a apelar este fallo en todas las instancias que correspondan para defender los intereses nacionales”. La Casa Rosada ya solicitó la suspensión del fallo y trabaja en la apelación ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, calificando la sentencia como “jurídicamente inaplicable” por contradecir leyes nacionales y desconocer la inmunidad soberana del Estado.

La controversia se complicó aún más con la aparición de nuevos fondos de inversión —como Attestor, Trinity y Bybrook— que, aunque no formaron parte del juicio original, reclaman ahora parte del paquete accionario de YPF en ejecución de sentencias por deuda impaga vinculada a la crisis de 2001. Estos fondos están representados por Dennis Hranitzky, abogado conocido por su rol en la confiscación de la Fragata Libertad en 2012, un episodio emblemático de los enfrentamientos judiciales internacionales con Argentina.

El Gobierno de Milei intenta así ordenar las consecuencias de una expropiación realizada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que hoy pone en riesgo activos estratégicos por más de 16.000 millones de dólares. Mientras la Justicia estadounidense define los próximos pasos del litigio, la Casa Rosada promete apelar “hasta la última instancia” para proteger el patrimonio nacional, aunque el costo político y económico de una década de decisiones cuestionadas sigue repercutiendo en el país.