Luis Juez le pidió a Llaryora que haga obras pero sin robar

Por Juan Palos

El reciente intercambio entre el senador Luis Juez y el gobernador Martín Llaryora pone de manifiesto una de las tensiones más críticas en la política cordobesa: el manejo de los fondos públicos y la transparencia en la obra pública. La respuesta de Juez, cargada de acusaciones sobre corrupción y falta de control en la ejecución de obras, no solo es válida, sino que resalta un problema estructural en la administración de recursos que merece un análisis profundo.
Juez inicia su argumentación con una afirmación que cualquier ciudadano en su sano juicio apoyaría: todos queremos obras que beneficien a la comunidad, como escuelas, hospitales o infraestructuras adecuadas. Sin embargo, el núcleo de su crítica se encuentra en la forma en que se gestionan estas obras en Córdoba. Su denuncia de que más del 80% de las obras se realizan sin la supervisión del Tribunal de Cuentas debería alarmarnos a todos. Si el  DIO control esencial está ausente, ¿cómo podemos confiar en que se utilizan adecuadamente los fondos públicos? Acusar al gobierno de convertir la obra pública en “un negocio entre amigos” no es una simple crítica política; es una llamada a la responsabilidad. 
Es lógico que la oposición exija claridad y transparencia en los procesos de licitación. Cuando Juez pregunta retóricamente si ser crítico de la gestión significa ser un "enemigo de Córdoba", da en el clavo: oponerse a la corrupción y exigir que se rindan cuentas no solo es un derecho, es una obligación cívica. Este tipo de cuestionamientos son la base de una democracia saludable y activa.
Los ejemplos que presenta Juez son reveladores de un descontento generalizado entre los ciudadanos. La desconexión entre las realidades que enfrentan los cordobeses y las políticas que defienden los gobernantes es palpable. Cerramos escuelas mientras se invierten recursos en proyectos cuestionables; inauguramos obras insignificantes mientras se ignoran necesidades apremiantes. Esto no solo genera frustración, sino que alimenta la desconfianza en las instituciones.
La respuesta del gobernador Llaryora, defendiendo la gestión bajo un modelo de inversión y crecimiento, es un intento legítimo de contrarrestar esas críticas, pero es fundamental cuestionar dicha defensa. ¿Es posible llevar a cabo una gestión eficiente de obras sin una supervisión adecuada? La respuesta debería ser unánime: no.
En conclusión, el llamado de Juez a realizar “obra pública sin robar” es, en último término, un grito de alerta para todos los ciudadanos de Córdoba. La política debe estar al servicio del interés común, no de intereses personales o corporativos. La obra pública debe llevarse a cabo con ética, transparencia y, sobre todo, bajo control. No se trata solo de construir infraestructuras, sino de construir confianza. Exigir esto no es un acto de oposición, sino un deber cívico que deberíamos abrazar todos.