La defensa de Espert busca trasladar a Comodoro Py la causa por lavado de dinero y unificar las investigaciones con el caso Machado

• La defensa de José Luis Espert pidió que la causa por lavado se traslade de San Isidro a Comodoro Py.
• El juez Martínez de Giorgi investiga los vuelos de campaña de 2019 financiados por empresas ligadas a Fred Machado.
• Mirabelli instruye la denuncia de Juan Grabois, que acusa a Espert de recibir 200.000 dólares de origen ilícito.
• Los abogados del diputado reclaman la unificación de causas para evitar “doble persecución”.
• Se halló un contrato por un millón de dólares entre Espert y Machado por supuestos servicios de consultoría.
• La decisión sobre la competencia judicial quedará en manos de Martínez de Giorgi.

La defensa del diputado libertario José Luis Espert presentó un pedido formal ante la Justicia para que la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero sea trasladada a los tribunales federales de Comodoro Py. El planteo, ingresado este miércoles en el despacho del juez Marcelo Martínez de Giorgi, busca que este magistrado reclame la competencia al juez de San Isidro Lino Mirabelli, con el argumento de que ya instruye un expediente previo con hechos y pruebas similares.

El objetivo de los abogados de Espert es unificar los dos procesos que analizan los presuntos vínculos entre el legislador y el empresario Fred “Fredy” Machado, acusado en Estados Unidos de liderar una red internacional de lavado de activos y contrabando de cocaína. Según la defensa, la causa abierta en Comodoro Py en 2021 —bajo el número 1780/2021— debe prevalecer sobre la denuncia más reciente radicada en San Isidro, ya que acumula más de dos años de investigación, declaraciones testimoniales y registros de vuelos.

Martínez de Giorgi ya investiga desde hace cuatro años los 36 vuelos aéreos que Espert realizó durante su campaña presidencial de 2019 en aviones operados por empresas vinculadas a Machado. En al menos cinco de esos vuelos, según consta en el expediente, ambos habrían coincidido a bordo. Los aparatos pertenecían a MED Aviación S.A., una firma cuyos socios aparecen asociados al empresario detenido actualmente en Río Negro y con pedido de extradición a los Estados Unidos.

Uno de los testimonios más relevantes del caso fue el del piloto Axel Vugdelija, quien declaró ante la Justicia que era convocado para los traslados por una secretaria del entorno del economista liberal y que Machado era su jefe directo. “Me pasaban el itinerario y el listado de pasajeros”, detalló el testigo, confirmando así la existencia de una estructura coordinada de vuelos privados durante la campaña electoral.

La denuncia de Grabois y el avance de San Isidro

El expediente que instruye el juez Lino Mirabelli se originó en una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien acusa a Espert de haber recibido 200.000 dólares provenientes de una red delictiva liderada por Machado. La transferencia, realizada en enero de 2020, habría tenido como referencia la matrícula de uno de los aviones utilizados por el entonces candidato presidencial.

Días atrás, el fiscal Fernando Domínguez imputó formalmente al diputado por lavado de activos, mientras el juez Mirabelli pidió información a Comodoro Py para evaluar una eventual acumulación de causas. Hasta el momento, sin embargo, ambas investigaciones avanzan en paralelo, una situación que la defensa de Espert considera irregular.

En su presentación, los abogados sostienen que los hechos denunciados —los vuelos, los movimientos financieros y las presuntas transferencias de Machado— “ya están incluidos en la causa más antigua” y que, por lo tanto, el expediente debería quedar bajo la órbita de Martínez de Giorgi. La solicitud se formalizó tras conocerse documentos judiciales en Texas que vinculan el pago de los 200.000 dólares con la campaña de Espert y que fueron incorporados recientemente al expediente de San Isidro.

El contrato con Machado y nuevas pruebas

Otro de los elementos incorporados a la causa es un contrato firmado en junio de 2019 entre Espert y Machado por un monto de un millón de dólares, bajo la figura de “consultoría económica y estratégica”. Según el texto, el economista se comprometía a asesorar a una empresa minera del empresario en Guatemala, a cambio de honorarios mensuales de 100.000 dólares durante un año. La documentación fue detectada en un allanamiento a una oficina de Machado en Neuquén y, según fuentes judiciales, podría constituir una vía para justificar transferencias sospechosas durante la campaña presidencial.

Desde el entorno del diputado insisten en que se trata de un contrato legítimo y que los pagos respondían a servicios profesionales, no a aportes de campaña. “Espert nunca recibió dinero ilícito. Su vínculo con Machado fue estrictamente comercial y en el marco de una asesoría formal”, afirmaron sus voceros.

Por ahora, la decisión sobre la competencia está en manos del juez Martínez de Giorgi, quien deberá resolver si reclama el expediente de San Isidro o permite que ambas investigaciones sigan su curso independiente. En cualquier caso, el pedido de la defensa vuelve a colocar a Espert en el centro de una trama judicial que, más allá de su desenlace, amenaza con extender sus efectos al tablero político y electoral del oficialismo libertario.