Discapacidad: cuando la buena intención choca con la mala gestión

• Las leyes nacionales sobre discapacidad en Argentina están mal coordinadas con las normativas provinciales, lo que genera desigualdad en lugar de inclusión.
• El Certificado Único de Discapacidad (CUD) se otorga a veces sin justificación médica, utilizado como herramienta política.
• Obras sociales y prepagas deben cubrir servicios de educación y transporte, lo que sobrecarga y desfinancia al sistema de salud.
• El Fondo Único de Reintegro (SUR), pensado para tratamientos complejos, destina el 90% a discapacidad, afectando a otros pacientes.
• Se propone que el Estado asuma la educación y el transporte de personas con discapacidad, y que se auditen los CUD para evitar fraudes.
• La administración ineficiente pone en riesgo tanto a personas con discapacidad como a otros enfermos que también necesitan atención.

La atención a personas con discapacidad en Argentina se encuentra atrapada en una madeja legal, institucional y financiera que, lejos de garantizar derechos, termina perjudicando a quienes más lo necesitan. Las leyes nacionales 22.431 y 24.901 sentaron las bases de una cobertura integral, pero su implementación descoordinada entre Nación y provincias, sumada a una lógica de subsidio clientelar, terminó generando más desigualdad que inclusión.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD), que debería ser una herramienta para garantizar derechos, ha sido desvirtuado en muchos casos como moneda de cambio político. Así, se otorgan certificados sin criterios médicos claros, convirtiendo al sistema en una suerte de salvavidas social que no distingue entre necesidad real y conveniencia coyuntural.

Pero el mayor problema no está solo en el diagnóstico, sino en la financiación. Se les exige a obras sociales y prepagas –cuyo rol natural es brindar asistencia médica– que también cubran educación y transporte. Esta carga, ajena a su propósito fundacional, termina desfinanciando al sistema y perjudicando incluso a los propios afiliados sin discapacidad.

El Fondo Único de Reintegro (SUR), creado para cubrir tratamientos médicos de alta complejidad, hoy destina el 90% de sus recursos a prestaciones de discapacidad. El desvío de fondos compromete la atención de pacientes con enfermedades graves que también dependen de ese respaldo económico.

¿El resultado? Una estructura colapsada que no satisface ni a unos ni a otros.

Es urgente redefinir el esquema de responsabilidades: el Estado debe hacerse cargo de la educación y el transporte de las personas con discapacidad, utilizando su red de escuelas y recursos humanos, y reservando a las obras sociales y prepagas el ámbito de la salud, que ya bastante sobrecargado está.

Además, se necesita una auditoría rigurosa sobre la emisión de certificados, para que el sistema no sea rehén de irregularidades ni de favores políticos.

No se trata de quitar derechos, sino de garantizarlos de verdad. De ordenar el caos, para que quienes tienen discapacidad no dependan del azar, la trampa o la voluntad del burócrata de turno. Y para que quienes padecen enfermedades graves y complejas no vean cómo sus tratamientos se diluyen en una maraña de gastos impropios.

La justicia social empieza por administrar bien. Y hoy, eso está muy lejos de suceder.