El plan privatizador de Milei toma forma: las primeras ventas llegarán después de las elecciones

• El gobierno de Milei impulsa la privatización de 8 empresas públicas tras la aprobación de la Ley Bases.
• Las empresas en proceso incluyen Enarsa, AySA, Trenes Argentinos, Intercargo, y Corredores Viales, entre otras.
• Se plantean tres vías: venta de acciones, oferta pública en Bolsa o concesiones.
• Se esperan ingresos significativos, como los USD 400-500 millones por hidroeléctricas del Comahue.
• El Gobierno trabaja con bancos e inversores para superar dudas sobre el contexto económico y político.
• También se proyectan futuras privatizaciones como Banco Nación, Aerolíneas y Correo.

El gobierno de Javier Milei avanza silenciosamente pero con decisión en uno de los ejes centrales de su propuesta: la privatización del aparato estatal. Actualmente, unas 60 empresas públicas bajo control del Poder Ejecutivo Nacional están siendo supervisadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher. De ese universo, ocho firmas ya tienen un destino definido: serán total o parcialmente privatizadas, o bien concesionadas, en el marco de lo aprobado por la flamante Ley Bases.

Las compañías en la mira son Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales. En paralelo, también hay un seguimiento minucioso sobre otras empresas que quedaron fuera de la ley por presión opositora, como Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino.

“La consigna es clara: todo lo que pueda estar en manos privadas, saldrá del control estatal”, repiten los funcionarios más cercanos a Milei, evocando la lógica de los años noventa. Sin embargo, los tiempos no son inmediatos. Desde el Ejecutivo reconocen que la mayoría de los procesos se activará luego de las elecciones de medio término, cuando —esperan— el escenario político y económico aporte más certidumbre a los inversores.

Tres caminos posibles

El plan contempla tres mecanismos de salida: venta directa de acciones mediante concursos públicos (locales e internacionales), oferta pública de venta en el mercado bursátil, o concesiones con el posterior cierre definitivo de las compañías. El ministro de Economía, Luis Caputo, sigue de cerca cada paso. En una reciente entrevista, adelantó que esperan ingresos por “miles de millones de dólares” por esta vía, sin necesidad de que el Banco Central intervenga en el mercado de cambios.

El caso más avanzado es el de las cuatro hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila— cuyas concesiones vencen en agosto. El Gobierno ya acordó con Río Negro y Neuquén el cobro de un canon del 1% por el uso del agua. Se esperan ingresos por entre 400 y 500 millones de dólares.

También está en marcha la venta de acciones de Intercargo, tras la reciente desregulación del servicio de rampas en los aeropuertos. Otro proceso adelantado es la venta del 50% de Citelec (controlada por Enarsa), que tiene la mayoría accionaria de Transener, la principal transportista de electricidad del país.

Corredores Viales avanza por una vía más expeditiva: este mismo año se licitarán sus tramos y, una vez finalizado el proceso, la empresa será disuelta. En el caso de AySA, primero se establecerá un esquema de concesión para luego, si las condiciones lo permiten, avanzar en una subasta en Bolsa.

El reloj político y la desconfianza inversora

Aunque la gestión libertaria despierta expectativas en sectores del mercado, desde el Gobierno admiten que persisten dudas entre potenciales compradores. La fragilidad del orden macroeconómico, la incertidumbre sobre las reservas del BCRA, el grado de implementación de las reformas y el resultado de las próximas elecciones son factores que aún generan ruido.

Por eso, funcionarios ya trabajan junto a bancos privados y organismos multilaterales para organizar roadshows y seducir a inversores locales e internacionales. La idea es despejar temores y acelerar procesos una vez que el contexto lo permita.

Finalmente, el Gobierno también avanza en la estrategia para privatizar el Banco Nación, al que recientemente le quitó el monopolio del pago de salarios a empleados públicos, una decisión que muchos ven como antesala de un eventual traspaso al sector privado.

Con la motosierra en mano y la mira puesta en el “Estado mínimo”, el equipo de Milei da sus primeros pasos en una agenda que promete cambiar el mapa económico del país. Pero sabe que el éxito no dependerá solo de ideología, sino de algo más volátil: la confianza.