La mayoría de los ciudadanos creen que Cristina es culpable, pero temen más conflicto social tras su condena

• La mayoría de los argentinos considera que Cristina Kirchner es culpable y que su condena fue legítima.
• Un sector menor, pero significativo, teme que la ejecución de la condena aumente el conflicto social y la polarización.
• El informe de Opina Argentina refleja una sociedad dividida entre quienes ven justicia y quienes perciben persecución política.
• La posible detención de CFK genera tensión institucional y reactivación del kirchnerismo militante.
• El destino judicial de la ex presidenta sigue influyendo fuertemente en el clima político del país.

La imagen judicial y política de Cristina Fernández de Kirchner sigue generando divisiones profundas en la sociedad argentina. Según un reciente informe de la consultora Opina Argentina, dirigida por el analista Facundo Nejamkis, una amplia mayoría de la población considera que la ex presidenta es culpable en la causa que derivó en su condena a seis años de prisión, y que el proceso judicial se llevó a cabo con apego a la ley.

Este dato revela una percepción social instalada con fuerza: el respaldo ciudadano a la sentencia dictada contra quien fuera dos veces jefa de Estado. El informe indica que, en términos generales, predomina la sensación de que el juicio fue legítimo, y que no se trató de una persecución política, como sostiene el entorno kirchnerista.

Sin embargo, el estudio también arroja una señal de alarma respecto del impacto político y social que podría generar la ejecución efectiva de la condena. Un sector significativo de la población —aunque minoritario frente al que avala el fallo— considera que esta situación podría escalar el nivel de conflictividad social y profundizar la ya compleja polarización política del país.

La posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner deba cumplir su pena de prisión —sea de manera domiciliaria o en un penal federal— se ha convertido en una fuente de tensión institucional. En paralelo a los movimientos judiciales, se observa un resurgir del activismo kirchnerista que denuncia una “proscripción encubierta” y prepara movilizaciones para respaldar a la ex mandataria.

Este cruce entre la legitimidad judicial del proceso y el riesgo de inestabilidad social se enmarca en un clima político particularmente delicado. El gobierno de Javier Milei, que promueve un drástico recorte del Estado y reformas estructurales, convive con sectores que ven en la condena a Cristina un símbolo de victoria institucional, y otros que lo perciben como un golpe al equilibrio democrático.

En este sentido, el informe de Opina Argentina funciona como una radiografía de la grieta: por un lado, un respaldo mayoritario al accionar de la Justicia; por otro, una advertencia latente sobre el posible costo social y político de llevar adelante esa condena en un contexto de alta sensibilidad.

La mirada pública no solo evalúa lo que fue el juicio, sino también lo que vendrá después. El destino judicial de Cristina Kirchner, lejos de cerrarse con la firma de un tribunal, parece seguir marcando el pulso de la vida política argentina.