Un abogado de la AFIP apuntó contra Lázaro Báez y complicó a Cristina en la Ruta del Dinero K

La AFIP que dirige Mercedes Marcó del Pont acusó la semana pasada a Lázaro Báez en el juicio de la Ruta del Dinero K. En los alegatos que el organismo recaudador concluirá este jueves, donde anticipó que pedirá la condena del empresario, los abogados sostuvieron que el dueño del Grupo Austral lavó dinero y que esos fondos “provienen de los contratos de obra pública que se le otorgaron durante el período 2003 - 2015”. Ese caso, considerado por el organismo del Gobierno como el delito precedente, es la principal acusación contra la ex presidenta Cristina Kirchner en el juicio por corrupción que inició en mayo de 2019, donde justamente se la procesó por favorecer a Báez con obra pública vial.

Dos sucesos con pocos días vincularon a Cristina y a la AFIP. El primero fue a comienzos de la semana pasada, cuando la vicepresidenta denunció una persecución de la anterior gestión en materia fiscal: el 17 de diciembre de 2019, cuando el Frente de Todos recién estaba aterrizando en la Casa Rosada, el organismo recaudador intimó a la vicepresidenta a pagar $ 8 millones vinculados al Impuesto a las Ganancias de los períodos 2011, 2012 y 2016.

La presentación negando la deuda devino en una denuncia judicial y en una presentación ante la AFIP de su propio gobierno, reclamando que no se aplique la multa millonaria.

Días después, a través de un abogado de planta, el organismo recaudador se sentó en el juicio contra Lázaro Báez -ex socio comercial de Cristina Kirchner- con la posibilidad de no formular su acusación en esta etapa de alegatos. La AFIP, sin embargo, avanzó bajo los mismo lineamientos que sostuvo durante la gestión anterior, ya que se mantuvieron los letrados que están desde el inicio de las audiencias.

El abogado Luis González Ávalos habló ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que juzga desde octubre de 2018 a Báez por haber presuntamente lavado U$S 60 millones con su firma insignia, Austral Construcciones. "Se ha corroborado que entre 2010 y 2013 se ha pergeñado un enorme derrotero criminal, un plan común tendiente a blanquear sumas millonarias de dinero que por supuesto, a estas alturas no hay dudas de que tienen origen delictivo", sostuvo la querella.

La argumentación siguiente se centró en otro caso: el primer juicio por corrupción contra la vicepresidenta. "Ha quedado sobradamente probado que la fortuna de Lázaro Báez y su grupo tiene sus inicios en la matriz de corrupción institucional que ha ocurrido entre los 2003 y 2015", se indicó en el alegato contra Báez y otros 25 acusados. 

Ese período en el que se circunscribió lo que la misma AFIP denominó como una "maniobra criminal" tiene una explicación de fondo, se remite específicamente al caso por el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez. Toda operación de lavado de dinero requiere de un delito precedente.

Para la querella los U$S 60 millones que el empresario K aplicó a maniobras de blanqueo, provenía "de los contratos de obra pública que se le otorgaron durante el período 2003 - 2015", en referencia al juicio contra Cristina Kirchner, procesada como jefa de una asociación ilícita que defraudó en $ 26.000 millones al Estado, al beneficiar al Grupo Austral. La AFIP fue más allá: "Báez fue beneficiado a través de procesos licitatorios espurios con más del 80% de la obra pública que se adjudicó por esos tiempos en la provincia de Santa Cruz: 51 contratos de obra pública que implicaron montos superiores a los $ 9 mil millones".

La vinculación de la Ruta del Dinero K con la presunta corrupción en la obra pública se produjo durante la instrucción, y por orden de la Cámara federal porteña. Esa relación, como delito precedente, es la que desestimó en diversas oportunidades Cristina Kirchner incluso cuando declaró el 8 de diciembre, rechazando esa tesis, pero que este jueves fue sostenida por la AFIP.

“Este punto es relevante porque se fortalece la acusación de la fiscalía siendo una querella la que remarca que el dinero que se habría lavado proviene de los contratos de obra pública”, señaló una fuente judicial a Clarín. Fuentes del caso también remarcaron que no sólo el fisco hizo énfasis respecto a los sobreprecios de los contratos viales, sino también a la evasión tributaria. Ratificar este aspecto, en caso que haya una condena en la Ruta del dinero K, podría complicar en el otro juicio a Cristina Kirchner.

Lázaro Báez según la Justicia, recibió contratos con sobreprecios promedio del 65% en obras que no fueron concluidos en un 50%. Una pericia sobre cinco casos testigos que ordenó el TOF 2 que juzga en ese caso a Cristina Kirchner y a otros 15 imputados, arrojó por parte de los peritos oficiales sobrecostos -en ese universos de licitaciones-, de U$S 176 a U$S 200 millones. Este concepto fue retomado por el fisco al acusar al empresario K de lavar dinero.

Es que aquellos contratos, sostiene el dictamen acusador, permitieron que el patrimonio de Lázaro Báez se incremente un 1.200%. La Justicia determinó que su patrimonio conformado de 1.400 propiedades, asciende a U$S 205 millones, mientras su único cliente era el Estado. "Lázaro Báez era un simple empleado bancario, un monotributista, y de golpe, de la noche a la mañana, se transformó en un gran empresario", dijo la AFIP.

Al fortalecer este planteo, el organismo que dirige Marcó del Pont se refirió al vínculo de Báez con los Kirchner: "Su designación no fue azarosa, no fue fruto del Espíritu Santo. Todos sabemos que la designación (de Báez) tuvo que ver con aquella relación de amistad que tenía con Néstor Kirchner". La ex Presidenta remarcó que no fue ni es amiga del empresario K, sin embargo dijo que no avalará “que se lo persiga por ser amigo”.

Los alegatos de la AFIP concluirán este jueves y se anticipó que pedirá la condena de los imputados. El próximo turno será de otros dos organismos del Gobierno: UIF y la OA y la expectativa está colocada en si formularán acusación o no. Después será el turno del fiscal del juicio, Abel Córdoba.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Lucía Salinas