La causa ANDIS se profundiza: indagatorias, pedidos de detención y nuevos indicios en una trama que sacude al Gobierno

• El fiscal Picardi pidió indagatorias y detenciones para ex funcionarios y empresarios, incluido el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
• Se investigan presuntos direccionamientos de compras, sobreprecios y sobornos en insumos de alto costo.
• Se ordenaron allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos de varios imputados.
• Las defensas plantearon la nulidad de la causa por supuesta falsedad o ilegalidad de los audios; la Cámara debe resolver.
• Testigos como Cerimedo y Rodríguez aportaron indicios previos a la difusión del material de audio.
• La fiscalía sostiene que la ANDIS habría operado en favor de intereses privados, en perjuicio de personas con discapacidad.

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ingresó en una fase decisiva. El fiscal federal Franco Picardi impulsó una batería de medidas que incluye pedidos de indagatoria, allanamientos y detenciones para una serie de ex funcionarios y empresarios vinculados a la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo. Entre ellos figura el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, citado a declaración indagatoria para el próximo 19 de noviembre por orden del juez Sebastián Casanello.

El expediente se aceleró tras la difusión de audios en los que Spagnuolo menciona a la droguería Suizo Argentina, aunque para Picardi las sospechas no se limitan a ese material. Según su requerimiento, se habrían detectado “graves hechos de corrupción” que involucran direccionamiento de compras, sobreprecios y el pago de sobornos a funcionarios públicos en perjuicio directo del Estado y, especialmente, de personas con discapacidad que integran el Programa Incluir Salud, uno de los sectores más vulnerables del sistema.

La fiscalía solicitó la detención de seis imputados: Spagnuolo, Daniel Garbellini —ex director de Acceso a los Servicios de Salud—, Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian. En los casos de los dos primeros y de Calvete, pidió además el secuestro de todos sus dispositivos electrónicos y peritajes forenses. También se requirieron allanamientos en los domicilios de colaboradores, operadores presuntamente ligados a la maniobra y de la empresa Baires Fly S.A.

En total, quince personas fueron convocadas a indagatoria, entre ex funcionarios de la ANDIS y representantes del sector privado. La acusación sostiene que Spagnuolo y Garbellini habrían permitido que actores ajenos al organismo intervinieran en decisiones clave sobre prestaciones, recursos y contrataciones, favoreciendo a determinadas droguerías como Profarma, Indecomm, New Farma, Genesis, Floresta y Suizo Argentina, entre otras. A cambio, siempre según el fiscal, habrían recibido beneficios económicos indebidos.

La hipótesis de Picardi es contundente: “Ambos garantizaron que la ANDIS funcionara como una agencia al servicio del interés privado”. Esta afirmación describe un funcionamiento estructural que, de comprobarse, representaría un desvío grave de los fines del organismo, creado para proteger a personas con discapacidad y administrar recursos destinados a su atención.

Mientras avanza la causa, los defensores de Spagnuolo y de Suizo Argentina intentan frenar el expediente. El ex titular de ANDIS, ahora representado por Mauricio D’Alessandro, pidió la nulidad argumentando que los audios difundidos serían falsos, adulterados con inteligencia artificial o producto de espionaje ilegal. Por su parte, la defensa de la droguería alegó que los hechos ya habrían sido investigados en una causa previa archivada, invocando el principio de non bis in idem. Ambos planteos fueron rechazados por Casanello y ahora deben ser analizados por la Sala II de la Cámara Federal.

Pese a la centralidad mediática de los audios, Picardi insistió en que no fueron el origen de la sospecha. Señaló como uno de los disparadores el decreto con el que el presidente Javier Milei desplazó a Spagnuolo y Garbellini, que mencionaba “razones de público conocimiento” y la necesidad de que la Justicia investigara. También destacó declaraciones de testigos como Fernando Cerimedo, que afirmó que Spagnuolo ya le había hablado de estas maniobras antes de la difusión de los audios, y del periodista Agustín Rodríguez, quien relató que el ex funcionario estaba “preocupado y molesto” con Eduardo “Lule” Menem por su presunta injerencia en el área.

En los fragmentos difundidos, quien sería Spagnuolo menciona supuestos sobreprecios y un presunto reparto del 3% de los contratos entre la droguería y el Estado, involucrando incluso a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Lule Menem. Si bien estas afirmaciones aún deben ser analizadas y peritadas, sumaron presión política y aceleraron los tiempos judiciales.

Con las indagatorias ya fijadas y los pedidos de detención sobre la mesa, la causa ANDIS se encamina a convertirse en uno de los expedientes más sensibles del año. No solo por su impacto institucional, sino porque expone la vulnerabilidad de un sistema destinado a quienes menos margen tienen para enfrentar la negligencia o la corrupción estatal.