El Gobierno reabre el debate laboral con eje en la “productividad” y los salarios dinámicos

• El Gobierno reactivó la discusión sobre la reforma laboral en el Consejo de Mayo.
• Julio Cordero planteó la idea de “salarios dinámicos” ligados a la productividad.
• El oficialismo busca modificar el principio de prelación para permitir convenios por empresa menos restrictivos.
• La CGT, a través de Gerardo Martínez, rechazó la iniciativa y la vinculó al Decreto 70/23.
• Se analiza eliminar la “ultractividad” de los convenios colectivos.
• También se propone que los aportes sindicales sean voluntarios, lo que los gremios consideran un ataque a su financiamiento.

A pocos días de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional volvió a poner en el centro del debate uno de los temas más sensibles de su programa económico: la reforma laboral. En el marco de las reuniones del Consejo de Mayo —la mesa de diálogo que reúne a representantes del empresariado, el sindicalismo y el Ejecutivo— el secretario de Trabajo, Julio Cordero, introdujo nuevamente el concepto de “salarios dinámicos”, una idea que ya había adelantado durante su exposición en el 61° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata.

Cordero, uno de los funcionarios más activos en el diseño de la estrategia laboral oficial, explicó ante empresarios y legisladores que el objetivo del Gobierno es vincular las remuneraciones a la productividad, de modo que “la eficiencia y eficacia de cada trabajador” se traduzcan en ingresos acordes a su desempeño. Según planteó, este enfoque “puede incorporarse sin necesidad de modificar la ley, aunque podría hacerlo”, dejando abierta la puerta a eventuales reformas más profundas.

Sin embargo, el concepto de “salarios dinámicos” divide aguas entre especialistas y gremios. Los laboralistas señalan que resulta muy difícil acordar pautas de productividad en convenios de actividad amplios, ya que las condiciones laborales son heterogéneas. Mientras en el sector industrial los parámetros pueden medirse con mayor precisión, en el ámbito administrativo, comercial o de servicios, los criterios de evaluación son mucho más difusos. Por eso, los expertos coinciden en que la aplicación de esta lógica sólo sería factible en convenios por empresa, una modalidad aún poco extendida en la Argentina, salvo en casos puntuales como las automotrices.

La disputa por la prelación y los convenios por empresa

Para avanzar en esa dirección, el Gobierno y parte del empresariado promueven revisar uno de los pilares de la legislación laboral: el principio de prelación. Este establece que, en caso de superposición de normas, siempre debe aplicarse la más favorable al trabajador. En la práctica, eso impide que un convenio por empresa fije condiciones menos ventajosas que las del convenio de actividad correspondiente.

El oficialismo busca flexibilizar ese criterio para habilitar acuerdos que prioricen la productividad sobre la rigidez normativa. “Quieren instalar que los convenios por empresa no necesariamente tengan que ser superadores. Si hay muchos convenios por empresa, podrías instalar el tema de la productividad y que sean salarios dinámicos”, explicó una fuente vinculada al diálogo entre el Gobierno y el sector privado. No obstante, advierte que la aceptación sindical será difícil: “Esto se negocia con los gremios, y hoy la CGT ya expresó un rechazo contundente”.

Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra y uno de los representantes de la CGT en el Consejo de Mayo, fue categórico al respecto. En una carta pública, acusó al Gobierno de intentar “ratificar por otras vías” el capítulo laboral del Decreto 70/23, que fue judicializado y suspendido tras la presentación de la central obrera. Martínez sostuvo que la propuesta “no es más que una reedición de un esquema regresivo que busca erosionar derechos adquiridos”.

Ultractividad y aportes sindicales: otros frentes en debate

El Gobierno también apunta a eliminar la llamada “ultractividad” de los convenios colectivos, el principio por el cual estos continúan vigentes una vez vencidos hasta que se firme uno nuevo. Desde la Casa Rosada argumentan que la derogación permitiría negociaciones “más dinámicas y actualizadas”, especialmente en materia de cláusulas obligacionales —como aportes para capacitación o sepelio— que, según fuentes oficiales, “no afectan directamente los derechos de los trabajadores”.

Además, el proyecto de reforma incluye la idea de hacer voluntarios los aportes sindicales, un punto que ya había sido incorporado en la reforma laboral contenida en el Decreto 70/23. Bajo esta propuesta, cada trabajador debería manifestar su consentimiento para contribuir a su sindicato, lo que los gremios interpretan como un intento de debilitar su financiamiento y capacidad de negociación.

Cordero anticipó que todos estos temas formarán parte de la “modernización” laboral que el Gobierno planea impulsar en los próximos meses. “No habrá asunto laboral que quede fuera del debate y la negociación”, señaló ante los empresarios de IDEA. Pero mientras el Ejecutivo insiste en que la reforma busca promover la productividad y el empleo formal, desde el movimiento obrero y buena parte de la oposición advierten que el verdadero objetivo es avanzar en una flexibilización estructural del sistema laboral argentino.