Pymes en alerta: las Sociedades de Garantía Recíproca, en riesgo por veto presidencial

• Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) cumplen 30 años y son clave para que las pymes accedan a crédito más barato y a mejores condiciones.
• Actualmente respaldan el 35% del stock de préstamos pyme, cubriendo unas 43.000 empresas que generan 500.000 empleos y más de $3 billones en créditos.
• El veto presidencial a la exención fiscal de las SGR pone en riesgo la continuidad del sistema, cuyo costo fiscal es mínimo frente a su impacto positivo.
• La iniciativa cuenta con amplio respaldo de cámaras empresarias, bancos, bolsas de comercio y fintech, que alertan sobre la posible desaparición del mecanismo.
• Sin la exención, las tasas de crédito para pymes se duplicarían, afectando inversión, empleo y recaudación, y no existe un plan B para sostener el sistema.
• El Congreso definirá este miércoles si mantiene el incentivo fiscal, decisión que marcará un antes y un después en el financiamiento productivo argentino.

La economía pyme de la Argentina se encuentra en vilo a tan solo días de una sesión clave en la Cámara de Diputados. Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), creadas hace 30 años por la Ley 24.467, podrían ver amenazada su continuidad si se confirma el veto presidencial a la exención fiscal que las sostiene. Este instrumento se convirtió en un pilar para que las pequeñas y medianas empresas accedan a financiamiento, tanto bancario como en el mercado de capitales, y actualmente respalda el 35% del stock de préstamos pyme del país.

El impacto de la desaparición del beneficio fiscal sería inmediato y profundo: unas 43.000 pymes, que representan el 40% del universo pyme y generan alrededor de 500.000 empleos, quedarían sin avales. Además, más de $3 billones en créditos podrían desaparecer, afectando la inversión, el empleo y la recaudación fiscal. El costo del incentivo, de apenas u$s136 millones anuales –0,027% del PBI– es mínimo frente al derrame positivo que produce: acceso a financiamiento hasta 25% más barato y mayor creación de empleo entre las firmas beneficiadas.

Actualmente operan 46 SGR en todo el país, captando fondos de inversores “protectores” que canalizan hacia avales para pymes. El respaldo al sistema es transversal: desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hasta más de 24 organizaciones que agrupan 3.700 cámaras y 650.000 pymes. Se suman bancos, bolsas de comercio, mercados, fintech y entidades regionales que alertan sobre el efecto devastador de la eliminación de la exención fiscal.

Los números dan dimensión del sistema: en mayo, se otorgaron avales equivalentes a u$s2.500 millones, principalmente para micro y pequeñas empresas. El reparto sectorial es diverso: comercio 31%, servicios 25%, industria 21%, agro 18% y construcción 4%. Rafael Galante, presidente de CRECER SGR, advierte que “si eliminan la exención, el sistema desaparece”.

En diálogo con Ámbito, Galante señaló que las SGR transforman “un no sujeto de crédito en sujeto de crédito” y destacó que la exención no implica privilegio, sino un incentivo para que los socios protectores arriesguen capital. “Pagamos todos los impuestos: Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y cargas sociales. Lo único que existe es la posibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias el aporte al fondo de riesgo, que genera los avales”, explicó.

El escenario que se abre si se mantiene el veto es alarmante: sin incentivo fiscal, los socios protectores se retirarían y con ellos se perdería el financiamiento a las pymes. Actualmente, un tercio del crédito pyme está avalado por SGR. Sin aval, las tasas se duplican o incluso superan el 60%, haciendo inviables los préstamos de largo plazo y generando menor inversión y empleo.

Galante señaló que no existe un plan B: “Si se elimina la exención, las 46 SGR deberían cerrar, con pérdida de 2.000 empleos directos y más de $3 billones en financiamiento productivo. El impacto se sentiría de inmediato en la economía real, afectando también la recaudación”.

El modelo argentino de SGR se inspira en la posguerra europea, especialmente en España, donde este tipo de sociedades pueden apalancarse hasta ocho veces el fondo de riesgo. En el país, con fondos por $900.000 millones, se avalan créditos por casi $3 billones. Los socios protectores incluyen grandes empresas, bancos, sociedades de bolsa, multinacionales y personas físicas. Todo el capital se invierte en instrumentos locales, fortaleciendo el mercado interno.

“La única manera de mejorar jubilaciones y pensiones es creando más trabajo, y para eso necesitamos pymes que crezcan y arriesguen capital. Toda gran empresa alguna vez fue una pyme chiquita. Y esas son justamente las que nosotros ayudamos a financiar”, concluyó Galante.

Este miércoles, la Cámara de Diputados definirá si el sistema que sostiene a miles de pymes sigue vigente o se extingue, en una votación que marcará un antes y un después en la política de financiamiento productivo del país.