Un fallo que sacude la política: Cristina Kirchner eximida de pagar $22.300 millones en la Causa Vialidad

• La Cámara en lo Civil y Comercial Federal eximió a Cristina Kirchner de pagar $22.300 millones en la Causa Vialidad.
• El fallo, dividido, sostuvo que sin condena penal firme no corresponde imponer sanciones patrimoniales.
• Desde el kirchnerismo celebraron la decisión y la enmarcaron en el “lawfare”.
• La oposición la cuestionó como un mensaje de impunidad y pidió reformas judiciales.
• El fallo revitaliza la figura política de la ex presidenta dentro del peronismo.
• Cristina evita un golpe económico, pero su frente judicial sigue abierto con causas pendientes.

La Cámara en lo Civil y Comercial Federal dictó un fallo que vuelve a colocar a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena política y judicial. En una decisión dividida, la Sala II resolvió eximir a la ex presidenta del pago de $22.300 millones reclamados en el marco de una demanda civil vinculada a la Causa Vialidad. Según la mayoría de los magistrados, sin una condena penal firme no corresponde imponer semejante sanción patrimonial. La medida fue confirmada por fuentes judiciales y, como era de esperar, generó reacciones opuestas entre el kirchnerismo y la oposición.

El fallo se conoció tras los planteos de la defensa de la ex mandataria, que había cuestionado el reclamo económico por considerarlo carente de fundamentos legales. Los jueces que integraron la mayoría coincidieron en que las demandas civiles contra exfuncionarios deben tener un respaldo jurídico sólido y no pueden prosperar mientras las causas penales sigan abiertas y sin sentencia definitiva. En cambio, el voto en disidencia sostuvo que existían elementos suficientes para avanzar en el reclamo patrimonial, aunque esa postura quedó en minoría.

La resolución vuelve a instalar el debate sobre los límites de la responsabilidad civil de los exmandatarios. Juristas especializados consultados por este medio remarcaron que este tipo de acciones suelen ser muy difíciles de sostener sin un fallo penal definitivo, ya que la figura de responsabilidad patrimonial busca reparar daños concretos y no puede utilizarse como un mecanismo para adelantar condenas.

Repercusiones inmediatas

En el plano político, la decisión encendió la polarización. Desde La Cámpora y el kirchnerismo duro celebraron el fallo y lo leyeron como una confirmación de sus denuncias de lawfare, la supuesta utilización del aparato judicial como herramienta de persecución política. “Otra vez la Justicia pone las cosas en su lugar después de años de hostigamiento”, expresó un dirigente cercano a la ex vicepresidenta.

En la vereda opuesta, referentes opositores interpretaron el fallo como un mensaje de impunidad. Legisladores de Juntos por el Cambio y de espacios provinciales remarcaron que la resolución envía una señal negativa a la sociedad y reclamaron reformas estructurales para reforzar la independencia judicial. “La corrupción no puede quedar sin consecuencias. Estos fallos minan la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, sostuvo un diputado opositor.

El fallo, además, se produce en un contexto de fuerte tensión política. El gobierno de Javier Milei impulsa cambios en la Justicia y el oficialismo necesita sostener una narrativa de transparencia y orden institucional. La decisión de la Cámara, en ese marco, agrega un nuevo elemento a la puja por el control y la legitimidad del Poder Judicial.

Un alivio parcial

Si bien la resolución evita que Cristina Kirchner deba afrontar el millonario reclamo económico, su frente judicial sigue lejos de estar despejado. La Causa Vialidad continúa en curso y aún restan definiciones claves en el fuero penal. A esto se suman otras investigaciones abiertas que mantienen a la ex presidenta en el radar de la Justicia.

Analistas políticos sostienen que el fallo puede tener un doble efecto: por un lado, revitalizar a Cristina Kirchner dentro del peronismo, donde su liderazgo parecía debilitado en los últimos meses; por otro, reavivar la grieta y alimentar la narrativa opositora de que existe un sistema judicial permeable a las presiones políticas.

El debate trasciende el caso puntual y vuelve a plantear interrogantes de fondo: ¿hasta dónde llega la responsabilidad civil de los expresidentes? ¿Es correcto aplicar sanciones económicas antes de que haya una condena penal firme? La Cámara respondió con un “no” a esos interrogantes, pero la discusión seguirá presente en la arena pública.

Perspectivas

En los próximos meses, la tensión entre política y Justicia se intensificará. El kirchnerismo buscará capitalizar este fallo como un triunfo frente a lo que considera persecución. La oposición, en cambio, insistirá en que el fallo daña la credibilidad institucional. Mientras tanto, Cristina Kirchner suma un alivio económico, pero continúa enfrentando un horizonte judicial plagado de causas abiertas.

La resolución de la Sala II no cierra el capítulo. Apenas lo abre. Y confirma que la relación entre tribunales y política seguirá siendo uno de los ejes centrales de la vida pública argentina.