Llaryora: "Estoy al lado de los policías y sus familias"

Llaryora pidió al Congreso que se sancione una normativa para agravar la resistencia a la autoridad.
Este pedido se reiteró tras el atropello de dos policías en operativos de control vehicular.
Afirmó que la violencia hacia los policías no es un problema aislado y es visible en Córdoba.
Desde enero de 2024 hasta mayo, se registraron 610 incidentes de agresiones contra el personal policial.
Destacó que 16 agentes de la Policía Caminera fueron atropellados en esta situación.
Llaryora subrayó la importancia de respetar a la policía para garantizar la seguridad.
Expresó su apoyo a los policías y sus familias, enfatizando la necesidad de proteger a quienes integran la fuerza.

El reciente llamado del gobernador Martín Llaryora para agravar las penas destinadas a quienes atacan a los uniformados es un tema que merece atención y un análisis profundo. Su reclamo, realizado tras un incidente alarmante en el que un conductor atropelló a un agente de la Policía Caminera durante un control vehicular en Córdoba, resalta una problemática que va más allá de un solo episodio: se trata de la creciente violencia contra aquellos que sacrifican su seguridad por la nuestra.
Llaryora ha enfatizado la necesidad urgente de una normativa que refuerce la resistencia a la autoridad, un pedido que ya había hecho en abril tras el atropello de otros agentes. Este no es un fenómeno aislado; según datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia, se han registrado más de 600 incidentes de agresión contra miembros de la fuerza en lo que va del año. Esta cifra, que implica un grave promedio de 1.2 incidentes diarios, revela una preocupante tendencia que no podemos ignorar.
El gobernador es claro al señalar que la seguridad pública no puede existir sin un respeto fundamental hacia la autoridad policial. Su advertencia sobre la inacción ante esta crisis es pertinente: ¿Necesitamos esperar un episodio fatal para despertar nuestra conciencia colectiva? La respuesta es un contundente no. Es imperativo que los fiscales utilicen todo el arsenal legal disponible para proteger a quienes nos protegen. Esta postura no es solo una cuestión de justicia; es una necesidad social.
Es esencial recordar que detrás del uniforme hay personas, hombres y mujeres que arriesgan sus vidas y su bienestar cada día con el objetivo de mantener la paz y el orden en nuestras comunidades. Llaryora, al posicionarse del lado de los policías y sus familias, nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad. Debemos brindarles el apoyo que merecen y garantizarles un entorno que priorice su seguridad.
Dos cosas son claras: necesitamos leyes que fortalezcan el respeto a la autoridad y, quizás más importante, debemos cultivar una cultura de apoyo hacia las fuerzas del orden. No podemos permitir que la violencia contra ellos continúe normalizándose. Si queremos un futuro más seguro para todos, es hora de actuar con firmeza y decisión.