




- Cristina Kirchner evalúa postularse como legisladora provincial pese a tener una condena firme con inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- Su posible candidatura se interpreta como una estrategia para obtener fueros y eludir la ejecución de la pena.
- La Corte Suprema analiza si confirma la condena en la causa Vialidad y ya ordenó investigarla por lavado de dinero en el caso Báez.
- Circulan versiones de negociaciones entre Milei y Cristina para definir nuevos jueces de la Corte, en medio de un debate por su ampliación.
- El texto plantea una crítica más amplia: la falta de renovación ética y la necesidad de que la Justicia imponga consecuencias reales.
La política argentina parece funcionar, a menudo, con reglas propias del teatro: negaciones, retornos, pactos inesperados, y protagonistas que se aferran al escenario incluso cuando cae el telón. Cristina Kirchner, en uno de los giros más audaces de su larga carrera, tantea la posibilidad de ser candidata a legisladora provincial en Buenos Aires, pese a que sobre sus espaldas pesa una condena firme en dos instancias judiciales, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La estrategia es tan evidente como riesgosa: mientras la Corte Suprema analiza si confirma su condena por corrupción en la causa Vialidad, Cristina juega con los tiempos. Si logra asumir como legisladora, sumaría fueros y evitaría la ejecución de la pena. No se trata de un tecnicismo jurídico, sino de una maniobra de supervivencia política que pone a prueba los límites del sistema institucional.
La Corte, por su parte, parece dispuesta a no dejarse empujar. La reciente decisión de involucrar a la expresidenta en la causa de lavado de dinero vinculada a Lázaro Báez marca una señal clara: hay voluntad de cerrar el ciclo de impunidad. Si Cristina cae, será por un camino legal, y no por la venganza política.
Pero el entramado es más complejo. Mientras se debate cuántos miembros debe tener la Corte Suprema, circulan versiones de negociaciones entre el presidente Milei y su histórica adversaria. Ambos saben que necesitan los votos del otro para designar jueces. En un país donde la Justicia está desprestigiada, y donde la sospecha de pactos oscuros es permanente, este acercamiento huele a pragmatismo crudo: vos me das uno, yo te doy otro. El equilibrio institucional como moneda de cambio.
El problema no es solo Cristina ni su condena. Es también qué país queremos construir. Si los liderazgos caen solo por el peso de la biología o de los expedientes judiciales, pero no por una renovación ética real, lo que sigue será siempre una repetición.
Hoy, más que nunca, la Corte Suprema tiene una responsabilidad histórica: no solo definir el futuro legal de Cristina Kirchner, sino mostrar que en la Argentina todavía puede haber consecuencias. Para todos. También para quienes alguna vez creyeron que el poder era eterno.




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