Francos sobre Cristina: "Una cosa es la domiciliaria, otra los privilegios fuera de lugar"

POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior
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  • Guillermo Francos afirmó que la prisión de Cristina Kirchner es decisión exclusiva de la Justicia.
  • Reconoció que por su edad podría acceder a prisión domiciliaria, pero cuestionó posibles “privilegios” como salir al balcón.
  • Negó cualquier pacto político con Cristina y calificó su condena como “buena noticia para la democracia”.
  • Cristina anunció que se presentará voluntariamente en Comodoro Py y pidió domiciliaria por razones de seguridad.
  • El Gobierno porteño garantizó orden y limpieza frente a su casa y alertó sobre eventuales conflictos vecinales.

Con un tono firme pero prudente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, quien se presentará el miércoles en Comodoro Py para formalizar su detención tras la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema. El funcionario dejó en claro que la prisión de la ex presidenta es una decisión exclusiva del Poder Judicial, aunque matizó sus palabras al reconocer que, por su edad, le corresponde el derecho a prisión domiciliaria.

“La prisión de Cristina Kirchner es una decisión de la Justicia”, sostuvo Francos en diálogo con radio Mitre. “Ahora, una cosa es que le den arresto domiciliario y otra que le otorguen condiciones que estén fuera de lugar”, advirtió, en alusión a versiones periodísticas sobre un posible régimen flexible de detención en su domicilio de la calle San José, en el barrio porteño de Monserrat. Según el funcionario, ciertas facilidades como salir al balcón o tener libre comunicación podrían alterar la convivencia en la zona. “Eso genera para los vecinos una molestia innecesaria”, puntualizó.

Francos insistió en que el Gobierno toma la situación con “seriedad y normalidad”, desligándose de cualquier intervención o acuerdo político. “Esto demuestra que no teníamos ningún pacto con ella para competir en la Provincia de Buenos Aires”, afirmó, desmintiendo especulaciones sobre un supuesto entendimiento entre el oficialismo y el kirchnerismo.

En cuanto al impacto institucional del caso, el ministro coordinador no dudó en señalar que la condena firme es “una buena noticia” para la democracia. “Es un mensaje claro: quien delinque, más allá del cargo que ocupe, debe enfrentar la Justicia”, expresó. Sin embargo, no ocultó su incomodidad frente a la imagen de una ex presidenta presa: “No es bueno como ventana al mundo, pero sucede también en otros países”.

Desde el entorno de Cristina Fernández, en tanto, se confirmó que la ex mandataria se presentará voluntariamente el miércoles 18. En un mensaje difundido por redes sociales, aseguró que no busca privilegios, sino garantías de seguridad personal, especialmente tras haber sido blanco de un intento de magnicidio. “Debo contar con custodia de por vida. Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, argumentó. Además, calificó el accionar de la Corte como una maniobra del “poder económico” para “proscribirla” políticamente.

El pedido de arresto domiciliario ya fue presentado por sus abogados ante el Tribunal Oral Federal N°2. La ex presidenta lo fundamenta también en su historial institucional: dos mandatos como jefa de Estado, más su reciente paso por la vicepresidencia y el Congreso.

Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para el revuelo mediático y político que se espera en torno a su vivienda. Laura Alonso, vocera del gobierno porteño, aseguró que si bien no tienen injerencia en la cuestión judicial, sí garantizarán “orden y limpieza” en el espacio público. “Hay que armonizar derechos: el de los manifestantes a expresarse y el de los vecinos a vivir en paz”, explicó. También advirtió sobre los riesgos que puede traer “el tumulto, el desorden, el caos”.

La escena que se perfila para el miércoles en Comodoro Py podría marcar un nuevo hito en la historia reciente del país: una ex presidenta detenida, con arresto domiciliario, mientras se reconfigura el tablero político y judicial de la Argentina. El oficialismo, por ahora, elige observar desde la vereda institucional, procurando que no se le atribuya ningún protagonismo más allá del operativo de seguridad. Pero el mensaje ya está dado: “no hay impunidad, ni pactos”. Al menos, por ahora.

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