Patricia Bullrich acusa a Axel Kicillof de espionaje ilegal en causa contra policías bonaerenses

• La causa contra 25 policías bonaerenses despedidos por supuesta campaña política a favor de Bondarenko ahora involucra una investigación por posible espionaje ilegal por parte del gobierno provincial de Axel Kicillof.
• La denuncia original se basó en una denuncia anónima que acusaba a los policías de desestabilización política, pero la fiscalía detectó que la información usada fue obtenida ilegalmente, vulnerando bases de datos oficiales sin orden judicial.
• Se investigan accesos no autorizados a datos patrimoniales, judiciales, mapas satelitales y difusión de conversaciones telefónicas de policías durante casi una década.
• El comisario Ortiz Valenzuela, uno de los acusados, niega haber participado en actos políticos señalados en la denuncia.
• La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, criticó duramente a Kicillof, denunciando persecución política y abuso de poder.
• La fiscalía busca determinar si hubo violaciones legales y constitucionales en la recopilación y uso de datos contra los policías.
• El caso genera una polémica importante sobre la relación entre política y seguridad en Buenos Aires, con posibles implicancias para el gobierno provincial y la gestión de Kicillof.

La causa judicial que inicialmente involucraba a 25 policías bonaerenses despedidos por supuesta campaña política a favor del candidato libertario Maximiliano Bondarenko dio un giro inesperado y compromete ahora al propio gobernador Axel Kicillof. La Justicia investiga un posible espionaje ilegal por parte del gobierno provincial contra esos efectivos, lo que generó una fuerte reacción de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que apuntó duramente contra el mandatario provincial.

El conflicto comenzó cuando el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Javier Alonso, decidió apartar a 25 policías que, según un sumario disciplinario, habrían participado en un plan de desestabilización institucional en alianza con Bondarenko. La acusación contra los agentes fue impulsada con base en una denuncia anónima que señalaba actividades de campaña política por parte de los policías dentro de la fuerza.

Sin embargo, el caso dio un vuelco cuando la fiscalía de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, detectó irregularidades en el origen del expediente. La investigación reveló que la denuncia anónima contenía información altamente reservada sobre el comisario mayor Manuel Ignacio Ortiz Valenzuela y otros policías, incluyendo datos patrimoniales, judiciales y personales obtenidos de fuentes oficiales sin autorización legal.

Entre las bases de datos vulneradas figuran registros de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), accesos a la Mesa de Entrada Virtual de los Tribunales Civiles y Comerciales, y hasta mapas satelitales de Google Earth. También se está investigando la supuesta difusión de conversaciones telefónicas de los policías involucrados. Estas acciones habrían ocurrido sin orden judicial y durante casi una década, según la hipótesis que maneja la fiscalía.

Ante este nuevo escenario, el propio Ortiz Valenzuela declaró que la denuncia anónima incluso aludía a su presencia en un acto de campaña del exministro Sergio Massa en 2015, un hecho que el comisario niega categóricamente.

Las críticas de Patricia Bullrich y el impacto político

En medio de esta polémica, la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich lanzó duras críticas hacia Axel Kicillof y su administración. A través de sus redes sociales, la ex candidata presidencial por el PRO expresó: “De cazador a cazado. Kicillof es inútil hasta para las causas que inventa. Le armó una denuncia trucha a Maxi Bondarenko y echó a 25 policías, en una provincia donde la seguridad no sobra”.

Bullrich añadió: “Pero el show se le dio vuelta: ahora el fiscal lo investiga por espiar ilegalmente a policías bonaerenses durante más de 10 años. Persecución, abuso de poder y espionaje ilegal”, acompañando su mensaje con una captura de pantalla de una noticia que informa sobre la investigación en curso.

La dirigente opositora cuestionó la actuación del gobernador, quien había impulsado el despido de los policías acusados de hacer campaña política, en un momento donde la inseguridad es un tema sensible para la ciudadanía bonaerense. La ministra aprovechó la situación para denunciar un presunto abuso de poder y persecución política por parte del oficialismo provincial.

¿Qué está investigando la Justicia?

El fiscal Álvaro Garganta y su equipo analizan ahora la posible manipulación ilegal de datos y espionaje prolongado contra miembros de la fuerza de seguridad provincial. La pesquisa se centra en determinar si se violaron normas y garantías constitucionales al recopilar y utilizar información privada y confidencial sin orden judicial durante años.

Esta investigación no solo pone en jaque la legitimidad del proceso contra los policías desplazados sino que también podría tener implicancias graves para el gobierno de Axel Kicillof, que hasta ahora había mantenido una posición firme en la causa contra los agentes.

Un caso que sigue generando polémica

La causa refleja la compleja relación entre la política y las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, un territorio donde la inseguridad y la gestión policial son temas recurrentes y sensibles. El posible espionaje ilegal, de confirmarse, abriría un capítulo de abuso de poder que pondría bajo la lupa la administración de Kicillof y su Ministerio de Seguridad.

Mientras la Justicia continúa con la investigación, el caso genera repercusiones políticas que seguramente influirán en el debate público en los próximos meses, especialmente de cara a las elecciones y al escenario de seguridad que enfrenta la provincia más poblada del país.