Veto a la Ley de Emergencia: La Alarma por la Situación de las Personas con Discapacidad

• El diputado Daniel Arroyo alertó sobre el colapso del sistema de atención a personas con discapacidad tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia.
• Arroyo cuestionó el veto, destacando que la ley no tiene impacto fiscal y fue aprobada por el Congreso de forma unánime.
• La ley busca ordenar el sistema de atención, actualizar aranceles y garantizar cobertura real, especialmente en servicios de transporte.
• Criticó las irregularidades y la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), señalando la disparidad entre los pedidos de aumento y las coimas.
• Denunció que la auditoría en la ANDIS se utilizó como excusa para recortar pensiones a personas con discapacidad de manera arbitraria.
• Arroyo pidió al Senado rechazar el veto y urgió a la Justicia a avanzar en la investigación de corrupción.

El diputado nacional Daniel Arroyo encendió nuevamente las alarmas sobre la grave situación que atraviesan miles de familias vinculadas a la atención de personas con discapacidad, luego del veto presidencial a la Ley de Emergencia, que había sido aprobada por una amplia mayoría en el Congreso. En una reciente entrevista con Splendid AM 990, Arroyo subrayó el colapso total del sistema de atención y señaló la dramática situación que enfrentan las familias y centros de día.

El colapso del sistema de atención

Arroyo fue claro al calificar al sistema como "totalmente colapsado". Según el legislador, miles de personas con discapacidad no tienen acceso a tratamientos, medicamentos, terapias ni traslados. Los hogares y centros de día, en su desesperación, se han visto obligados a financiarse con rifas y ferias americanas, ya que no saben más qué hacer para sostener la atención. "La situación es dramática", expresó el diputado, quien instó al Gobierno a tomar medidas urgentes.

Críticas al veto presidencial

El veto presidencial a la Ley de Emergencia fue un tema central en la crítica de Arroyo. El legislador calificó la decisión del Ejecutivo como incomprensible. "No entiendo por qué la vetaron. No tiene impacto fiscal. Fue votada ampliamente en Diputados y en el Senado. Solo falta que la Cámara alta rechace el veto", manifestó Arroyo, quien insistió en que poner en marcha la ley no es opcional, sino una "obligación legal".

Según el diputado, la normativa tiene una enorme importancia porque “ordena el sistema”, al actualizar los aranceles y garantizar una cobertura real. Como ejemplo, mencionó la situación de los transportistas, quienes cobran 541 pesos el litro de nafta cuando en realidad el costo es de 1.500. Esta disparidad, según Arroyo, provoca que los transportistas no puedan llevar a las personas con discapacidad a sus tratamientos con la frecuencia que necesitan, ya que no pueden costear los traslados. "Es insostenible", señaló.

Irregularidades en la ANDIS

Además del veto, Arroyo apuntó contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las irregularidades y escándalos de corrupción que han salido a la luz. El legislador hizo referencia a los audios filtrados, que involucran a exfuncionarios y empresarios vinculados con la agencia, en los que se mencionan cifras millonarias de coimas. Arroyo contrastó estas cifras con las demandas de los acompañantes terapéuticos, quienes pedían aumentos modestos en sus tarifas. "El contraste es brutal", afirmó el diputado.

Asimismo, Arroyo destacó que la auditoría realizada en la ANDIS se utilizó como excusa para recortar pensiones. "Lo hicieron mal a propósito", denunció, refiriéndose al caso de una persona ciega de nacimiento que tuvo que presentar todos sus estudios nuevamente, además de señalar que el 40% de los telegramas no llegaron a destino. Según el legislador, esta fue una maniobra para recortar pensiones de manera indiscriminada.

Los próximos pasos: Rechazo al veto y una investigación judicial

De cara a los próximos días, Arroyo planteó dos acciones urgentes. La primera, que el Senado rechace el veto presidencial. La segunda, que la Justicia avance en la investigación de las denuncias de corrupción en la ANDIS. "No hay margen político ni legal para seguir dilatando esto", subrayó.

En sus declaraciones finales, el diputado dejó un mensaje contundente: "El Estado se ha corrido de donde no puede correrse: la atención a las personas con discapacidad. Es hora de terminar con la improvisación y poner en marcha la ley".