





Un incendio de proporciones destruyó, este Viernes Santo, el segundo piso de la sede central de Apross, la obra social de la Provincia de Córdoba, y afectó parte del tercero y del cuarto. En este último espacio tienen sus oficinas los miembros del Directorio.
El área inutilizada en su totalidad es donde funcionan Medicamentos y Auditorias Médicas. En el tercer piso está la Unidad Fraudes, Legales y Sistemas informáticos, que resultó fuertemente dañada. Estas son las evaluaciones provisorias. El fuego se desató después del mediodía en un día inhábil, sin presencia de trabajadores ni de afiliados. Defensa Civil tuvo que evacuar a vecinos que residen en edificios aledaños, en la zona de la Cañada.
El fiscal Ernesto de Aragón está a cargo de los primeros pasos de la pesquisa para averiguar cómo comenzaron a producirse las llamaradas que generaron una columna de humo negro, divisable desde varios puntos de la ciudad. Desde la fiscalía sostuvieron que se han quemado totalmente el segundo piso y se produjeron daños parciales en el tercero. Consultado por este medio, De Aragón precisó que no se puede adelantar ninguna hipótesis ya que no recibió el informe de Bomberos.
"El lugar ha quedado clausurado en su totalidad por el momento porque las condiciones no permitían a los especialistas trabajar y mañana vamos a continuar con las tareas de relevamiento", añadió el fiscal.
Perfil Córdoba confirmó con una fuente allegada a la obra social que no se descarta la vinculación entre el siniestro y el avance que registra la megacausa por fraudes al Apross para despojarla de medicamentos de alto costo que luego son introducidos al mercado ilegal.
Hay 40 líneas de investigación que conduce el fiscal del Distrito I Turno 6, José Bringas. El secretario Pablo de Francesca es el instructor de las pesquisas. Trabaja junto a un equipo de abogadas de la Unidad Fraudes de Apross, lo que da la idea de la magnitud del fenómeno.
Tan sólo en los últimos dos expedientes hay 37 personas detenidas.Los imputados se suman de a centenares.
Un mercado ilegal donde se proveen efectores y prestadores de salud
¿Quiénes compran los medicamentos que se sustraen con recetas falsas o identidades “robadas” de afiliados al Apross, la obra social provincial? ¿Por qué existe un mercado negro de remedios de alto costo?
Son las preguntas que realizó Perfil Córdoba a uno de los funcionarios judiciales que integra el equipo de investigadores.
No dudó en afirmar la existencia de un “mercado ilegal” de remedios de alto costo y de señalar que sospechan con fuerza que quienes compran ahí “son proveedores y efectores del propio sistema sanitario”. El precio y la dificultad de conseguir marcas son los estímulos.
El problema es que no sólo constituyen fraudes a las obras sociales provinciales y al Pami -que también padece el mismo fenómeno- sino que generan un riesgo sanitario muy alto. Son medicamentos que pierden trazabilidad, no hay garantías de que conserven la cadena de frío o las condiciones de almacenamiento hasta su administración a los pacientes.
Hay indicios de ese mercado negro, pero también existen dificultades para identificar a sus partícipes. La comercialización marginal se produce en efectivo, sin dejar rastros en los sistemas bancarios.
No obstante, hay algunas certezas.
Es un fenómeno interprovincial. La Justicia de Córdoba avanzará hasta detectar a la cadena de intermediarios y cuando ello ocurra seguramente esos expedientes pasarán a los tribunales federales.
Otra sospecha muy firme es que quienes compran no son particulares aislados, sino los mismos proveedores o efectores del sistema sanitario. Y ahí sí se plantea una hipótesis muy grave. Es gente que presta servicios de salud y, al mismo tiempo, está poniendo en riesgo a sus pacientes. “Esto es un negocio” definió sin medias tintas una de las fuentes consultadas por este medio.
La crisis del sistema sanitario, integrado por obras sociales y empresas de medicina prepaga, son caldo de cultivo para el mercado ilegal. “Instituciones con menor capacidad de respuesta acuden a esos proveedores”, admitió la fuente.
Los remedios más requeridos en el mercado ilegal son los oncológicos, insulina y factores, es decir derivados de la sangre. Los importados, producidos por laboratorios en otros países, tienen muy alto costo. Precisamente son los que se extraen ilegalmente al Apross y otras obras sociales estatales para venderlos al margen de todo control.
Este es el rumbo que intenta tomar la megainvestigación del fiscal Bringas, sin descartar participación interna.
Por eso resultará trascendente dilucidar cómo comenzó el fuego y si se trató de un hecho intencional.
En cuanto a la investigación de fraudes, un funcionario aseguró esta tarde: "Vamos a seguir trabajando con la misma fuerza y firmeza".
Con información de Perfil


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